Por Maurice Obstfeld y Laura D’Andrea Tyson, en exclusiva para CalMatters

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Justo un mes antes del inicio de la pandemia de la COVID-19, los Estados Unidos y California registraban tasas de desempleo históricamente bajas, de 3.5% y 3.9% respectivamente. Con tasas de interés también históricamente bajas, baja inflación y con mercados financieros estables, la mayoría de los pronósticos indicaban que el crecimiento de la producción y el empleo continuaría hasta 2020-21. El pronóstico de enero del gobernador Gavin Newsom también se había basado en un crecimiento continuo en el que proyectaba que el presupuesto del Estado tendría un superávit para el 2020-21.

En pocas semanas, las perspectivas económicas de los Estados Unidos y California se deterioraron drásticamente. Todos los principales sectores de la economía se sumieron en una desaceleración. Al menos una de cada cinco personas está desempleada, y la pérdida de puestos de trabajo recae de manera desproporcionada en los trabajadores de menores ingresos. Según el pronóstico más reciente del gobernador para California, el ingreso personal total caerá un 8.9% en 2020 y no volverá a los niveles de 2019 sino hasta 2023. La tasa de desempleo se mantendrá en niveles de dos dígitos hasta 2023, y las tasas más altas se registrarán entre los trabajadores de menores ingresos más vulnerables y con pocos recursos económicos.   

A finales de 2019, los Estados Unidos y California eran más ricos que nunca, pero había grandes desigualdades en la distribución de las oportunidades y el acceso a la atención médica. Con su efecto negativo desproporcionado sobre la salud y los ingresos de los trabajadores desfavorecidos, la pandemia ha puesto claramente de manifiesto estas desigualdades estructurales. Si no se cuenta con políticas eficaces, es probable que dichas desigualdades empeoren, como ocurrió durante la recuperación tras la Gran Recesión.

A diferencia del gobierno federal, los gobiernos estatales y locales están obligados a cumplir con leyes que les exigen un presupuesto equilibrado. Si no se dispone de fondos federales adicionales, los estados y los gobiernos locales tendrán que aumentar los impuestos o aplicar profundos recortes a los gastos. No hay más opciones, y ambas exacerbarán la recesión. Por otra parte, los recortes de gastos recaerán abrumadoramente en los servicios esenciales en los que los estados gastan la mayor parte de sus ingresos, como la educación, la seguridad y la salud públicas. Mientras la actualización presupuestaria de mayo realizada por Newsom está guiada por una gestión fiscal prudente para proteger estas prioridades, la magnitud de la brecha presupuestaria implica dolorosos recortes de gastos, sin apoyo federal.

En las condiciones actuales, el razonamiento macroeconómico a favor de que los gobiernos estatales reciban fondos federales adicionales significativos es convincente. Si la caída de los ingresos obliga a los estados a frenar drásticamente sus políticas fiscales, hacerlo socavará las propias medidas anticíclicas del gobierno federal, lo que dará lugar a una recesión más profunda, más desempleo y una recuperación más lenta para toda la nación.

Las lecciones de la Gran Recesión confirman estas alarmantes predicciones. Entre 2008 y 2014, los ingresos de los gobiernos estatales cayeron 600 mil millones de dólares, pero estos recibieron tan solo $150 mil millones en ayuda federal. Los Estados se vieron forzados a reducir sus reservas acumuladas, subir los impuestos y recortar el gasto “discrecional”. Estas medidas de austeridad fueron una interrupción importante en el crecimiento y ocasionaron un efecto multiplicador negativo estimado en 1.7 –es decir, cada reducción de 1 dólar en el gasto ocasionó una pérdida de actividad económica de $1.70. Peor aún, dicha austeridad causó efectos duraderos: ni el gasto estatal ajustado a la inflación ni las nóminas de pago estatales y locales volvieron a situarse en los niveles máximos previos a la recesión sino hasta en 2019, justo antes de la aparición de la COVID-19.

Marcados por este trauma, la mayoría de los estados han acumulado sus reservas, las que habían alcanzado niveles máximos históricos para muchos de ellos a principios del año fiscal 2020. En la víspera de la pandemia, la situación presupuestaria de California era sólida, con ingresos históricos, reservas récord que incluían un fondo para gastos imprevistos de 16 mil millones de dólares y un superávit presupuestario proyectado de $5.6 mil millones. En la actualidad, debido a la caída en picada de los ingresos y al aumento de los costos relacionados con la pandemia, el Estado se enfrenta a un déficit presupuestario estimado de 54.3 mil millones de dólares –casi el 37% del fondo general del estado. 

Contar con cuantiosos fondos para gastos imprevistos tampoco es suficiente para llenar los enormes vacíos presupuestarios creados por la pandemia de la COVID-19. Declararse en bancarrota tampoco es una opción para los Estados. La Constitución de los Estados Unidos prohíbe a los gobiernos estatales “menoscabar el cumplimiento de las obligaciones contractuales”, incluidas sus propias deudas. Sin embargo, los municipios pueden declararse en quiebra –y hay buenas razones para preocuparse de que necesiten hacerlo–, desestabilizando así aún más los mercados financieros estadounidenses y mundiales.

Inversionistas en todo el mundo están dispuestos a hacer préstamos a largo plazo al gobierno federal con tasas de interés muy bajas. La Reserva Federal se ha comprometido a realizar compras ilimitadas de valores estadounidenses y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió de las profundas y duraderas consecuencias económicas de que no haya más apoyo fiscal. En las condiciones económicas actuales y previsibles, el gobierno federal puede y debe financiar otro importante paquete de ayuda económica e incluir al menos 1 billón de dólares en financiación flexible destinado a los gobiernos estatales y locales.

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Maurice Obstfeld es miembro del Consejo de Asesores Económicos del Gobernador, y es profesor de economía graduado en 1958 en la Universidad de California, Berkeley; [email protected] Laura D’Andrea Tyson es copresidenta del Consejo del Gobernador de Asesores Económicos y es Profesora Distinguida de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Negocios Haas de la Universidad de California, Berkeley, [email protected] Ambos escribieron este artículo de opinión para CalMatters.

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