En resumen
Los legisladores aprobaron la propuesta Hail Mary que, según dicen, permitirá que UC Berkeley admita a todos los nuevos estudiantes que planeaba aceptar este otoño, anulando el límite de inscripción de un juez. Sin el proyecto de ley, el campus dijo que habría tenido que diferir las admisiones y mover a otros estudiantes a instrucción en línea para cumplir con la orden del juez.
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Los legisladores estatales aprobaron una solución legislativa que, según dicen, sacará a UC Berkeley de su atasco de inscripción y limitará la capacidad de un juez para castigar a las universidades públicas con órdenes similares para limitar su inscripción si superan sus objetivos de población estudiantil.
SB 118 debutó el viernes pasado y navegó hoy por ambas cámaras de la Legislatura. Ahora se dirige al escritorio del gobernador. Si se convierte en ley, entraría en vigencia de inmediato y se aplicaría retroactivamente a UC Berkeley.
¿Por qué estamos aquí?
La propuesta se enfoca en aspectos de la Ley de Calidad Ambiental de California, la cual fue el enfoque de una orden judicial de que UC Berkeley limite su inscripción en el periodo escolar 2020-21. El juez de la Corte Superior de Alameda, Brad Seligman, ordenó el año pasado limitar la inscripción de UC Berkeley para el ciclo escolar 2020-21. Esto debido a que los residentes de la ciudad de Berkeley demandaron a la universidad, desafiando el impacto que tendría el crecimiento de la matrícula de la escuela en los servicios de la ciudad, la escasez de viviendas locales y el ruido.
Esa orden empujó al campus a luchar para tratar de detener la orden del juez y así poder continuar inscribiendo a más estudiantes para el semestre de otoño. Para cumplir con ese mandato, el codiciado campus de la UC ideó un plan para inscribir a algunos nuevos estudiantes y ofrecerles instrucción en línea o hacer que comenzaran en la primavera de 2022, evitando una realidad temida en la que la universidad tendría que reducir en 2,600 estudantes su nueva clase entrante.
La UC buscó revertir ese límite de inscripción, pero la Corte Suprema de California rechazó esa apelación este mes.
El proyecto de ley del Senado haría dos cosas
En primer lugar, busca eliminar la matrícula del campus como un “proyecto” a los ojos de la ley ambiental. La remoción hace imposible que los litigantes desafíen los planes de crecimiento de una escuela al enfocarse únicamente en la inscripción de estudiantes. Los legisladores y algunos expertos legales temían este caso y un el anterior abrió la puerta para que grupos comunitarios pudieran demandar a otras universidades por sus aumentos en la asistencia estudiantil. En cambio, la Legislatura está utilizando una nueva definición: población del campus, en lugar de inscripción de estudiantes, para medir el impacto ambiental de la población escolar. La población del campus puede incluir no sólo estudiantes sino también empleados. La UC ha dicho que es el tercer empleador más grande del estado.
Un analista legislativo le dijo hoy al comité de presupuesto de la Asamblea que la inscripción de estudiantes en dos campus de la UC, UCLA y UC Santa Bárbara, ha superado los planes de desarrollo de esos campus. Ningún campus de la UC ha excedido hasta ahora sus objetivos de población del campus.
Luego, la solución legislativa evita que un tribunal ordene inicialmente un límite de población del campus si un juez considera que un campus excedió sus objetivos de población. En cambio, el juez le diría a un campus de educación superior pública que busque formas de remediar los impactos del crecimiento de la población, como por ejemplo, mediante el aumento de viviendas. Si el campus no certifica el informe de impacto ambiental actualizado dentro de los 18 meses posteriores a una orden judicial, luego, un juez puede establecer un límite de población del campus que está vinculado al documento de planificación más reciente de la escuela, conocido como plan de desarrollo a largo plazo.
Observar la población del campus en lugar de la inscripción de estudiantes no es una solución necesaria para UC Berkeley, pero se considera una forma de proteger la inscripción de estudiantes en el futuro en caso de que un campus tenga que reducir su población general por orden judicial. Un campus podría, por ejemplo, tener menos trabajadores para así poder seguir inscribiendo estudiantes. El proyecto de ley también pretende evitar una situación en la que un campus tenga que reducir su población semanas antes de que comience a admitir estudiantes. La ventana de 18 meses les da tiempo a las universidades para abordar las fallas en sus informes ambientales sin arriesgar las ofertas de admisión a los estudiantes.
El proyecto de ley “logra el equilibrio correcto”, dijeron dos legisladores en una declaración conjunta: Anthony Rendon, presidente de la Asamblea y demócrata de South Gate y Phil Ting, demócrata de San Francisco y presidente del comité de presupuesto de la Asamblea. “El objetivo es asegurarse de que el análisis ambiental de los planes de desarrollo del campus continúe considerando los impactos en la población de la ciudad, al tiempo que brinda a los líderes de educación superior la oportunidad de remediar las deficiencias antes de que se emitan los mandatos de reducción de inscripciones”.
No todos los legisladores estaban contentos. “Desafortunadamente, este proyecto de ley recompensa los errores de la UC”, comentó la asambleísta Luz Rivas, demócrata de San Fernando, quien agregó que el proyecto de ley debería haber pasado por un estudio de política más prolongado. Aún así, respaldó el proyecto de ley para apoyar a los estudiantes.
Una cuestión clave en la demanda que condujo al límite de inscripción es que en el plan de desarrollo a largo plazo de 2005, UC Berkeley dijo que su inscripción sería de alrededor de 33,000 estudiantes en 2020, pero los números actuales dicen que para ese año UC Berkeley tenía inscritos a 43,000 estudiantes. UC Berkeley ha argumentado que ellos no controlan su inscripción, quien se encarga es el sistema de la UC y los legisladores. El juez ordenó a la UC que estudiara los impactos ambientales de ese crecimiento de matrícula y que considerara alternativas para la población de su campus, y mientras tanto limitó la matrícula.
“Este no es realmente un litigio (Ley de Calidad Ambiental de California) descontrolado, sino un caso en el que UC Berkeley ignoró el requisito claro y de larga data de planificar un aumento de la inscripción”, agregó Rivas.
Próximos pasos
Es probable que UC Berkeley tenga que presentar nuevos documentos legales para comenzar el proceso de levantamiento del límite de inscripción, ya sea al juez Seligman o al tribunal de apelaciones que escuchará el alcance total del caso en algún momento de este año. Los legisladores dicen que su legislación permitirá que el campus inscriba a todos los estudiantes nuevos según lo planeado, evitando la necesidad de inscripciones para instrucción en línea y admisiones diferidas.
El grupo detrás de la demanda, Save Berkeley ‘s Neighborhoods, presentará documentos judiciales en protesta por esa medida, dijo Phil Bokovoy, presidente del grupo. Al mismo tiempo, un tribunal puede decidir que el arreglo legislativo actual es inconstitucional, lo que desencadenaría otra batalla legal prolongada.
Hay otros posibles vientos en contra. Incluso si el tribunal acuerda que se debe levantar el límite de inscripción, “no veo cómo se podría desestimar el caso a tiempo para que envíen las cartas de admisión” antes del 24 de marzo, comentó Bokovoy. Esa es la fecha límite que UC Berkeley tiene para informar a los solicitantes si son admitidos (algunas cartas ya se han enviado). Pero la universidad puede tener algo de holgura; en general, los estudiantes de todo el país, incluso en UC Berkeley, no tienen que hacer depósitos para asistir a una universidad hasta el 1 de mayo.
Cuando CalMatters se contactó la semana pasada, UC Berkeley no hizo ningún comentario sobre el enfoque legal que adoptarán si la propuesta se convierte en ley.
El estado necesita más viviendas
“Concentrémonos en el problema real aquí: necesitamos construir más viviendas para estudiantes”, dijo el asambleísta Kevin McCarty, un demócrata de Sacramento que preside el subcomité de presupuesto sobre educación.
McCarty apoyó la solución legislativa y también propuso un proyecto de ley para crear un préstamo sin interés de $5 mil millones para que las universidades y colegios públicos del estado construyan viviendas para estudiantes. Esa cantidad debería crear entre 20,000 y 25,000 camas más. Eso se suma a otros $2 mil millones que el estado planea gastar en viviendas para estudiantes.
Bokovoy, residente de Berkeley, dijo que los campus deberían construir viviendas primero antes de agregar más estudiantes. “Agregar más población al campus antes de resolver los problemas de vivienda tendrá un impacto de por vida en esos estudiantes porque tendrán dificultades para tener éxito mientras estén aquí”, agregó.
Ya un tercio de los estudiantes universitarios luchan contra la inestabilidad de la vivienda y decenas de miles se encuentran sin hogar.
Otra propuesta eximiría ciertos proyectos de vivienda del campus de la ley de calidad ambiental. Otros expertos legales quieren que la ley deje de ver el crecimiento de la población como una forma de contaminación. Los partidarios de la ley dicen que mantiene a las comunidades ambientalmente seguras.
Pero la universidad no es el único actor en el desarrollo de viviendas insuficientes, dijo la senadora Nancy Skinner, demócrata de Oakland y presidenta del comité de presupuesto del Senado. Skinner señaló que los votantes de la ciudad de Berkeley aprobaron una orden en 1973 que restringió severamente la creación de apartamentos. “Nuestros gobiernos locales no están tan dispuestos a construir las viviendas que sabemos que nuestro estado necesita”, concluyó.
Este artículo fue publicado originalmente por CalMatters.
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