In summary
El Fiscal General Xavier Becerra anunció la investigación ya que hay escépticos que desconfían de la policía local, sospechando que las muertes fueron por linchamiento y no por suicidio.
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El Departamento de Justicia de California enviará agentes de policía a Palmdale para investigar la muerte por ahorcamiento de un hombre de raza negra, uno de los dos incidentes similares ocurridos en el alto desierto en las últimas semanas, según anunció esta mañana el Fiscal General Xavier Becerra.
El miércoles pasado, el cuerpo de Robert Fuller, de 24 años, fue encontrado colgado de un árbol cerca del ayuntamiento. Eso ocurrió tan solo 10 días después de que Malcolm Harsch, un hombre de raza negra de 38 años, fuera encontrado colgado de un árbol en la cercana ciudad de Victorville.
El Departamento del Sheriff de Los Ángeles calificó inicialmente la muerte de Fuller como un suicidio. Las familias de Fuller y Harsch rechazan la noción de que los dos hombres se quitaron la vida. Durante el fin de semana, la supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, y la ciudad de Palmdale se unieron a activistas para manifestar que desean que los investigadores del estado investiguen la muerte de Fuller.
Becerra ha accedido a su petición.
Investigadores “evaluarán lo que los investigadores locales han hecho hasta ahora”, declaró en una rueda de prensa. “Lo haremos trabajando con el Departamento del Sheriff (de Los Ángeles), pero también disponemos de la autoridad independiente para hacerlo por nuestra cuenta de ser necesario”.
Becerra se negó a afirmar si el Departamento también iniciará una investigación sobre la muerte de Harsch, que tuvo lugar en el vecino condado de San Bernardino.
Y en un nuevo indicio de que la ola de protestas nacionales contra el racismo y la brutalidad policíaca puede estar cambiando permanentemente el diálogo político en torno a la aplicación de la ley, Becerra también anunció una nueva lista de recomendaciones normativas esta mañana.
Afirmó que apoyaría o patrocinaría legislación que permitiría a los reguladores estatales descertificar a agentes de policía que hayan cometido “faltas graves”, además de legislación “para reexaminar el papel de la policía en lo que respecta a las personas sin hogar y la salud mental en nuestras comunidades”.
Becerra también pidió a los departamentos de policía que exigieran a sus agentes que recibieran capacitación en materia de desescalada, que prohibieran los estrangulamientos y otros tipos de sujeción del cuello, que prohibieran el uso de aerosoles de pimienta en menores detenidos y que sustituyeran las técnicas de “encontrar y morder” y “morder y sujetar” de los perros policía por una estrategia de “rodear y ladrar”.
También pidió a las agencias de policía que establezcan procedimientos en los que la fuerza mortal se utilice sólo como último recurso. Una nueva ley estatal aprobada el año pasado ya revisó las normas para el uso de la fuerza por parte de la policía.
Muchas de las propuestas fueron extraídas de las recomendaciones que la Fiscalía General hizo a Sacramento el año pasado tras el fatal tiroteo de Stephon Clark por parte de la policía.
“Hay movilización entre las fuerzas del orden, hay movilización entre los legisladores, claramente hay movilización entre nuestras comunidades”, declaró hoy Becerra. “Tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto”.
Becerra se ha labrado la reputación progresista de ser combatiente anti-Trump en los tribunales. No obstante, como máximo responsable de la aplicación de la ley en el estado, ha sido mucho más lento a la hora de adoptar legislación que imponga nuevas restricciones a la policía local.
La Fiscalía se ha negado a proporcionar los registros de mala conducta de la policía a los medios de comunicación que los han solicitado acogiéndose a la ley de divulgación del estado de 2018, a pesar de los varios fallos de los tribunales y de la amonestación pública del autor de la ley por no hacerlo.
Becerra y su predecesora Kamala Harris –ambos demócratas y los dos primeros fiscales generales del estado que no han sido personas de raza blanca– tampoco apoyaron leyes anteriores que exigían que la Fiscalía General investigara los tiroteos de la policía, quitándole esa responsabilidad a las autoridades locales.
En parte como resultado, el Departamento de Justicia del estado tiene autoridad limitada a la hora de exigir tales cambios a nivel local. Sin embargo, el anuncio de Becerra se produjo justo un día después de que tres importantes sindicatos de la policía de California respaldaron una serie de reformas similares.
Los sindicatos que representan a los agentes de los departamentos de policía de Los Ángeles, San José y San Francisco anunciaron que apoyarían una normativa nacional sobre el uso de la fuerza, la creación de una base de datos nacional de agentes despedidos por faltas de conducta graves y una formación más amplia en la práctica de desescalada. Los sindicatos dicen que publicarán anuncios a toda página en los principales periódicos del estado y en The Washington Post.
“Los sindicatos de la policía deben erradicar el racismo dondequiera que se presente y expulsar a toda persona racista de nuestra profesión”, afirma una declaración conjunta emitida por los tres sindicatos.
Algunos críticos consideraron que su respaldo es insuficiente, señalando que los departamentos que han adoptado o se han visto obligados a adoptar tales medidas siguen teniendo incidentes de violencia policíaca inaceptables y racistas. Pero a pesar de ello, el patrocinio de un anuncio de este tipo por la policía es un indicador de los cambios que se están produciendo en el debate general sobre el tema.
En Minneapolis, donde el asesinato de George Floyd ha provocado semanas de disturbios, el consejo de la ciudad aprobó una resolución para disolver por completo el departamento de policía y construir una nueva dependencia, desde cero. En Los Ángeles, el alcalde Eric Garcetti acordó destinar 100 millones de dólares del presupuesto de 1,200 millones del departamento de policía a programas de salud y desarrollo económico de la comunidad, rechazando una propuesta de los activistas de Black Lives Matter de recortarle el presupuesto en un 90%. En California y Nueva York, algunos legisladores progresistas se han comprometido a no aceptar más dinero de campaña de parte de los sindicatos que representan a la policía.
Los sindicatos que representan a los agentes del orden público de menor rango han estado tradicionalmente entre los más fervientes opositores de las nuevas restricciones legales o de las mayores medidas de rendición de cuentas impuestas a los agentes. Sin embargo, cuando se habla de la eliminación de los fondos de los departamentos de policía en el debate político general, los grupos que representan a los agentes del orden podrían verse obligados a hacer concesiones para así eludir los cambios más radicales que están ganando terreno en la actualidad.
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