Por Melinda Aiello, en exclusiva para CalMatters

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El tráfico de personas, el abuso de menores y ancianos, la venta de drogas a mano armada, el incumplimiento de la libertad condicional y de la libertad a prueba. Esta es una lista de algunos de los delitos “de bajo nivel” a los que se aplica la nueva política de “fianzas $0” de California, una política que excarcela a los delincuentes y los envía inmediatamente a la comunidad sin poner condiciones (sin evaluaciones de riesgo, sin servicios, sin supervisión y sin garantías).

En abril, el Consejo de la Judicatura de California [Judicial Council], el organismo regulador de los tribunales de California, aprobó unas reglas de emergencia sobre cómo actuar durante la crisis de la COVID-19. Entre estas reglas se encuentra una política de fianzas de aplicación obligatoria llamada “el programa de fianzas en situaciones de emergencia”.   

La Constitución de California garantiza la existencia de las fianzas y el tribunal superior de cada condado establece su propio programa de fianzas. La decisión del Judicial Council exigió que la mayoría de las personas sospechosas de haber cometido delitos menores y delitos mayores fueran excarceladas inmediatamente sin fianza y sin que se les impusiera ninguna prohibición o necesidad de estar en contacto con un oficial de libertad a prueba o libertad condicional. Se trata simplemente de una política de “capturar y liberar”. 

Si bien hay límites que definen quién puede ser excarcelado con la “fianza $0”, la lista de delitos de “bajo nivel” que permite la excarcelación inmediata en la comunidad es larga y alarmante. Esta lista incluye muchos delitos con armas y delitos contra las personas y la propiedad. Salvo algunas excepciones, las personas en libertad a prueba o en libertad condicional pueden incumplir los términos que se les impusieron o cometer otros delitos y seguir siendo excarcelados con una fianza $0.

Como sociedad, nunca podemos perder de vista el hecho de que casi todos los delitos, inclusive los que se denominan de “bajo nivel” tienen una víctima. El mero hecho de calificar un delito como de “bajo nivel” relativiza el impacto muy real que estos delitos tienen en la vida de las víctimas y cómo alteran sus vidas.

Otro aspecto importante que esta política no tiene en cuenta en su totalidad es el hecho de que algunas personas tienen problemas de salud mental o de adicción que son los que conducen a estas personas a tener un comportamiento delictivo.   Cuando estas personas están encarceladas, se pueden evaluar sus necesidades, pueden iniciarse los tratamientos y pueden ser trasladadas a centros para recibir tratamiento.

La excarcelación inmediata nos impide conectar a estas personas con los servicios que necesitan para lidiar con sus problemas y prevenir un comportamiento delictivo recurrente. Esta política no hace nada para proteger a nuestra comunidad, a las víctimas que pueda haber en el futuro ni a los propios delincuentes.

De acuerdo con el Judicial Council, los jueces pueden desviarse del programa de fianzas e imponer una fianza o mantener al delincuente encarcelado si tienen “un motivo fundado para creer que el acusado es un peligro para la seguridad ciudadana”. La policía también puede solicitarlo, pero los jueces son los únicos que pueden otorgarlo de acuerdo a su criterio.

Una de las carencias de este método es que muchas de estas personas son excarceladas antes de comparecer ante el juez, y en muchos casos, la policía carece de la información y de los recursos necesarios para intervenir con rapidez y solicitar que los jueces se desvíen del programa de fianzas.  

Asignar la responsabilidad a las fuerzas del orden público hace que las apartemos de las calles y obstaculicemos su labor de responder a las llamadas de servicio, lo cual, en estos momentos turbulentos, no beneficia a la comunidad. De todos modos, la mayor preocupación es que si una persona es excarcelada en un procedimiento sumario con una fianza $0, será demasiado tarde para que tanto el fiscal como la policía comparezcan ante el juez y soliciten una desviación del programa de fianzas o que se imponga una fianza mayor.

La responsabilidad principal y más importante de todos los gobiernos es brindar la seguridad y protección personal a todas las personas a las que representan. En estos momentos excepcionales, cuando las circunstancias exigen medidas de emergencia, no podemos olvidar que nuestro deber primordial es garantizar la seguridad y la justicia de aquellos a quienes servimos. Este deber debería ser, en todo momento, la estrella que nos guía para lograr la seguridad ciudadana.

La política de fianzas $0 dificulta la labor de los que se dedican a la seguridad ciudadana y desean cumplir con su compromiso sagrado hacia las víctimas y a la seguridad de las comunidades a las que sirven. Somos conscientes de que esta política se implementó de buena fe y como respuesta a una crisis muy real. Sin embargo, es evidente que esta política presenta deficiencias y rogamos al Consejo de la Judicatura que hable con los fiscales y otros socios judiciales para hacer los cambios necesarios que garanticen la justicia para todos.

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Melinda Aiello es una fiscal principal adjunta del distrito de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Yolo, Melinda.Aiello@yolocounty.org. La Sra. Aiello escribió este artículo de opinión para CalMatters.

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