Desde que Maribel Solache comenzó a enseñar su propia versión de clases de manejo en español hace dos años —que se imparten en todo el Condado de San Diego— éstas han estado llenas. Ella calcula que ha ayudado a cerca de 3000 estudiantes a obtener sus licencias. Pero últimamente, la aprehensión ha sofocado el entusiasmo.”Más personas vienen con miedo. Dicen ‘¿qué va a pasar con mi información?’”, dijo. “Yo les digo que tienen que obtener sus licencias de conducir antes del 20 de enero. Antes de Donald Trump”.

Sus alumnos son inmigrantes indocumentados. Lo mismo que Solache, quien presentó su prueba de licencia en enero de 2015, el mismo día que el estado de California comenzó a ofrecer a los inmigrantes que están aquí sin autorización la oportunidad de convertirse en conductores legales. Desde entonces, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, siglas en inglés) del estado informa que ha emitido más de 792 000 licencias a los conductores indocumentados.

Ahora, sin embargo, California está preparándose para la posibilidad de que la administración del presidente electo Donald Trump, que hizo campaña con la promesa de deportar a al menos 2 millones de personas pudiera exigir el acceso a diversas bases de datos estatales que revelarían los nombres y ubicaciones de los inmigrantes sin papeles, como la que mantiene el DMV.

Pero en un estado en que los demócratas tienen la gobernatura y la mayoría en ambas cámaras legislativas, los representantes dicen que si el gobierno de Trump llega y pide este tipo de datos del estado, su respuesta será un vociferante “no”. Eso podría dar comienzo a una prolongada batalla federación contra estado en la que la gente en ambos lados predice que prevalecería su argumento legal.

“Estamos consultando con nuestros abogados para asegurarnos de que esos datos no sean accesibles para las autoridades federales en cualquier proceso de deportación”, dijo el presidente del Senado Pro Tem Kevin de León (demócrata de Los Ángeles).

Cuando la nueva Legislatura prestó juramento el lunes, el presidente de la Asamblea Anthony Rendon (demócrata de Paramount), fue aún más contundente acerca de la resistencia anti-Trump. California tiene una mayor población de inmigrantes indocumentados que cualquier otro estado, dijo, “y si quiere llegar a ellos, tiene que hacerlo a través de nosotros”.

Y el gobernador Jerry Brown parece enfatizar la determinación de California al seleccionar al representante demócrata de Los Ángeles Xavier Becerra en el fundamental papel de fiscal general del estado. El mismo Becerra, hijo de inmigrantes, tuiteó recientemente un llamado a los soñadores, los inmigrantes indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños y que han creado un movimiento en torno a los esfuerzos para asistir a la universidad y conseguir trabajo legalmente: “#DREAMers son algunas de las personas más valientes que he conocido. Estamos con ustedes y estamos listos para luchar por ustedes”.

El gobernador Jerry Brown con su elección para el fiscal general del estado, Xavier Becerra. Foto por Steve Yeater para CALmatters.

Trump, sin embargo, se ha comprometido a aplicar con más rigor las leyes de inmigración, cancelar el programa federal que otorga exenciones de deportación a algunos jóvenes que están en el país sin permiso, y cortar la financiación para las ciudades que se consideran “santuarios” para los indocumentados si no cooperan con las agencias de la ley de inmigración federal.

“En un gobierno Trump se harán cumplir todas las leyes de inmigración”, dijo Trump durante un discurso de agosto en Phoenix. “Al igual que con cualquier actividad de aplicación de la ley, vamos a establecer prioridades. Pero a diferencia de esta administración, nadie será inmune ni estará exento de la aplicación (de la ley)… cualquier persona que ha entrado ilegalmente en los Estados Unidos está sujeta a deportación. Eso es lo que significa tener leyes y tener un país”.

La selección de Trump para fiscal general de Estados Unidos, el senador republicano Jeff Sessions, de Alabama, aboga por limitar la inmigración incluso legal. En octubre  Sessions se refirió al enfoque de la administración Obama como “la política de fronteras abiertas ha hecho a nuestro país menos seguro de lo que era hace ocho años, ha eliminado cualquier apariencia de credibilidad en nuestro sistema de inmigración, y ha creado una carga financiera cada vez mayor sobre los contribuyentes de Estados Unidos. El país no puede sostener este curso”.

California ha ido más lejos que la mayoría de los estados para ayudar a los inmigrantes indocumentados. Además de licencias, también permite que los niños indocumentados obtengan salud subsidiada a través de Medi-Cal, que universitarios indocumentados soliciten becas financiadas por el estado y que califiquen para pagar las tasas de matrícula estatal y permite que los padres indocumentados soliciten ayuda del condado como servicios de beneficencia (welfare) para sus hijos que califican porque son ciudadanos.

Los esfuerzos por proteger los datos no significan que el estado nunca cooperaría. Varias agencias ya trabajan con las autoridades de inmigración cuando hay una investigación activa en un delito. Y las prisiones y cárceles estatales a su vez entregan a los inmigrantes indocumentados que han cumplido su condena para que puedan ser deportados como exige la ley.

Este debate se basa en información que el estado tiene de cientos de miles de inmigrantes que están en el país ilegalmente, que no han sido condenados por ningún delito, y que no son los sujetos de investigaciones activas de aplicación de la ley.

Es poco probable que la nueva administración se dirija a esas bases de datos, dijo Joe Guzzardi de Californians for Population Stabilization (Californianos por la Estabilización de la Población), una organización que atribuye a la inmigración el crecimiento “insostenible” del estado.

“Es lógico que la nueva administración va a centrarse en cuáles son los principales problemas”, dijo Guzzardi. “Los principales problemas son delincuentes extranjeros a quienes Obama ha permitido permanecer en los Estados Unidos y en algunas ciudades, las ciudades Santuario, (han sido) liberados. La segunda prioridad es la imposición significativa: un muro (fronterizo) o una cerca o una combinación”.

Al inicio de su campaña, Trump dijo que los 11 millones de inmigrantes indocumentados deberían ser deportados. Más tarde redujo su foco a 2 a 3 millones, que dice que son “criminales”.

Después de ganar las elecciones, dijo durante una entrevista de televisión en el programa 60 Minutes, “lo que vamos a hacer es tomar a las personas que son criminales y tienen antecedentes penales, pandilleros, traficantes de drogas, tenemos una gran cantidad de estas personas, probablemente dos millones, podrían ser incluso tres millones, los vamos a sacar de nuestro país o los vamos a encarcelar”.

Sus números preocupan a los activistas que dicen que él podría estar planeando perseguir a aquellos cuyo delito es estar en el país ilegalmente. De acuerdo con el Instituto de Políticas de Migración, un grupo de investigación independiente con sede en Nueva York, se estima que hay menos de 1 millón de inmigrantes indocumentados “criminales” a nivel nacional.

Juristas de inmigración dicen que no tiene precedentes el que el gobierno federal trate de usar las bases de datos locales o estatales, y que el estado podía negarse legalmente a dispensar dichas solicitudes.

“Hay una larga historia y tradición de no compartir información entre un organismo y otro y entre un organismo estatal y uno federal que se ocupa del estatus migratorio”, dijo Bill Hing, profesor de derecho y director de la Clínica de Inmigración y Deportaciones en la Escuela de Derecho de la Universidad de San Francisco. “No hay nada que obligue a entregar información solo porque el gobierno federal lo pide”. Por el contrario, señala que la 10ma Enmienda de la Constitución especifica que “los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados respectivamente, o al pueblo”.

Kevin Johnson, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Davis, dijo que la creación de ese tipo de proceso —que utiliza información de las agencias estatales, universidades o jurisdicciones locales — sería “un desastre político, jurídico y político […] Usted les va a confirmar a los inmigrantes que no se puede confiar en el gobierno y que no se debe compartir información con el gobierno y que deben mantenerse lo más alejados posible del gobierno”, dijo Johnson.

Pero los defensores de la aplicación más estricta de las leyes de inmigración insisten en que bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que describe las disposiciones para la imposición, el gobierno federal tiene derecho a la información obtenida por cualquier agencia o estado.

“Es una violación directa de la ley federal el que California tenga una política que prohíba a sus funcionarios o agencias compartir información sobre el estado de inmigración con las autoridades de inmigración”, dijo Dave Ray, portavoz de FAIR, la Federation for American Immigration Reform (Federación para la Reforma Migratoria Americana), que aboga por límites estrictos sobre la inmigración y una creciente aplicación de la ley y la deportación.”

Los inmigrantes indocumentados inundan una oficina del DMV de Stanton para obtener licencias de conducir cuando primero se convirtió disponibles en 2014. Foto por Nick Ut, Associated Press.

Con tantas cosas en el aire, la ciudad de Los Ángeles ha dejado de ofrecer garantías. “Estamos en territorio nuevo”, dijo Linda López, quien encabeza la oficina de asuntos de inmigrantes del alcalde de Los Ángeles. “Lo que estamos escuchando y aprendiendo de las agencias federales y de algunos socios es que si bien habrá algunas medidas de seguridad y protecciones… sigue siendo incierto”.

Es por eso que, por ahora, la ciudad está aconsejando a los inmigrantes indocumentados mantenerse a distancia de las nuevas solicitudes de programas. Para los que ya están inscritos en el sistema y están a tiempo de hacer la renovación, los funcionarios recomiendan que renueven tan pronto como sea posible.

Por supuesto, algunos datos ya están en manos del gobierno de Obama, y ​​pronto, en las del gobierno de Trump. El mejor ejemplo es la base de datos de Deferred Action for Childhood Arrivals (Acción Diferida o DACA), una lista de unos 741 546 jóvenes indocumentados —un tercio de ellos, californianos — traídos ilegalmente al país siendo niños. En 2012, el presidente Obama firmó un decreto ejecutivo que concede a los solicitantes calificados la suspensión temporal de la deportación y permisos de trabajo.

Esa base de datos DACA está en manos de la agencia federal de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, que se compromete a mantener la información de los solicitantes a salvo de la aplicación de la ley, aunque eso podría cambiar en el futuro. Este es el programa que el presidente electo Trump se ha comprometido a cancelar al asumir el cargo.

Jefes de estado están instando a Trump a mantener el programa pero realmente no tienen algo que decir sobre lo que ocurre con esa información.

Por ahora, al menos, la base de datos de California tiene más información acerca de los inmigrantes sin papeles que lo que el gobierno federal es capaz de acceder. El ejemplo más grande está dentro de las computadoras del DMV e incluye los nombres y direcciones de las tres cuartas partes de un millón personas a las que se les expidieron licencias de conducir “AB60”.

Los inmigrantes indocumentados inundan una oficina del DMV de Stanton para obtener licencias de conducir cuando primero se convirtió disponibles en 2014. Foto por Nick Ut, Associated Press.

Nombrada por el proyecto de ley que creó el programa, la Licencia de conducir AB60 es casi idéntica a una regular, excepto que dice “aplican límites federales”, en la esquina superior derecha.

El DMV, dijo que no mantiene una base de datos separada de los poseedores de licencias AB60; en cambio, todos los conductores están en una sola lista. La agencia señaló en un comunicado que mantiene toda la información personal confidencial, y que una agencia de aplicación de la ley puede acceder a los datos individuales solo si hay una investigación en curso y proporciona un nombre para una búsqueda. Ninguna agencia puede simplemente leer la base de datos.

“Las bases de datos disponibles para entidades policiacas no indican si una licencia de conducir fue expedida bajo la ley AB60”, dice la declaración de DMV, “ni incluyen cualquiera de los documentos de identificación utilizados para obtener la licencia de conducir, AB 60 o cualquier otra”.

Para Maribel Solache, la maestra de educación del conductor de San Diego, su licencia fue un regalo. Antes de que ella recibiera esa tarjeta de plástico, recuerda la sensación de miedo cada vez que se llevaba a sus hijos a la escuela o a la práctica de futbol. Ella se imaginaba que era detenida y llevada delante de sus hijos, o junto con sus hijos, que también son indocumentados y que eran deportados a México.

El programa de licencias, dijo, cambió su vida: “Puedo conducir sin estrés o pánico”.

Incluso con una administración Trump en el horizonte, ella dijo: “No puedo estar paralizada por el miedo. Estoy segura de que el gobernador Jerry Brown y la Legislatura van a trabajar para mantener esa información privada y para proteger la ley que pasaron”.

Sus estudiantes también están nerviosos al respecto, pero están aún más ansiosos por la posibilidad de ser detenidos por un oficial de policía y no tener una licencia bajo el gobierno de Trump.

La trabajadora del campo Guadalupe Solano, que recoge todo, desde calabaza hasta flores en el área de San Diego, ha sido detenida antes. En dos ocasiones la dejaron ir con una advertencia, pero la tercera vez, su coche fue confiscado.

“Mi mayor temor cuando Trump asuma la presidencia es que tendremos más redadas en la zona y puedo ser detenida y deportada”, dijo Solano, quien hizo una cita para tomar el examen a principios de enero. “Temo que ahora tendrán toda mi información, ellos sabrán cómo es mi cara, van a tener mis huellas digitales, y sabrán dónde vivo. Ellos podrán detenerme cuando quieran si así lo desean”.

Para algunos, la incertidumbre es suficiente para disuadirlos.

En el barrio de MacArthur Park de Los Ángeles, Francisco Caballero vende cubiertas de teléfonos celulares y relojes de hombre, junto con otros vendedores ambulantes inmigrantes. Antes de las elecciones, tenía la intención de solicitar una licencia. Ahora ese plan está en suspenso.

“Todavía estamos muy temerosos”, dijo Caballero, quien llegó por primera vez desde la Ciudad de México en 1970. “(Trump) nos trata como si no valiéramos nada”.

Los sistemas universitarios públicos del estado también tienen información de miles de estudiantes indocumentados: en algunos casos, más allá de lo que el gobierno federal tiene debido a que California ha estado ofreciendo beneficios por mucho más tiempo.

Más de tres cuartas partes de 1 millón de inmigrantes indocumentados ahora tienen California licencias de conducir. Foto por Maria J. Avila para CALmatters.

En 2001 el estado comenzó a permitir que los graduados indocumentados de las escuelas preparatorias (high school) de California, o quienes tienen un certificado de GED y que han asistido al menos tres años de preparatoria en el estado, califiquen para pagar las cuotas de matrícula estatal en las universidades públicas. Anteriormente debían pagar las tasas de estudiantes de fuera del estado que son mucho más altas. Aquellos que se inscribieron en virtud de esa ley se conocieron como estudiantes AB 540, llamados así por el proyecto de ley que creó dicho beneficio.

Más de una década después, en 2012, el estado comenzó a permitir que las universidades públicas de California otorgaran becas privadas y financiamientos no estatales para estudiantes elegibles AB 540. Un año más tarde, el estado promulgó lo que se conoce como el California DREAM Act para permitir que esos mismos alumnos solicitaran ayuda financiera con fondos del estado como los subsidios Cal Grants.

Así es como Alma Leyva, de 27 años, pudo terminar la universidad este año. Leyva comenzó la universidad en 2007, calificando como un estudiante en el estado y pagó la escuela de su bolsillo. En 2013 pudo solicitar subvenciones del estado a través del Cal DREAM Act para continuar sus estudios. Mientras tanto, también solicitó y calificó para el programa federal de Acción Diferida que le permitió dejar de preocuparse por la deportación y le concedió un permiso de trabajo.

Ahora ella está en todas esas bases de datos.

“Creo que es algo por lo que vamos a seguir luchando, para asegurarnos de que esos datos estén protegidos”, dijo Leyva, quien trabaja en el Centro de Recursos Dream en el Centro Laboral de UCLA. “Para nosotros y nuestras familias y otras personas que podrían haber puesto su información en cualquier base de datos”.

Hasta el momento decenas de presidentes de universidades de todo el país han enviado cartas a la administración Trump instándole a mantener el programa de Acción Diferida, que incluye a muchos estudiantes como Leyva, y a mantener los datos seguros.

Hing, el experto legal en la Universidad de San Francisco, dijo que no hay ninguna ley federal que requiera que las universidades entreguen información especial acerca de los estudiantes. Pero también dijo que eso no quiere decir que las leyes no van a cambiar bajo una nueva administración.

El asambleísta Ricardo Lara (demócrata de Los Ángeles) acaba de presentar un proyecto de ley para prevenir que cualquier agencia estatal proporcione información religiosa al gobierno federal: es una defensa contra el discurso de Trump de construir una base de datos de los musulmanes. No está claro si alguno de los departamentos del estado mantiene una lista que incluya las religiones. En respuesta a una solicitud de qué agencias lo hacen, un ayudante de Lara respondió “todavía estamos explorando esa pregunta”.

California no está sola en la lucha por proteger sus bases de datos.  La ciudad de Nueva York, que ofrece tarjetas de identificación a cualquier persona que quiera una, incluyendo los inmigrantes indocumentados, los funcionarios han señalado que podrían eliminar la base de datos si es necesario. Sin embargo, dos legisladores estatales demandaron a la ciudad y ganaron, ahora un tribunal ha ordenado a la ciudad no borrar la base de datos.

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