Críticos dicen que los legisladores redujeron el alcance de la ley de autos defectuosos de California después de negociaciones secretas

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Durante los últimos 54 años, los californianos han recurrido a la “ley del limón” del estado para luchar contra los fabricantes de automóviles que les venden vehículos defectuosos.

Ahora, los críticos dicen que la capacidad de los californianos de recuperar su dinero después de comprar un vehículo viejo podría volverse más difícil, debido a un proyecto de ley aprobado apresuradamente que los lobbystas que representan a los fabricantes de automóviles estadounidenses y poderosos grupos de abogados redactaron en secreto.

El gobernador Gavin Newsom no ha firmado ni vetado el Proyecto de Ley 1755. Su portavoz, Brandon Richards, dijo el viernes que “la medida será evaluada en función de sus méritos” antes de la fecha límite del 30 de septiembre para la firma del proyecto de ley. 

Pero la forma en que el proyecto de ley llegó a su escritorio es el último ejemplo de cómo los influyentes grupos de presión escriben leyes que afectan a millones de californianos a puerta cerrada, y cómo las medidas a menudo se aprueban con poco tiempo para la participación pública o el debate legislativo.

“No hubo una sola persona que representara al pueblo de California que supiera sobre esto y fuera parte de esas conversaciones, durante meses”, dijo la asambleísta demócrata de San Ramón Rebecca Bauer Kahan a sus colegas del Comité Judicial de la Asamblea el mes pasado en los últimos días de la sesión legislativa. 

“Nos dejaron caer esto en las manos y esperan que aceptemos un argumento relacionado con la urgencia que, para ser honestos, no parece real. Y se supone que debemos avanzar con esto en una semana”.

El proyecto de ley busca abordar un aumento masivo de demandas por leyes del limón que obstruyen el sistema judicial del estado, pero comenzó antes en la sesión como una medida que abordaba la manutención infantil. 

Luego, el 20 de agosto, cuando faltaban menos de dos semanas para que terminara la sesión, el proyecto de ley fue desmantelado mediante el secreto proceso de “desmantelamiento y enmienda”. Su redacción fue reemplazada por un proyecto de ley de 4,200 palabras que busca reformar la forma en que se resuelven las disputas sobre la ley del limón. El proyecto de ley es tan complicado que su análisis legislativo, que los legisladores deberían leer para comprender plenamente las consecuencias de una medida, tenía más de 10,000 palabras. 

El ex asambleísta demócrata de Los Ángeles Mike Gatto dijo que es poco probable que los legisladores realmente hayan leído todo eso en esos caóticos días finales de la sesión con cientos de otros proyectos de ley importantes aún pendientes.

“Desafortunadamente, cuando la Legislatura elabora políticas complejas como esa con tanta prisa, aumenta la dependencia de personal no electo”, dijo Gatto. “Y aumenta la dependencia de grupos de intereses especiales que les dicen a los legisladores lo que contiene la legislación. Es muy difícil, durante esa última semana caótica de sesión, poder revisar asuntos tan extensos como ese”.

La asambleísta demócrata de Downey, Blanca Pacheco, una abogada, dijo a sus colegas del Comité Judicial que no se sentía cómoda votando a favor del proyecto de ley porque no estaba segura de lo que haría.

“Quiero asegurarme de que los consumidores también estén protegidos”, dijo . “Esos son nuestros electores y eso es lo que realmente nos debería importar. Y no sé si los consumidores están realmente protegidos”.

Los legisladores reconocen negociaciones secretas

Sin embargo , el proyecto de ley presentado por dos demócratas, el senador de Santa Ana, Tom Umberg, y el asambleísta de San José, Ash Kalra, fue aprobado fácilmente por el comité de la Asamblea, así como por la Asamblea en pleno y el Senado.

La oficina de Umberg se negó a responder las preguntas de CalMatters sobre el proyecto de ley. La oficina de Kalra respondió a una solicitud de entrevista con una declaración enviada por correo electrónico.

“La AB 1755 pasó por todo el proceso legislativo con dos audiencias de comités rigurosas, la consideración de enmiendas y todos los pasos de procedimiento”, dijo Kalra. “A pesar de las preocupaciones sobre el proceso, la gran mayoría de los miembros de ambas cámaras concluyeron que esta era una mejor política para los consumidores y que podríamos desarrollar el marco de políticas en los años siguientes”.

Kalra reconoció en su testimonio que la medida fue producto de negociaciones entre los grupos detrás del proyecto de ley.

“La AB 1755 representa un compromiso entre los abogados de los consumidores, los abogados de defensa (civil) y algunos fabricantes de automóviles, especialmente General Motors”, dijo Kalra al Comité Judicial de la Asamblea.

Entre los que se oponen al proyecto de ley se encuentran Tesla y compañías automotrices extranjeras, incluidas Volkswagen y Toyota, así como grupos de consumidores como la Federación de Consumidores de Estados Unidos, el Centro para la Seguridad Automotriz y Consumidores por la Confiabilidad y Seguridad Automotriz, según la base de datos de Digital Democracy. 

El senador Roger Niello, un republicano cuya familia es dueña de concesionarias de automóviles en el área de Sacramento, dijo que le preocupaba que el proyecto de ley dividiera a grupos que normalmente están alineados en la legislación.

“Mi preocupación sobre este proyecto de ley es el proceso mediante el cual se desarrolló”, dijo Niello a sus colegas en el pleno del Senado. “Y todo lo que hay que ver para cuestionarlo es el apoyo y la oposición. Esto es muy inusual. No vemos esto muy a menudo. … Tenemos personas, organizaciones de fuentes similares con puntos de vista opuestos sobre esto. Hay algo malo en eso”.

Las alianzas fueron impredecibles. Los abogados de los consumidores, hartos de los tribunales congestionados, apoyaron el proyecto de ley, mientras que los defensores de los consumidores se opusieron. Y mientras los fabricantes de automóviles estadounidenses presionaron a favor de él, los fabricantes de automóviles extranjeros argumentaron que no iba lo suficientemente lejos y que era demasiado favorable a los abogados litigantes.

Mientras Kalra y Umberg presentaban su proyecto de ley a los legisladores en esos frenéticos y últimos días de la sesión, dijeron que la AB 1755 abordaría una creciente acumulación de casos de ley del limón que han estado causando cada vez más estragos en el sistema de tribunales civiles del estado.

El número de casos de ley del limón en los tribunales de California aumentó de casi 15,000 en 2022 a más de 22,000 el año pasado. En el condado de Los Ángeles, casi el 10% de todos los casos civiles presentados son ahora casos de ley del limón, según el análisis del proyecto de ley.

Según la Asociación de Justicia Civil de California, la creciente carga de trabajo se debe a un puñado de bufetes de abogados agresivos que presentan la mayoría de las demandas. La asociación no figuraba como una asociación que tuviera una posición sobre el proyecto de ley en la Base de datos de Digital Democracy.

“Lo que hace es reducir el número de presentaciones, lo que creo que lógicamente nos llevaría a creer que también reduce la cantidad de dinero gastado en abogados”, dijo Umberg al Senado el mes pasado. 

La Asociación de Jueces de California también apoyó el proyecto de ley.

¿El proyecto de ley del limón hará que las cosas sean más difíciles para los propietarios de vehículos?

Según la ley propuesta, a partir del próximo año, las compañías automotrices y los compradores de automóviles estarán obligados a intentar resolver sus disputas a través de la mediación antes de comenzar el proceso de “descubrimiento” que tiene lugar después de que se presenta una demanda. 

El descubrimiento es cuando las partes en una demanda reúnen pruebas entre sí que creen que necesitarán para probar su caso. La ley propuesta también establece reglas sobre qué pruebas se pueden solicitar. Una de las razones por las que los tribunales están tan atrasados ​​con los casos de la ley del limón se debe a las tediosas audiencias de descubrimiento, dicen los defensores del proyecto de ley.

También acortaría el período durante el cual un consumidor puede presentar una demanda por un vehículo detectado.

Umberg, ex fiscal federal, y Kalra, ex defensor público y profesor de derecho, dijeron a sus colegas que los consumidores aún podrían recuperar el dinero que les habían pagado por un automóvil defectuoso. Argumentaron que la ley del limón de California, que el gobernador Ronald Reagan firmó en 1970, seguiría siendo más estricta que la de cualquier otro estado.

Pero Rosemary Shahan, presidenta de Consumers for Auto Reliability and Safety, dijo que el proyecto de ley perjudica a los propietarios de automóviles que se quedan con un vehículo defectuoso de varias maneras.

Limitaría la cantidad de reembolsos por “patrimonio negativo” que los consumidores podrían obtener por su automóvil defectuoso, y acortaría el período en el que los consumidores pueden usar la ley del limón a solo seis años, incluso cuando su garantía dure más, dijo. 

“Esto es muy importante para las personas que pagan más por un vehículo con garantía del fabricante, para evitar tener que afrontar una gran factura de reparación inesperada”, dijo en un correo electrónico.

El proyecto de ley también requeriría que los consumidores notifiquen por escrito a su fabricante que su automóvil es un limón, en lugar de simplemente llevarlo a un concesionario para reparaciones y comenzar allí el proceso para recuperar su dinero, dijo.

También limitaría el tiempo que un consumidor puede presentar una demanda por un vehículo defectuoso, de cuatro años después de que se presenta el reclamo a solo un año desde el vencimiento de la garantía del vehículo, dijo.

“Esto facilita que los fabricantes de automóviles sin escrúpulos puedan salirse con la suya haciendo reparaciones baratas de tipo ‘curita’, en lugar de arreglar el problema subyacente, hasta que expire la garantía”, dejando a los consumidores con la obligación de pagar una factura enorme, dijo.

Entre los partidarios del proyecto de ley se incluyen General Motors, Stellantis (antes Chrysler) y Ford Motor Company, así como fabricantes de vehículos recreativos.

En conjunto, Ford y GM han dado a los legisladores en funciones al menos 1.5 millones de dólares desde 2015, según la base de datos Digital Democracy.

Los Abogados del Consumidor de California han donado al menos $2.2 millones durante el mismo período. 

El proyecto de ley “aborda problemas procesales urgentes sobre cómo se manejan los casos de la ley del limón en el estado de California, al tiempo que mantiene nuestra ley del limón como la más fuerte del país”, dijo Nancy Drabble, lobista de Consumer Attorneys of California, a los legisladores el mes pasado. 

Ella argumentó que la revisión propuesta sería una mejora para los compradores de automóviles, ya que acortaría el plazo en que las compañías automotrices deben responder a una queja de un consumidor a solo 30 días, y requeriría que las compañías automotrices arreglen un automóvil defectuoso o lo reemplacen dentro de los 30 días siguientes.

“Creo que veremos un aumento en las recompras de vehículos dentro de ese período de 60 días, que ni siquiera tendrá una demanda presentada”, dijo el cabildero Michael Belote a los legisladores , diciendo que representaba a GM.

“La transparencia sufre” cuando los legisladores se apresuran

En una entrevista el viernes, Belote dijo que su firma de lobby también representa a otras partes involucradas en las negociaciones y que estaba hablando con CalMatters en nombre de esos grupos, y no de GM. 

Belote dijo que rechaza “la premisa de que diluyó la ley del limón”. 

Dijo que la ley en sí no cambiaría. Todo lo que hace el proyecto de ley, dijo, es establecer reglas claras para los consumidores y las compañías automotrices que reducirán las largas audiencias judiciales, disminuirán los honorarios de los abogados de los demandantes y acelerarán el proceso de resolución de disputas.

“Hay razones de peso para creer que esto permitirá a los consumidores obtener lo que necesitan más rápidamente”, afirmó, “y lo que necesitan… es un coche para ir al trabajo y llevar a sus hijos a la escuela”. 

Pero ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué no esperar hasta enero, cuando los legisladores se vuelvan a reunir para la nueva sesión de dos años, y así puedan examinar y debatir a fondo el proyecto de ley?

Una de las razones fue que los promotores habían amenazado con llevar su caso a los votantes. Belote y Shahan dijeron que, como parte de su propuesta de iniciativa electoral, los grupos amenazaron con poner un tope del 20% a los honorarios que los abogados podrían cobrar por los casos de la ley del limón, creando un incentivo financiero para que los grupos de abogados negociaran con los fabricantes de automóviles.

Belote también cuestionó la sugerencia de que los legisladores no sabían sobre qué estaban votando.

“Hubo una enorme campaña de lobby de ambos lados que afectó, creo yo, a todos los miembros de la Legislatura repetidamente en un período muy breve”, dijo. “Hubo, como saben, un verdadero tsunami de información para los legisladores, que tenían muchas preguntas que fueron respondidas”.

Independientemente de si los legisladores comprendieron plenamente el tema o no, cada vez que una legislación complicada como la AB 1755 se aprueba apresuradamente en el último minuto, daña la credibilidad de la Legislatura y hace más difícil para los votantes confiar en sus líderes electos, dijo Gatto, el ex legislador.

“La transparencia se resiente”, dijo, “y todos los diferentes actores que mantienen la honestidad de la Legislatura, ya sea el electorado o los medios de comunicación, hacen que sea mucho más difícil para nosotros hacer nuestro trabajo”.