Por Sydney Kamlager, en exclusiva para CalMatters

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Si bien vivimos en un estado con un gobernador defensor del derecho a elegir, incluso en California se siguen observando grandes desigualdades en el acceso a los servicios de aborto a través de los seguros médicos. El aborto legal y seguro se hace disponible, pero sólo en teoría y no en la práctica, si su costo es prohibitivo.

El pasado diciembre redacté la Ley de Accesibilidad al Aborto, Proyecto de Ley de la Asamblea 1973, para evitar que las compañías de seguros cobren por los servicios de aborto.

Una de cada cuatro mujeres en los Estados Unidos tendrá un aborto, según el Instituto Guttmacher, una organización de investigación y políticas públicas comprometida con el avance de la salud y los derechos reproductivos.

Los servicios de atención médica por un aborto cuestan a una paciente unos $500 a las 10 semanas de gestación. Ese costo aumenta significativamente a medida que una mujer se demora en su lucha por pagar el procedimiento. El costo promedio de un aborto a las 20 semanas de gestación es $1,195. Los cargos pueden superar los $3,000 en el caso de seguros con altos deducibles y pueden servir como una barrera humillante o insuperable para el tratamiento.

Fui autora de la legislación unos meses antes de que la COVID-19 arrasara con nuestra economía e impidiera a millones de personas pagar la renta o alimentar a sus familias, y mucho menos gastar $500 o más en un procedimiento médico. Presenté el proyecto de ley en parte porque los oponentes del aborto en las legislaturas estatales de todo el país venían aprobando prohibiciones o severas restricciones al aborto.  Cuando llegó la COVID-19, las actividades legislativas habituales, incluido mi proyecto de ley, quedaron en suspenso. Sin embargo, la pandemia no impidió que los enemigos del aborto aprovecharan el desastre.

Los gobernadores republicanos comenzaron a prohibir el aborto. Al menos 25 estados implementaron la recomendación federal de retrasar los procedimientos quirúrgicos optativos. Los activistas y políticos que se oponen al derecho de elegir en varios estados calificaron al procedimiento como “no esencial” para impedir que las personas tuvieran acceso al aborto. Algunos gobernadores declararon que sus estados no tenían el equipo de protección personal para proveer la atención médica para abortos.  

Les reto a que le digan a una mujer que tiene un embarazo de riesgo o no deseado que el aborto que ella necesita no es un servicio esencial.  Sin duda, los incidentes de violencia sexual no se detienen mientras estamos bajo las órdenes de quedarnos en casa. 

Durante una pandemia, las personas necesitan más acceso al control de la natalidad, al aborto y a otros tipos de atención médica reproductiva, no menos acceso.  Llevar un embarazo a término requiere un promedio de 11 visitas al médico. Es sólo una conjetura, pero imagino que en cada una de esas visitas los médicos necesitarían equipo de protección personal. 

Debido a esas prohibiciones, las pacientes que buscan un aborto están llegando a California para acceder a los servicios. El mismo día que el gobernador de Texas Greg Abbott anunció que consideraba el aborto como algo no esencial, las pacientes de Texas se comunicaron con Planned Parenthood Los Ángeles para reservar citas.

Sin embargo, tener una cita no significa que la persona pueda pagar por el procedimiento. Con el aumento del desempleo –casi el 25% en Los Ángeles, la región que represento– el costo del aborto es una gran barrera para la atención médica. Las barreras a la atención médica afectan de manera desproporcionada a las personas de color, los jóvenes y las mujeres pobres, y perpetúan las disparidades sistémicas a la atención médica. La COVID-19 ya nos ha demostrado cuán pronunciadas son esas disparidades.

La Justicia para la Salud de las Mujeres ACCESS, el único fondo estatal para el aborto en California, tiene una línea telefónica para las personas que navegan por las barreras de la atención de la salud sexual y reproductiva. ACCESS registró un aumento del 5% en las llamadas de personas con copagos o deducibles en 2020, incluso antes de la pandemia. Desde que se emitieron las órdenes de quedarse en casa, ACCESS ha recibido llamadas de personas que han sido suspendidas o despedidas que, a pesar de tener seguro médico, no pueden pagar sus servicios de atención médica.

Si California se compromete a luchar contra los perniciosos ataques a la atención de la salud reproductiva, necesitamos luchar con más fuerza para expandir la atención. Necesitamos ser un refugio para las mujeres de otros estados que se enfrentan con jueces que ignoran los derechos constitucionales de las mujeres. Si California se compromete a reducir las disparidades en atención médica que se han hecho evidentes durante la COVID-19, es necesario que nos aseguremos que el acceso al aborto no dependa del estatus, el privilegio o la cuenta bancaria de la persona.

Solicité al gobernador Gavin Newsom que tome medidas ejecutivas para eliminar el costo compartido para los servicios de aborto de los planes de seguro médico. La atención para el aborto es atención médica, y la atención médica es un derecho humano. Los costos de la atención médica que son prohibitivos e inconsistentes son inaceptables. Espero que ustedes apoyen mi esfuerzo para convertir este proyecto en ley en la próxima sesión legislativa.

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Sydney Kamlager es una demócrata de Culver City que representa al Distrito 54 de la Asamblea,  [email protected] Escribió este artículo de opinión para CalMatters.

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