In summary

Hacía cien años que los funcionarios de salud pública locales no habían tenido tanta importancia como ahora, pero al mismo tiempo se han visto cuestionados, acosados y amenazados por residentes enojados por las precauciones durante la pandemia.

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El mes pasado, durante la reunión de la junta de supervisores del Condado de Orange, Leigh Dundas apuntó airadamente con el dedo a los supervisores y fue señalando uno por uno lo que ella creía que eran detalles que desacreditaban la trayectoria profesional de Nichole Quick, la funcionario de salud pública del condado. La Sra. Dundas, una abogada que está en contra de las vacunas, dijo en voz alta el nombre del novio y la dirección de Quick y afirmó que traería a manifestantes con cubrebocas en la entrada de su casa para que hicieran calistenia hasta que se desmayaran.

“Hay que despedirla,” declaró Dundas.

Fue un ataque extremadamente personal. La funcionario de salud Nichole Quick había hecho enojar a muchas autoridades legales y a residentes con su última orden en la que se obligaba a la gente a llevar cubrebocas en público para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. El sheriff del condado le proporcionó un servicio de seguridad personal al mismo tiempo que afirmaba que no exigiría el cumplimiento de la orden del cubrebocas. Finalmente, tras recibir la presión de los supervisores del condado y del público, Quick dimitió la semana pasada. Se trataba del tercer oficial de salud pública de alto nivel del Condado de Orange que dimitía durante la pandemia. El Condado de Orange dio marcha atrás y revocó la orden del cubrebocas

Hacía cien años que los funcionarios de salud pública locales no habían tenido tanta importancia como ahora pero al mismo tiempo se han visto cuestionados, acosados y amenazados por residentes y en ocasiones por líderes locales, enojados por los cierres debido a la pandemia. Algunos simplemente han renunciado a sus cargos. 

En los últimos dos meses, otros cuatro funcionarios de salud pública de California han dimitido o se han jubilado en los condados de Nevada, San Benito, Yolo y Butte así como dos directores de departamentos de salud pública en los condados de San Bernardino y Orange (aparte de Quick). El lunes, el estado contabilizó casi 150,000 casos confirmados de COVID-19 y más de 5,000 muertes.

Esto no está ocurriendo solo en California. El director estatal de salud pública de Ohio, Amy Acton, dimitió la semana pasada al enfrentarse a impugnaciones legales a su autoridad y a manifestaciones enfrente de su casa. A principios de mayo, se le pidió a la directora estatal de salud pública de Wisconsin, Jeanne Ayers, que dimitiera en un momento en que el estado habían superado los 10,000 casos de COVID-19 y los altos cargos no decían por qué.  

“Las cosas se han puesto feas,” afirmó un funcionario de salud del norte de California que pidió que no dijéramos su nombre por temor a su seguridad personal. “Los funcionarios de salud se encuentran en una situación en la que todo lo que hace enojar a todo el mundo es culpa suya”.

El director indicó que había recibido amenazas de muerte por correo electrónico y en las redes sociales y que había habido manifestaciones enfrente de su casa. “Todo esto … te hace sentir como si no hubiera ningún lugar seguro”.

La estrategia de reapertura del gobernador de California Gavin Newsom, que pedía a los condados que certificaran que sus casos de COVID-19 estaban bajo control,  fue una “decisión terrible…que desvió toda la presión política hacia las autoridades locales” afirmó el director del norte de California.

“NUNCA HABÍAMOS VISTO QUE LOS COMENTARIOS DEL PÚBLICO SE CONVIRTIERAN EN AMENAZAS, ATAQUES PERSONALES O QUE SE LLEGARAN A CUESTIONAR LAS MOTIVACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD”.

Kat DeBurgh, directora ejecutiva de la Asociación de Funcionarios de Salud de California

Los funcionarios de salud pública de los condados ocupan una posición única en los gobiernos locales. Son los responsables de supervisar las respuestas de los departamentos de salud pública en casos de brotes de una enfermedad, entre muchas otras funciones. Todos los condados y algunas ciudades que tienen su propio departamento de salud pública deben designar a un oficial de salud. No son funcionarios elegidos en las elecciones y, por lo general, son nombrados por ejecutivos del condado.  

En situaciones de emergencia, los oficiales de salud, tienen la autoridad legal de cerrar negocios, ordenar a millones de personas que se queden en sus casas, aislar y poner a personas en cuarentena e inclusive ordenar evacuaciones masivas. También pueden emitir órdenes que exijan, por ejemplo, que las personas lleven cubrebocas en público. Estas órdenes son más estrictas que los mandatos estatales.

Su autoridad puede ser recurrida en los tribunales y los oficiales de salud están sujetos al debido procedimiento de la ley, afirmó Kat DeBurgh, directora ejecutiva de la Asociación de Funcionarios de Salud de California.

Pero este poder tiene un precio en una nación políticamente polarizada en la que se está extendiendo la peor pandemia de los últimos cien años.  

“Los funcionarios de salud siempre están allí, trabajando en un segundo plano para proteger a las comunidades de las enfermedades transmisibles. Esta es la primera vez que he visto un nivel tan alto de animosidad”, afirmó DeBurgh y apuntó que un funcionario de salud que no quería nombrar tiene un servicio de protección personal proporcionado por el sheriff vigilando en las inmediaciones de su casa.

“En toda California, los funcionarios de salud se encuentran bajo una presión enorme, aparte de la presión que con toda certeza están sintiendo en su esfuerzo por detener este virus”, afirmó DeBurgh. “Nunca habíamos visto que los comentarios del público se convirtieran en amenazas, ataques personales o que se llegaran a cuestionar las motivaciones de los funcionarios de salud”.

Algunos californianos envalentonados por un presidente que inicialmente le restó importancia a la pandemia y que en la actualidad se niega a ponerse un cubrebocas, se sienten más libres de descargar sus frustraciones en los funcionarios de salud que deben estar en primera línea en las conferencias de prensa y en las reuniones gubernamentales, indicó el doctor Dr. Jonathan Fielding, que sirvió como oficial de salud del condado de Los Ángeles durante 16 años y que actualmente es profesor en la facultad de salud pública de UCLA que lleva su nombre.

Fielding afirmó lo siguiente: “ninguno de nosotros tiene el derecho ilimitado de hacer lo que quiera. La gente dice ‘el presidente no lo está haciendo, ¿por qué debería hacerlo yo?’ esa es una de las raíces del problema: la radicalización de las opiniones sobre los derechos individuales”.

El periódico San Jose Mercury News publicó un anunció de una página completa en el que se arremetía contra la oficial de salud del condado de Santa Clara, la doctora Sara Cody, que fue la que ordenó la primera orden local de confinamiento del país. El anuncio acusaba a Cody de “colapsar nuestra economía” y le pedía que donara de manera permanente su salario y pensión a “los que había empobrecido”.

En las redes sociales, circuló una foto manipulada en la que aparecía la oficial de salud del condado de Los Ángeles, la doctora Barbara Ferrer, con cara de enferma, con la piel muy pálida y con grandes ojeras. Un tuit en el que se describía a Ferrer “como la persona con el aspecto más enfermizo que he visto en mi vida” se retuiteó  29,000 veces y recibió más de 89,000 “likes”.

En un ejemplo de lo tensas que se han puesto las cosas, a finales de mayo, los supervisores del condado de Santa Cruz dieron por terminada brevemente una reunión pública en la que se estaba hablando sobre la reapertura del condado cuando el dueño de una pizzería al acercarse al micrófono se fue hacia un lado y comenzó a caminar hacia la oficial de salud del condado. De acuerdo con lo publicado en el Santa Cruz Sentinel, el dueño de la pizzería dijo a los supervisores que solo estaba tratando de leer el nombre de la oficial, pero los supervisores prefirieron no arriesgarse.

“Nos preocupa enormemente que la política esté triunfando sobre el interés público en alguno de estos casos y que esto resulte en que se comprometa la salud del público en general”, afirmó en unas declaraciones el doctor Peter Bretan Jr, presidente de la Asociación Médica de California.

Casi nueve de cada diez personas en California están de acuerdo en que las órdenes de quedarse en casa son necesarias para proteger la salud pública, de acuerdo con encuestas realizadas por California Health Care Foundation. De todos modos, las encuestas muestran que un 38% de las personas en California creen que las regulaciones por la COVID-19 “son excesivas”.

CNBC fue la primera cadena en anunciar que la ex funcionario de salud del condado de Santa Barbara, la doctora Charity Dean, que se había convertido en la número dos en el Departamento de Salud Pública del estado, había presentado su dimisión el 4 de junio. Unos días después, envió un tuit en el que animaba a otros funcionarios de salud.

El senador estatal Richard Pan, un pediatra que recibió amenazas de muerte y a quien un activista empujó por ser el artífice de leyes relacionadas con las vacunas infantiles, describió el acoso que reciben los funcionarios de salud pública en todo el estado como algo “vergonzoso”.  

“Los funcionarios de salud pública tienen la responsabilidad de actuar para el bien del público y desde luego no deberían ser víctimas de ataques personales, acoso e intimidación”, afirmó Pan. “Su trabajo de por sí ya es difícil”.

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Barbara Feder Ostrov

Barbara Feder Ostrov, Contributing Writer for CalMatters, has reported on medicine and health policy for more than 15 years. She most recently covered California and national health issues for Kaiser Health...