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La administración Trump canceló subvenciones de investigación por valor de 2,000 millones de dólares destinadas a profesores de la Universidad de California. Su equipo legal afirma tener pruebas de que dichas cancelaciones fueron inconstitucionales.

El sistema de la Universidad Estatal de California acordó pagar 12 millones de dólares para resolver una demanda en la que dos empleadas de Cal State San Bernardino alegaron haber sido acosadas y discriminadas por razón de género por el rector y un exdecano. La Junta Directiva de Cal State analizará el plan de transición del rector saliente en su reunión del miércoles.

En la Legislatura de California, votar en contra del propio partido es extremadamente raro, pero hay algunos disidentes que lo hacen de todos modos.

En 2023, California destinó 500 millones de dólares en subvenciones a las escuelas para que contrataran asesores de alfabetización y tomaran otras medidas para mejorar las habilidades de lectura.

El fallo se produce en un momento en que sigue aumentando el escrutinio sobre las condiciones dentro de los centros de detención de inmigrantes durante la administración Trump.

Los reguladores estatales rechazaron la propuesta de las compañías eléctricas y ordenaron mayores medidas de protección contra los cortes de energía durante las olas de calor peligrosas.

Una nueva ley exige que las universidades demuestren que sus graduados ganan más que alguien con solo un diploma de bachillerato; de lo contrario, los estudiantes podrían perder el acceso a los préstamos federales. Alrededor de 300 programas de California podrían no superar la prueba, incluyendo muchos de cosmetología y algunos de artes.

Los californianos pronto podrían tener otra forma de demandar a las grandes empresas. Esto inquieta a algunos demócratas, pero varios no votaron.

Un número creciente de profesores está presionando a la Universidad de California para que restablezca el SAT para la admisión a los programas de pregrado, que la Junta de Regentes eliminó del proceso de admisión en 2020.

Una práctica policial engañosa se está extendiendo por las cárceles de California. A medida que cobra fuerza, un número creciente de acusados afirma haber sido coaccionados para autoincriminarse.