En resumen
Un proyecto de ley aprobado por la Asamblea crearía un “campus comunitario” en los terrenos de la prisión donde los reclusos cocinan su propia comida y aseguran trabajos antes de su liberación.
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California tiene un problema de reincidencia.
Dos tercios de las personas encarceladas en el estado regresarán a prisión dentro de los tres años, ya sea por nuevos delitos o violaciones de libertad condicional, según datos del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.
En Noruega, por el contrario, la reincidencia bajó del 60% al 70% en la década de 1980 y actualmente está a aproximadamente en el 20%. El país atribuye el cambio a las reformas que priorizan la rehabilitación sobre el castigo, y a su pregunta sobre la política penitenciaria: cuando los presos son liberados, ¿qué tipo de vecino quiere la sociedad que sean?
Las prisiones en Noruega y partes de Europa Occidental restan importancia a los aspectos institucionales de la vida encarcelada. Los presos pueden usar su propia ropa, cocinar su propia comida y tener una libertad relativa de movimiento dentro de los muros de la prisión.
El asambleísta demócrata Carlos Villapudua de Stockton leyó sobre el modelo noruego el año pasado y ofreció una versión reducida este año para California.
El proyecto de ley, AB 2730, fue aprobado por unanimidad y ahora se dirige al Senado con el apoyo de los defensores de la reforma penitenciaria y el sindicato que representa a los guardias penitenciarios.
La idea es que los presos a los que les queden dos años o menos de sentencia serían elegidos y trasladados a un campus en los terrenos de la prisión donde cocinarían su propia comida, lavarían su propia ropa y tenderían sus propias camas. Y lo más importante para Villapudua, recibirán capacitación laboral en áreas que necesitan más trabajadores.
Para el distrito de Villapudua, eso significa capacitar a los presos para que sean chóferes de trailers y así combatir la escasez de camioneros dispuestos a tomar rutas de larga distancia. Para algunos reclusos, eso significa obtener una licencia de conducir Clase A para conducir camiones grandes antes de ser liberados.
“Así, cuando salen, ya tienen su licencia clase A y saben quiénes son sus jefes”, dijo Villapudua. “Esa es la necesidad desesperada que tiene este sector laboral”.
“Su primera semana, tal vez incluso antes de que salgan, pueden tener un cheque de pago porque (las empresas de camiones) dan bonificaciones por firmar”.
Villapudua comentó que ayudó a cuatro ex encarcelados a obtener licencias Clase A y los conectó con empleadores que, según él, pagan más de $80,000 al año.
Tiene más sentido que los prisioneros sean capacitados durante sus últimos dos años de encarcelamiento en lugar de esperar a que sean liberados y enfrenten sus primeros días fuera de una prisión tratando de encontrar empleo, explicó Villapudua.
La idea de tener esta nueva ley en las prisiones de EE.UU. ha empezado a tomar fuerza y se ha afianzado en varios estados y ha sido apoyada por Prison Law Project, con sede en California, la cual busca llevar a los legisladores a Noruega y así puedan ver de primera mano cómo funciona el proyecto.
En Dakota del Norte, alrededor de una docena de personas encarceladas viven en un tráiler llamado Unidad de Vivienda de Transición, allí tienen sus habitaciones. En Connecticut, pueden tomar un curso de fabricación en un colegio comunitario local. En Idaho, el Proyecto Marshall reportó que un prisionero, un guardia y sus familias fueron a pescar juntos.
“¿Podemos tronar los dedos y convertir las prisiones de California en Noruega? No”, dijo Sharon Dolovich, directora del Programa de Políticas y Leyes Penitenciarias de la UCLA. “Pero este es un paso que se necesita con urgencia para transformar la experiencia del encarcelamiento en lo que realmente se supone que representa”.
A pesar del éxito de Noruega en torno a la reincidencia, el sistema penitenciario llamó la atención internacionalmente en la última década por una razón diferente: Anders Breivik, el hombre que mató a 77 personas en ataques con bombas y armas en 2011, alegó en una demanda de 2016 que estaba siendo maltratado.
Fue entonces cuando la mayoría de la gente se enteró de sus alojamientos: tres celdas separadas, acceso a videojuegos y la libertad de cocinar su propia comida. Según la BBC, construyó una casa de pan de jengibre como parte de una competencia en la prisión.
Eso no es exactamente lo que Villapudua dijo que imaginaba en California.
“La gente siempre piensa que reforma es una mala palabra”, agregó Villapudua. “La clave es separar a las personas que saben que cometieron un error y saben que volverán a ser ciudadanos normales, sin estar allí fingiendo. Si lo finges, vuelves a la población general”.
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Carlos Villapudua
State Assembly, District 13 (Stockton)
State Assembly, District 13 (Stockton)
El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en los comités de asignaciones y seguridad pública de la Asamblea, y nuevamente en el pleno de la Asamblea en mayo.
No viene con dinero adjunto, por lo que si el gobernador lo aprueba y firma, el sistema penitenciario de California tiene que pagarlo dentro de su propio presupuesto, que es de $14.2 mil millones.
Ninguna condena específica descalificaría a los reclusos para participar, algo que Dolovich dijo que es un aspecto importante del proyecto de ley que permite la participación de un espectro mucho más amplio de reclusos.
Villapudua comentó que deliberadamente dejó el programa abierto a todos, no solo a los “no no no”, una frase coloquial que indica a los reclusos con sentencias no violentas, no graves y no sexuales.
“Todo el mundo está dispuesto a eliminar a las mismas personas a las que estamos tratando de ayudar”, explicó Dolovich. “¿Quiénes son estos escurridizos no-no-no?”
No todos los detalles están resueltos, señaló Villapudua, y quedan preguntas. ¿Los reclusos dejarían la prisión para trabajar en el mundo exterior? ¿Pueden conseguir trabajos en los puertos, los cuales requieren verificación de antecedentes?
En una carta de apoyo a la Legislatura, el cabildero de la Asociación de Oficiales de Paz Correccionales de California, Matthew Easley, escribió que el proyecto de ley sería una mejora con respecto a los programas vocacionales que se ofrecen hoy en día. En su carta, se burló de los programas existentes porque a menudo “no tienen conexiones con las necesidades de las comunidades a las que se liberará a los reclusos” y no los preparan para el empleo.
“Incluso con las motivaciones e intenciones apropiadas, las presiones que se encuentran en los compañeros de prisión pueden ser demasiado grandes para mantenerse con buen comportamiento”, escribió Easley el 23 de mayo. “La política penitenciaria a menudo puede ser ineludible cuando los programas y la vivienda se brindan en el mismo entorno para aquellos que no tienen la intención de mejorar”.
Este artículo fue publicado originalmente por CalMatters.
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