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Miles de camioneros inmigrantes en California perdieron sus licencias a principios de este año como resultado de una orden del gobierno de Trump, y muchos más conductores pronto correrán la misma suerte. Se han presentado demandas para recuperar las licencias, pero su resolución podría demorar meses o incluso años.

Un juez federal dictaminó que la Patrulla Fronteriza volvió a infringir las leyes en las redadas de inmigración en California, afirmando que los agentes actuaron "sin tener en cuenta ni cumplir con la ley promulgada por el Congreso".

Steve Hilton y Chad Bianco necesitan dividir el voto casi a partes iguales para dejar a los demócratas fuera de la contienda. ¿Su estrategia? Atacarse mutuamente sin piedad.

Desde las inversiones de los multimillonarios hasta los sueldos de los congresistas, esto es lo que ganaron los candidatos a gobernador de California, según sus declaraciones de la renta. El multimillonario Tom Steyer los eclipsa a todos.

El estado podría incursionar en el negocio de los seguros de construcción para incentivar a los promotores inmobiliarios a construir más viviendas pre-fabricadas, lo que según activistas podría resultar en viviendas más asequibles.

Los legisladores aprobaron una auditoría de tres de los centros de fusión financiados con fondos federales del estado, citando preocupaciones sobre las libertades civiles y la privacidad.

Sólo ciudadanos estadounidenses tendrán acceso a partir de ahora a la financiación de la SBA para pequeñas empresas, que son las que generan la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo en California.

El director de un centro de detención de inmigrantes de gestión privada en el condado de San Diego tiene autoridad para decidir cómo investigar las denuncias de violación. Un supervisor del condado quiere revisar el acuerdo que otorga esa facultad a CoreCivic.

Los estudiantes de esta ciudad costera de San Diego se enfrentan a la contaminación por aguas residuales del Río Tijuana, que provoca dolores de cabeza, asma, erupciones cutáneas y confusión mental.

La administración Trump promulgó una norma que reduciría el salario mínimo para los inmigrantes con visas H-2A, incluidos los trabajadores agrícolas. El sindicato United Farm Workers presentó una demanda, argumentando que el cambio perjudicaría los salarios de todos los empleados agrícolas.