Por Adam Gray y Bill Dodd, En exclusiva para CalMatters

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Hay mucho acerca del futuro de California post-COVID-19 que aún no se sabe. Pero hay algo que sabemos con certeza: Las ciudades de todo el estado han sido afectadas con pérdidas de ingresos sin precedentes, y la próxima ola de daño que llegará con esta pandemia probablemente sea una gran reducción en los servicios públicos que mantienen nuestras comunidades seguras y habitables.

Las ciudades que dependen mucho de los impuestos sobre las ventas y de la ocupación de los hoteles han sido afectadas con particular intensidad, pero ninguna comunidad ha sido ajena a ello. Una encuesta reciente en las ciudades de California muestra que el 90% está evaluando despedir o suspender a los trabajadores, reducir los servicios públicos y, en la mayoría de los casos, ambos. Más del 80% informan que los servicios policiales se verán adversamente afectados.

Para minimizar el daño que se aproxima, California debe tener en cuenta maneras creativas para aumentar los ingresos para financiar los servicios públicos – medidas que ayudarán a que los maestros, policías y bomberos conserven su trabajo, pero que no se arriesgarán a obstaculizar aún más nuestras pequeñas empresas o familias significativamente afectadas.

La Legislatura actualmente está considerando una propuesta, Enmienda 6 Constitucional del Senado, que hemos escrito en forma conjunta, que permitiría que los votantes en noviembre aprueben precisamente esta medida. Mediante la legalización de las apuestas deportivas, los expertos estiman que California podría generar hasta $500 millones de ganancias por año mediante la recaudación de impuestos y la regulación de una actividad en la que actualmente los californianos están apostando ilegalmente un monto aproximado de $10 mil millones por año.

No es una idea radical; ni siquiera es novedosa.  Desde que la Corte Suprema de los EE.UU. resolvió hace dos años que los estados tienen la libertad de legalizar las apuestas deportivas, 22 estados ya lo han hecho, y la mayoría de los demás estados lo están evaluando.

Dados todos los desafíos que han surgido a partir de la crisis del coronavirus, algunos pueden argumentar que es un momento inadecuado para que la Legislatura considere el tema de las apuestas.  Pero las pérdidas de ingresos sufridas por las escuelas, las ciudades, el estado y otros gobiernos locales son reales, inmediatas y graves. Al actuar ahora para terminar con el mercado negro de las apuestas deportivas, California puede generar ganancias desesperadamente necesarias simplemente al regular una actividad que ya se está llevando a cabo.

La enmienda constitucional propuesta – la aprobación requerirá una mayoría de dos tercios de los votos de la Legislatura para ponerlo en la boleta, y luego la aprobación de los votantes – autorizaría a los casinos tribales y a las cuatro principales pistas de carreras de caballos del estado a realizar apuestas deportivas en sus instalaciones y a través de dispositivos móviles. Al igual que en otros estados, establecería una estricta verificación por parte de terceros de la edad e identidad de quienes realizan las apuestas. Se prohibiría la publicidad dirigida a los menores.

Hay algunas diferencias clave entre la propuesta que está siendo considerada en la Legislatura y una posible iniciativa de votación que está siendo apoyada por algunas tribus de juego y los hipódromos. Lo más significativo es que la propuesta en la Legislatura autorizaría las apuestas móviles.

Esa disposición es esencial para convertir un porcentaje considerable del mercado ilegal y generar ingresos significativos para apoyar la educación, la seguridad pública y otros programas públicos fundamentales. Sin apuestas móviles, los analistas fiscales de la Legislatura estiman que las apuestas deportivas legales únicamente generarían “decenas de millones” de ingresos fiscales.

La propuesta que tienen ante sí los legisladores fijaría la tasa impositiva sobre los ingresos de los juegos de azar del 15%, y también fijaría un impuesto para los proveedores en línea que firman contratos con las tribus para proporcionar apuestas móviles.

Además, la propuesta en la Legislatura autorizará a que las salas de juego establecidas en California continúen jugando a los juegos que ya existen.  Para las 51 ciudades del estado, esta disposición es esencial porque los ingresos fiscales provenientes de las salas de juegos forman una parte significativa de sus presupuestos; en una comunidad, aproximadamente el 75% de los fondos generales dependen de los ingresos de las salas de juegos.  Sin esta disposición, la policía, los bomberos y los programas de la red de seguridad en esas comunidades enfrentan recortes devastadores.

Los gobiernos estatales y locales enfrentarán algunas decisiones difíciles de tomar. Los servicios fundamentales serán recortados, algunos programas serán eliminados. La única pregunta que tenemos ahora ante nosotros es la siguiente: ¿Qué podemos hacer para minimizar el daño?

Con respecto al tema de la legalidad de las apuestas deportivas, la respuesta debería ser obvia. Podemos recaudar nuevos ingresos y asegurar los fondos existentes, o podemos enfrentar una realidad en nuestras ciudades que es aún más dura que lo esperado.

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El Asambleísta Adam Gray es un Demócrata de Merced que representa al Distrito 21 de la Asamblea, assemblymember.gray@assembly.ca.gov. También escribió sobre energía hidroeléctrica y vapores. El senador estatal Bill Dodd es un demócrata que representa a Napa y a partes de otros cinco condados, Bill.Dodd@sen.ca.gov. Escribieron este artículo de opinión para CalMatters.

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