En resumen
La medida ahora se dirige al gobernador Gavin Newsom, quien contribuyó a las negociaciones de las enmiendas realizadas en el último minuto.
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California construyó por décadas, algunas de las protecciones legales más sólidas para los agentes del orden a nivel nacional. Es por eso que un oficial de policía de Danville acusado de disparar injustamente a un hombre en 2018 pudo permanecer en las calles, solo para volver a matar a principios de este año. Y es por eso que los oficiales que son despedidos por irregularidades en ocasiones pueden encontrar tranquilamente un nuevo trabajo en otro departamento.
Pero eso al parecer, seguramente cambiará.
California está preparada para unirse a la mayor parte del país cuando se trata de disciplinar a los peores de los peores oficiales. Los legisladores aprobarón una ley el día Miércoles, que permitiría al organismo de acreditación de las fuerzas del orden del estado desacreditar a los agentes por una conducta gravemente mala – esencialmente expulsándolos de la profesión por situaciónes como agresión sexual, perjurio y homicidio de civiles.
California es uno de los cuatro estados que carecen de ese poder.
El proyecto de ley ahora está dirigido al gobernador Gavin Newsom, cuya oficina ayudó a negociar las enmiendas recientes y se espera que lo firme.
El senador Steven Bradford, demócrata de Gardena y presidente del comité de seguridad pública, presentó el proyecto de ley con el presidente provisional del Senado, Toni Atkins. A pesar que el gobierno está controlado por los demócratas y el movimiento nacional para la reforma de la justicia penal, la legislación enfrentó obstáculos bastante considerables.
Un proyecto de ley de descertificación falló el año pasado, y la versión de este año se encontró con la resistencia de asociaciones influyentes de aplicación de la ley. Pero después de concesiones de última hora destinadas a apaciguar a los críticos, la semana pasada la Asamblea estatal aprobó el proyecto de ley y el Senado votó nuevamente para aprobar la versión enmendada.
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Steven Bradford
State Senate, District 35 (Inglewood)
State Senate, District 35 (Inglewood)
Toni Atkins
State Senate, District 39 (San Diego)
State Senate, District 39 (San Diego)
“California y la nación en su conjunto han experimentado tragedia tras tragedia donde las consecuencias de abusos de poder atroces quedaron impunes y las exigencias porque alguien respondiera y se hiciera responsable por ellos quedaron sin respuesta, erosionando la confianza pública en la aplicación de la ley”, dijo Bradford en un comunicado después de la votación. “Este proyecto de ley es el primero de su tipo en California y finalmente nos unimos a los otros 46 estados con procesos para la descertificación de malos oficiales”.
El proyecto de ley crearía una nueva división dentro de la Comisión de Estándares y Capacitación para Oficiales de Paz del estado para investigar las presuntas faltas de conducta. Una nueva junta asesora conformada por nueve miembros recomendaría si despojar a un oficial de su certificación, que es básicamente una licencia para trabajar en la policía. La comisión, que está compuesta en su mayoría por personas designadas por motivos políticos de las fuerzas del orden público, decidiría si revocar o suspender la certificación de un oficial, una decisión que un oficial podría apelar en última instancia en la corte.
Las asociaciones de aplicación del orden se opusieron a este proyecto de ley. En audiencia tras audiencia, los jefes de policía y representantes de asociaciones de aplicación de la ley dijeron que apoyaban el concepto de descertificación, pero temían que la definición de mala conducta grave fuera vaga y que la junta asesora tuviera demasiada influencia.
Brian Marvel, presidente de la Asociación de Investigación de Oficiales de Paz de California, dijo a CalMatters en julio que el proyecto de ley creó un “proceso parcial y poco claro para revocar la licencia de un oficial”.
Para ayudar a disipar algunas de esas preocupaciones y asegurar su aprobación, el proyecto de ley fue enmendado recientemente para requerir un voto de dos tercios de la comisión en lugar de una mayoría simple antes que un funcionario pueda ser descertificado. La versión enmendada tampoco exige que dos miembros del consejo asesor sean víctimas de un uso excesivo de la fuerza o familiares de personas asesinadas por la policía. En cambio, esos puestos serían llenados por miembros del público en general con una “gran consideración” dada a las víctimas de tal abuso. Otros cambios aclararían la definición de mala conducta grave y podrían limitar la capacidad de la comisión para anular la certificación de los agentes cuyos casos ya se han escuchado en los tribunales de primera instancia locales.
Los cambios no fueron bien recibidos por algunos partidarios del proyecto de ley.
Sheila Bates, miembro del equipo de políticas de Black Lives Matter Los Angeles y una coalición de defensores que copatrocinó el proyecto de ley, dijo que las víctimas de la fuerza excesiva merecen tener voz en los procedimientos. También dijo que le preocupa que el voto de una super mayoría compuesta de dos tercios, necesaria para descertificar a un oficial haga que sea mucho más difícil responsabilizar a los oficiales malos.
“La policía tiene más derechos y menos responsabilidad en California y quieren que siga siendo así”, dijo Bates.
Aun así, dijo, es hora que la descertificación se convierta en ley.
“Todavía es un proyecto de ley fuerte”, dijo Bates.
“La policía tiene más derechos … y menos responsabilidad en el estado de California y quieren que siga siendo así”.
Sheila Bates, miembro de Black Lives Matter Los Angeles
Ellie Virrueta de Let Us Live Coalition ha estado trabajando para que se apruebe la descertificación durante los últimos dos años. La prima adolescente de Virrueta fue asesinada por la policía en el sur de California en 2012. Dijo que las autoridades locales lo consideraron un tiroteo justificado, pero cuestionó los hallazgos y dijo que su familia “habría tenido una mejor oportunidad de justicia real” si algo como el proyecto de ley de descertificación hubiera estado ya enforzado.
“Cuando peleamos, realmente ganamos”, dijo después de la votación del Senado. “No es el final del camino. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer.”
Las últimas enmiendas no fueron suficientes para que algunos grupos encargados de hacer cumplir la ley, abandonaran su oposición formal.
“Desafortunadamente, el texto final del proyecto de ley todavía incluye definiciones poco claras y subjetivas de lo que constituiría una falta grave de conducta, la composición de la junta continúa estando prejuiciada en contra del oficial y el proyecto de ley todavía no contiene ninguna referencia a la Declaración de Derechos de los Oficiales de Paz.” Dijo Marvel, presidente de la Asociación de Investigación de Oficiales de Paz de California en un correo electrónico a CalMatters.
Marvel indicó que la organización “espera continuar el trabajo conjunto a la oficina del gobernador y los líderes de ambas cámaras a medida que desarrollan el programa creado por el proyecto de ley”.
El proyecto de ley salió de la Asamblea la semana pasada con 49 votos. La versión enmendada fue aprobada por el Senado con 28 votos. El gobernador tiene hasta el 10 de octubre para convertirlo en ley.
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