En resumen

La Patrulla de Caminos de California aún confisca miles de autos de conductores sin licencia durante 30 días, a pesar de que un fallo de un tribunal federal de 2017 que calificó las detenciones como inconstitucionales.

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Cuatro años después de que una corte federal de apelaciones dictaminó que las confiscaciones de vehículos de 30 días para conductores sin licencia son inconstitucionales, algunas agencias de aplicación de la ley en California todavía las están realizando.

La Patrulla de Caminos de California (CHP), una de las agencias que más realizan remolques  en el estado, continúa con las incautaciones de 30 días y niega las liberaciones anticipadas, a pesar de un fallo de una corte federal y ahora el experto en políticas de la agencia advirtió contra esta práctica, según un análisis de CalMatters de datos públicos,  correos electrónicos internos del CHP y documentos judiciales. 

La política de incautación de CHP ahora está siendo atacada por al menos tres demandas, alegando que la agencia de policía estatal está incautando y manteniendo la propiedad de las personas en violación de la Cuarta Enmienda, que protege al público de registros e incautaciones irrazonables. 

Una incautación de 30 días puede ser un castigo costoso para algunos conductores atrapados sin una licencia válida. Con frecuencia son californianos pobres que han perdido sus licencias por delitos que van desde faltar a la corte de tránsito, falta de seguro o por conducir ebrios

“Los decomisos de treinta días son populares entre muchas personas, dado quiénes son las víctimas”, dijo el abogado de Los Ángeles, Donald Cook, quien está demandando a CHP por sus prácticas de remolque. “Entiendo que queremos disuadir a los conductores sin licencia de conducir vehículos, pero esta no es la manera de hacerlo”. 

“Les das una multa, sacas su auto de la calle, puedes acusarlos penalmente y condenarlos”, dijo. “Pero no te deshaces sumariamente de su propiedad”.

Para las fuerzas del orden, los automovilistas y los legisladores, disuadir a los conductores sin licencia de ponerse al volante es una alta prioridad, y un estudio federal dice que representan el 19% de los accidentes fatales en todo el país . Pero según la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU., lidiar con estos conductores también es un acto de equilibrio entre: proteger a los automovilistas de inmediato de los conductores inseguros y, al mismo tiempo, proteger a las personas de incautaciones de vehículos prolongados.

En California, es especialmente complicado. 

Abandonado en un patio de remolque

Desde 1995, la ley estatal ha permitido a la Policía incautar automóviles de conductores sin licencia durante 30 días, y la ley se ha mantenido en los libros, a pesar del fallo federal de 2017.

Esto ha resultado en un mosaico de prácticas de aplicación de la ley, según ha descubierto CalMatters. La incautación del vehículo de un conductor sin licencia generalmente depende del lugar donde se detuvo a la persona. 

Por ejemplo, muchas estaciones en el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles le dijeron a CalMatters que todavía usan incautaciones de 30 días, aunque un portavoz dijo que no tienen una política para toda la agencia. 

El Departamento de Policía de Los Ángeles, la agencia policial más grande del estado, detuvo la práctica en 2020, dijo un portavoz. La policía de San Francisco y San José ya no usa confiscaciones de 30 días para conductores sin licencia, dijeron sus departamentos. Hace cuatro años, la Liga de Ciudades de California recomendó a las ciudades que cambiaran sus políticas de retención de 30 días para “evitar posibles responsabilidades“.  

Pero a lo largo de los vastos tramos de las carreteras de California, que gobierna CHP, las multas por conducir sin una licencia aún pueden terminar con una multa, estar sin automóvil durante 30 días y más de $1,000 en tarifas de remolque. CHP no cobra sus propias tarifas de remolque, pero tiene contratos con empresas de todo el estado. 

Entre enero de 2017, el año de la decisión judicial, hasta julio de 2021, los oficiales de CHP ordenaron más de 50,000 remolques de 30 días para conductores sin licencia, según un análisis de CalMatters de los datos de incautaciones. Esos depósitos constituyen aproximadamente el 7% de todos los remolques de CHP. 

El auto marca Grand Am 2000 de Angélica Untalan fue uno de ellos.

Untalan, que entonces tenía 25 años, vivía en una de las ciudades más extensas del país. 

Aún así, nunca tuvo una licencia de conducir y la habían detenido varias veces, pero no la remolcaron, lo que la dejó con multas y citaciones judiciales, según muestran los registros judiciales. 

En mayo de 2019, un oficial de CHP del sur de Los Ángeles detuvo a Untalan por un parabrisas roto y por no usar el cinturón de seguridad, según su demanda federal presentada el mismo año en Los Ángeles. 

Untalan fue registrada, citada y su automóvil fue trasladado al patio de remolque de California Motor Club para una estadía de 30 días, según los datos de CHP obtenidos a través de una solicitud de la ley de registros públicos. Ese día, el Grand Am de Utalan fue uno de los seis decomisos de 30 días ordenados por los oficiales de CHP del sur de Los Ángeles y entre los 29 en todo el estado, según muestran los datos.  

Casi dos semanas después, los oficiales acordaron entregar el automóvil después de que el abogado de Untalan firmara un formulario, diciendo que a Untalan no se le “entregaría, alquilaría ni proporcionaría” ningún vehículo hasta que obtuviera una licencia , según la demanda y los documentos proporcionados por Cook, su abogado. El automóvil había acumulado 11 días de tarifas, que Utalan no podía pagar, y su automóvil se vendió en una venta de subasta aproximadamente un mes después, según la demanda. Debía alrededor de $ 2,000.

Untalan declinó una entrevista con CalMatters. 

¿La policía de California ha incautado su automóvil durante 30 días? Si es así, comparte tu historia.

“Es indignante lo que están haciendo”, dijo Cook, quien recientemente ganó un juicio sumario en nombre de Untalan. El CHP está apelando.

“[Esto] realmente viola los conceptos básicos y fundamentales de… el debido proceso que están tan en desacuerdo con la forma en que se hacen las cosas”, dijo.

A través de un portavoz, CHP se negó a comentar sobre la demanda o la política de remolque de 30 días de la agencia, citando el “litigio en curso”. 

El CHP varía en su política de incautación

Sin embargo, desde el fallo federal de 2017, los expertos en políticas de la agencia han enviado mensajes contradictorios.

Seis días después de la decisión judicial, Chris Lane, comandante de la sección de investigación y planificación, envió un correo electrónico a varios miembros del personal diciendo: “… estamos al tanto (de la decisión) pero no hay cambios de política en este momento”.

Para 2020, el mensaje de esa oficina estaba cambiando. 

Justin Sherwood, un experto en procedimientos de vehículos de la agencia, advirtió a los oficiales contra las incautaciones en unos correos electrónicos internos. El 23 de julio de 2020, Sherwood le dijo a un compañero empleado de CHP que la decisión judicial “esencialmente hacía imposible negar las liberaciones anticipadas sin una orden judicial …”

En otro correo electrónico interno del 30 de septiembre de 2020, Sherwood escribió: “El decomiso es legal … retenerlo no lo es. … ¡No me gustaría ser el tipo en la primera línea que pone mi oficina en problemas!”.

Sin embargo, en los procedimientos judiciales, los abogados de CHP sostienen que la ley en torno a los remolques de 30 días no está claramente establecida y el caso de Untalan no encaja del todo con el fallo de la corte de apelaciones. Los abogados de la agencia también abogaron por la inmunidad calificada, que impide que los empleados públicos sean demandados por hacer cumplir las leyes de California.

“Toda la cuestión de si es una sanción justa o no todavía está en el aire”.

Rory Little, experto constitucional de la Facultad de Derecho de UC Hastings

“No me sorprende que la CHP todavía esté tratando de defender su posición, pero estaría nervioso por eso, dados los hechos del… (fallo de la corte de apelaciones)”, dijo Rory Little, profesor y perito constitucional dede la Facultad de Derecho de UC Hastings.

Cuando el Noveno Circuito falló en contra de los remolques de 30 días para conductores sin licencia, la medida fue anunciada en algunos informes de noticias como un claro castigo de la ley estatal

La realidad fue más opaca. El tribunal eludió responder si la ley era constitucional. En cambio, el panel de tres jueces determinó que si bien la policía puede remolcar vehículos lejos de conductores sin licencia en circunstancias exigentes, retener el vehículo de una persona durante 30 días es una incautación y debe cumplir con la Cuarta Enmienda. 

“Toda la cuestión de si es una sanción justa o no aún está en el aire”, dijo Little.

Los defensores de mantener la ley intacta han dicho que la política es necesaria para disuadir a los conductores sin licencia.  

El teniente Dustin Silva del Departamento del Sheriff del condado de Sacramento dijo que las incautaciones de 30 días son “una herramienta necesaria que utiliza la policía para disuadir y prevenir daños a la propiedad, lesiones y muertes relacionadas con incidentes de tráfico. 

“Los estudios han demostrado que los conductores revocados y sin licencia están involucrados desproporcionadamente en colisiones de tráfico, y nada menos que quitarles el acceso a un vehículo les impedirá conducir continuamente”, dijo Silva en un correo electrónico. 

Un estudio de 2012 del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), por ejemplo, informó que las incautaciones de 30 días redujeron los choques en un 38% entre los conductores repetidos sin licencia. 

¿Castigar a los pobres?

El año pasado, Francisco Gómez López, entonces de 26 años, tenía una licencia suspendida después de conducir ebrio demasiadas veces, dijo. Eso no le impidió llevar a su esposa, Yaquelin Ordóñez, en su auto a su examen de mitad de período en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles. Dijo que normalmente tomaría el autobús, pero ese día se quedó dormida. Ordóñez tampoco tenía licencia, dijo, pero estaba practicando para su examen de conducir. 

De camino a casa, López fue detenido por un oficial de CHP, citado por conducir sin licencia y no tener un alcoholímetro instalado en el automóvil, que estaba registrado a nombre de su esposa. Aunque no estaba bebiendo ese día, recibió una multa y el auto de su esposa fue confiscado. CHP se negó a entregar el automóvil antes de tiempo a un conductor con licencia y Ordóñez decidió demandar.

“Entiendo el hecho de que le quitaron la licencia de conducir. Se supone que no debe conducir ”, dijo Ordóñez. “No entiendo por qué tuvieron que llevarse el coche durante tanto tiempo”.

Treinta días después, Ordóñez le pagó a Brian’s Toledo Towing Service  $2,350 por su Toyota Matrix 2009, según documentos judiciales. 

“Nos quedamos sin dólares después de eso”, dijo Ordóñez.

En promedio, las tarifas de almacenamiento en California cuestan $53 por día, según un informe sobre cómo las prácticas de remolque castigan a los californianos pobres . Con tarifas y costos administrativos, una incautación de 30 días puede acumular aproximadamente $2,000 en tarifas. 

“Estos remolques a menudo no están vinculados a una justificación de seguridad pública”, dijo Rachel Stein, abogada de Public Counsel, un bufete de abogados de Los Ángeles que trabajó en una de las demandas federales. “Simplemente parece punitivo y otra forma de criminalizar la pobreza”. 

Un pasado turbulento

La ley que permite incautaciones de 30 días, que entró en vigor en 1995, ha sido polémica desde el principio.

En ese momento, el autor del proyecto de ley promocionó la política como una forma de proteger al público de los conductores peligrosos . Los defensores lo vieron como una forma de apuntar a los californianos indocumentados que, en ese momento, no podían convertirse en conductores con licencia. 

Algunas ciudades dejaron de hacer cumplir las incautaciones de 30 días hace años. Bell Gardens y Huntington Park, por ejemplo, detuvieron las incautaciones en 2007 después de quejas de que los remolques estaban dirigidos injustamente a los inmigrantes.

Mientras que los municipios establecieron sus propias políticas sobre cómo hacer cumplir la ley, los legisladores estatales nunca eliminaron la ley de los libros. En cambio, lo recortaron. 

Después de que se descubrió que un departamento de policía del sur de California usaba puntos de control de DUI para atacar a los conductores sin licencia y luego rellenar las arcas de la ciudad, el estado tomó medidas enérgicas. 

El gobernador Jerry Brown, en 2011, firmó una ley que limita cuándo la policía puede incautar vehículos en los puntos de control de sobriedad. Si bien eso puso fin a muchas incautaciones de 30 días en los puntos de control, las dejó en su lugar en otros casos. 

A medida que la legalidad de las incautaciones obligatorias de 30 días se desarrolle en los tribunales, la decisión final probablemente tomará un tiempo. 

El juicio con jurado de Ordóñez está programado para principios del próximo año.

El mes pasado, al fallar a favor de la automovilista Angélica Untalan, el juez federal de distrito Otis D. Wraith II declaró que los oficiales “prolongaron la incautación sin justificación“. Al no soltar su vehículo cuando se presentó con un conductor con licencia, los “derechos de la Cuarta Enmienda de Untalan fueron violados como una cuestión de ley”, escribió el juez.  

Una tercera demanda, esta en el Tribunal Superior de Los Ángeles, también desafía la política de CHP. 

“Los abogados están capacitados para tratar de encontrar formas de evitar las cosas que obstaculizan los intereses de sus clientes”, dijo Little de la Facultad de Derecho de UC Hastings. 

“Y yo siempre digo … ninguna decisión finalmente resuelve nada”.

Mientras tanto, CHP ha continuado con sus incautaciones de 30 días. Al 31 de julio, los oficiales habían ordenado más de 6,000 remolques este año, desde El Centro cerca de la frontera con México hasta Yreka, cerca de Oregon.

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Byrhonda Lyons is a national award-winning video journalist for CalMatters. She creates compelling multimedia stories about how California policy affects people’s everyday lives. From the state’s mental...