EN RESUMEN
La sanción es la máxima que los ganaderos, que bombearon agua del río Shasta durante ocho días, podrían enfrentar según la ley estatal. Asciende a alrededor de $50 por ganadero, lo cual no es realmente un disuasivo, según concuerdan los ganaderos y los funcionarios.
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Los funcionarios del agua de California planean imponer una multa de $4,000 a los ganaderos del condado de Siskiyou por violar las órdenes de reducir el consumo de agua durante un enfrentamiento que duró una semana el verano pasado.
Los funcionarios estatales y los ganaderos están de acuerdo: una multa de $4,000 no es un gran disuasivo para prevenir las desviaciones ilegales de agua durante las sequías de California. La multa propuesta ascendería a alrededor de $50 por ganadero.
Una asociación de agua rural que atiende a unos 80 ganaderos y agricultores, que enfrenta costos cada vez mayores por transportar agua y comprar heno para reemplazar el pasto seco, encendió sus bombas durante ocho días en agosto para desviar el agua del río Shasta. Funcionarios estatales y federales dijeron que el bombeo, que violó una orden estatal de emergencia, amenazó la calidad del agua del río y su salmón y otras especies raras.
Rick Lemos, ranchero de quinta generación y miembro de la junta de la Asociación de Agua del Río Shasta, dijo que violar la orden de sequía “fue la forma más económica que pude haber tenido… Cuando llegas a un punto en el que no tienes otra opción, haces lo que tu tienes que hacer.” Dijo que las alternativas “nos habrían costado, colectivamente, mucho más”.
La sanción —$500 por día por ocho días de bombeo— es la cantidad máxima que los ejecutores de la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado pueden pedir al grupo de ganaderos del condado de Siskiyou bajo el código de agua del estado. La multa propuesta requiere un período de espera de 20 días o una audiencia antes de que sea definitiva.
La pequeña cantidad y la larga demora subrayan los poderes limitados que tienen los garantes del agua del estado para intervenir rápidamente en los conflictos por desvíos que han declarado ilegales.
“Obviamente no tienen mucho poder coercitivo, porque se presentaron y nos dijeron: ‘Apaguen las bombas ahora mismo’. Y dijimos que no”, dijo Lemos. “Uno pensaría que obtendrían una orden judicial y apagarían las bombas, ¿no es así?”, agregó.
Julé Rizzardo, subdirector adjunto de permisos y ejecución de la división de derechos de agua de la junta de agua, dijo que los poderes de la agencia son limitados.
“Desafortunadamente, hay circunstancias como esta en las que las ganancias económicas que la gente puede obtener al violar las órdenes de restricción son mayores que las posibles sanciones disponibles para nosotros”, dijo Rizzardo.
El miembro del consejo tribal de Karuk, Arron “Troy” Hockaday, estaba decepcionado por la multa.
“El castigo no se ajusta al crimen… Estamos peleando por el pez. Los peces son nuestra vida”, dijo Hockaday.
La sanción, dice, envía un mensaje: “El condado de Siskiyou no tiene que escuchar lo que ustedes tienen que decir, haremos lo que queramos. Y nada nos va a pasar.
Además, los ganaderos podrían enfrentar multas de $10,000 por día por futuras infracciones.
Según el código de agua del estado, las multas pueden ser superiores a $500 por día solo después de que la junta de agua finalice una orden de cese y desistimiento, que requiere un período de espera de 20 días o una audiencia. En el caso de los rancheros del condado de Siskiyou, Lemos y sus vecinos apagaron sus bombas casi tres semanas antes de que la multa hubiera aumentado a $10,000 por día.
“Sabíamos que eso venía. Por eso bombeamos el agua antes de que sucediera”, dijo Lemos.
Jim Scala, un ranchero de tercera generación que es presidente de la junta directiva de la Asociación de Agua del Río Shasta, dijo que espera que la asociación esté de acuerdo en no pagar la multa y luchar contra ella en su lugar.
“No quiero pagarles ni un centavo. Quiero llevarlos a la corte”, dijo Scala. “Porque si les pagamos $4,000 o $10,000, es como admitir que estábamos equivocados”.
La lucha comenzó a hervir a fuego lento en agosto de 2021, cuando la junta de agua adoptó regulaciones de emergencia que permiten restricciones en el bombeo de agua cuando los flujos descienden por debajo de cierto nivel para proteger el salmón del río Shasta.
“No quiero pagarles ni un centavo. Quiero llevarlos a juicio”.
RANCHERO DEL CONDADO DE SISKIYOU JIM SCALA
Enfrentando condiciones secas y flujos cada vez más reducidos, el estado intensificó las restricciones en la primavera y el verano de 2022. A principios de agosto, la Asociación de Agua del Río Shasta solicitó a la junta que continuara desviando agua para llenar los estanques de almacenamiento.
Pero antes de que la junta respondiera, los ganaderos notificaron a los funcionarios estatales de agua en una carta del 17 de agosto que planeaban violar la restricción ese día.
Los caudales del río se redujeron en casi dos tercios y permanecieron así durante una semana hasta que los granjeros y ganaderos apagaron las bombas, una “caída precipitada” que, según funcionarios estatales, podría poner en peligro a los peces del río.
La agencia estatal dijo que recomienda la multa máxima permitida debido al “volumen significativo desviado en un corto período de tiempo… los impactos en la cuenca, el momento sensible de esta violación” antes de la migración del salmón y el bombeo continuo incluso después de que se envió una notificación de infracción y un borrador de orden de cesar y desistir.
“El castigo no se ajusta al crimen… Estamos peleando por el pez. Los peces son nuestra vida”.
ARRON “TROY” HOCKADAY, MIEMBRO DEL CONSEJO TRIBAL KARUK
El río desemboca en el Klamath más grande y alberga áreas clave de desove y cría para el salmón chinook de otoño y que también amenazó al salmón coho. El aviso de la junta de agua del viernes decía que violar la restricción resultó en flujos más bajos que podrían “exacerbar los problemas negativos de calidad del agua” y “limitar la movilidad y supervivencia de los peces”.
“Esta acción tiene impactos directos en los titulares de derechos de agua más antiguos y en las pesquerías sensibles que el Reglamento de emergencia pretende proteger”, decía el aviso.
Tales peleas podrían estallar con más frecuencia a medida que el cambio climático traiga sequías más severas y frecuentes al estado. Pero los expertos advierten que las facultades del Estado no están a la altura de la urgencia de detener el uso ilícito del agua.
“El sistema todavía permite que un usuario deshonesto decida pagar una multa en lugar de cumplir con la ley”, dijo Jennifer Harder , profesora de derecho en la Facultad de Derecho McGeorge de la Universidad del Pacífico. “California es una economía de clase mundial con recursos naturales de clase mundial. La agencia estatal encargada de proteger sus recursos hídricos debe contar con herramientas de clase mundial”.
Rizzardo dijo que el estado no tiene los recursos ni los datos necesarios para vigilar a 40.000 titulares de derechos de agua, particularmente durante una sequía severa.
“Empatizamos. Reconocemos las dificultades. Hemos estado en el campo para tratar de comprender la situación de manera más integral”, dijo Rizzardo. “Pero tampoco vamos a ignorar las flagrantes violaciones”.
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