En resumen

California ha visto un aumento de casos de corrupción política en los últimos años, en su mayoría relacionados con políticos veteranos que tienen una actitud posesiva sobre sus posiciones.

Read this article in English.  

Cuando los agentes del FBI se abalanzaron sobre el Capitolio estatal hace más de tres décadas para poner fin a una operación encubierta que se adentraba en la corrupción del pay-to-play, el asambleísta John Vasconcellos estaba indignado por la invasión de ‘su casa’.

Vasconcellos, quien murió en 2014, no era un objetivo de la investigación, ni debería haberlo sido. Pero su reacción de “mi casa” a la Investigación de “Shrimpgate” reveló una mentalidad común de políticos veteranos. Después de años en el cargo, tienden a ver sus posiciones como posesiones personales más que como oportunidades temporales para servir a sus electores.

Esa actitud posesiva a veces se manifiesta en corrupción. Los legisladores y otros políticos toman decisiones con inmensas consecuencias financieras y algunos racionalizan que tienen derecho a compartir la recompensa.

Las contribuciones de campaña son una forma semi legal para que aquellos que se benefician de las decisiones políticas expresen su gratitud, pero pueden ser contraproducentes legalmente si hay un acuerdo abierto. Durante la investigación de Shrimpgate, los políticos del Capitolio fueron atrapados por exigir dinero de campaña como pagos personales a agentes encubiertos del FBI que buscaban legislación para beneficiar a una empresa ficticia de procesamiento de camarones.

Los pagos denominados “behest” son otros. Los grupos de interés se ganan el favor al hacer “contribuciones” a las organizaciones benéficas favoritas de los políticos que a veces dan trabajo a familiares de estos mismos, como detalló la escritora Laurel Rosenhall a CalMatters. Hay límites en las contribuciones directas a las campañas, pero ninguno en los pagos comprometidos. Tardíamente, la Comisión de Prácticas Políticas Justas está promulgando nuevas reglas de divulgación.

Las acusaciones en contra del concejal de la ciudad de Los Ángeles, Mark Ridley-Thomas, confirman que hay corrupción en el sistema político. Ridley-Thomas, quien ha pasado de un cargo a otro durante las últimas tres décadas, está acusado de ayudar a un administrador de la Universidad del Sur de California a obtener importantes contratos del condado a cambio de que su hijo, Sebastian, obtuviera su título de posgrado sin costo y una licenciatura completa.

Ridley-Thomas era supervisor del condado cuando se llevó a cabo la supuesta transacción. Su hijo es un exlegislador estatal que renunció en medio de una investigación por acoso sexual.

California ha experimentado un aumento en la corrupción en los últimos años. Un ex miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles ya está cumpliendo una pena de prisión federal por corrupción y otro está a la espera de juicio.

Las acusaciones de funcionarios y actores políticos en las pequeñas comunidades de la periferia de Los Ángeles son tan comunes que apenas levantan una ceja. El presidente de la Asamblea, Anthony Rendon, llama a su distrito del condado de Los Ángeles un “corredor de corrupción”.

El escándalo Shrimpgate alimentó una campaña exitosa para poner límites a los mandatos de los legisladores estatales, en teoría desalentando las carreras políticas perpetuas que engendran arrogancia y corrupción. Sin embargo, ha habido varios casos de corrupción desde entonces, incluido un senador estatal condenado por participar en un esquema internacional de tráfico de armas.

Ese legislador, Leland Yee, representó a San Francisco, que vive otro escándalo de corrupción.

“En el centro de un caso generalizado de corrupción federal que ha vinculado a funcionarios de la ciudad, contratistas, grupos sin fines de lucro y otros en una red de presuntos sobornos y fraudes, el exdirector de obras públicas fue arrestado en enero de 2020 por presuntamente intentar sobornar a un comisionado del aeropuerto. Su caso aún está pendiente en un tribunal federal”, explicó el periódico San Francisco Chronicle en un reporte acerca del ex director de obras públicas, Mohammed Nuru.

No es raro que el público declare que todos los políticos son delincuentes. No lo son. La mayoría son sinceros y honestos, esté o no uno de acuerdo con sus acciones.

Sin embargo, hay corrupción y florece con mayor frecuencia cuando no hay competencia política significativa, cuando los políticos creen que son dueños de sus posiciones y tienen derecho a participar en la acción, y cuando los perros guardianes no están observando lo suficientemente de cerca.

_

Síganos en Twitter y Facebook.

Siga nuestro canal RSS para artículos en español. 

CalMatters.org es una organización de medios de comunicación sin fines de lucro, no partidista, que explica las políticas públicas y los temas políticos de California.

We want to hear from you

Want to submit a guest commentary or reaction to an article we wrote? You can find our submission guidelines here. Please contact CalMatters with any commentary questions: commentary@calmatters.org

Dan Walters has been a journalist for nearly 60 years, spending all but a few of those years working for California newspapers. He began his professional career in 1960, at age 16, at the Humboldt Times...