In summary

Un legislador de California tiene previsto presentar una legislación que convertiría en crimen las llamadas motivadas por prejuicios raciales al 911.

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Una barbacoa en el lago Merritt en Oakland. Ventas de agua sin permiso. Ambos casos en los que un afroamericano hace algo considerado criminal por un blanco. Ambos casos en los que una persona blanca llamó a la policía.

Ahora, mientras las tensiones raciales continúan en aumento y la nación protesta por la muerte de George Floyd y otros, un legislador de California tiene previsto presentar una legislación que convertiría las llamadas discriminatorias al 911 en un crimen de odio, uniéndose a un puñado de estados en su presión para criminalizar este tipo de llamadas de emergencia. Tres estados ‒Nueva York, Oregon y Washington‒ han promulgado recientemente nuevas leyes.

La propuesta de California “proveería múltiples posibilidades de justicia para las víctimas de llamadas al 911 con propósitos raciales”, dijo el asambleísta Rob Bonta, demócrata de Alameda y autor del proyecto de ley.

Explicó que llamar a la policía cuando no ha ocurrido ningún crimen puede ser “increíblemente peligroso” para las víctimas, ya que los agentes de policía tienen amplia libertad para detener a las personas de manera que puede escalar rápidamente. El proyecto de ley, sin embargo, todavía no está impreso. Bonta dice que todavía está formulando las circunstancias en las que los californianos pueden ser castigados por su parcialidad.

Casos similares de llamadas al 911 por motivos raciales han ocurrido en todo el país. En mayo, una mujer blanca que paseaba a su perro en Central Park llamó a la policía contra un observador de aves afroamericano después de que le pidiera que le pusiera una correa a su perro.

“Voy a decirles que hay un hombre afroamericano que amenaza mi vida”, dijo Amy Cooper, la paseadora de perros, durante el incidente registrado. El gobernador de Nueva York firmó una ley que convierte en delito este tipo de llamadas al 911.

El asambleísta Rob Bonta dice que las llamadas al 911 se “utilizan como violencia” contra los afroamericanos y que los californianos deben entender que ese es un comportamiento “inaceptable”

En California, hacer una llamada falsa a la policía es un delito menor con una multa de $1,000 y hasta un año en la cárcel del condado. Pero actualmente no hay otras protecciones para aquellos que son objeto de una llamada policial por motivos raciales.

En 2017, hubo 28.1 millones de llamadas al 911 en California, según el Orange County Register. Y el área de Los Ángeles manejó 8.5 millones de llamadas tan sólo en ese año. La Patrulla de Carreteras de California es en gran parte responsable de las llamadas al 911 que se hacen desde los teléfonos celulares y a menudo dirige las llamadas de emergencia a las autoridades apropiadas. Quién sería responsable de rastrear este tipo de llamadas sigue sin estar claro. A medida que las demandas para “desfinanciar a la policía” continúan creciendo, siguen las preguntas sobre un mayor papel de la policía. La Asociación de Jefes de Policía de California no hizo ningún comentario sobre la propuesta de Bonta.

Para que un caso pueda calificarse de delito de odio, debe existir una prueba de que la víctima fue objeto de un ataque porque pertenecía a un grupo protegido. Bonta dijo que probar que estas llamadas son crímenes de odio “definitivamente puede ser un desafío”. Señaló el incidente de Central Park como un ejemplo obvio de una llamada por motivos raciales.

“Sabía exactamente lo que estaba haciendo”, dijo Bonta. “No la estaba acosando. Ella estaba llamando por motivos raciales”.

De hecho, en algunas de las regiones más progresistas de California es donde aparecen casos obvios de prejuicios raciales. En el área de la bahía, un hombre identificado como Mali Watkins fue detenido por la policía en mayo después de que la policía recibió una llamada sobre alguien que bailaba en la calle. Las imágenes de la cámara corporal durante el arresto muestran a un agente llamando “Jazzercicio” [ejercicios de Jazz] a los movimientos de Watkins.

“Parece que estabas bailando. Te estuve observando un rato, es como el Jazzercicio“, dice un agente en la grabación.

En 2018, una mujer llamó a la policía por el uso de una parrilla de carbón en el lago Merritt en Oakland. En otro incidente ese año, una mujer en San Francisco llamó a la policía por una niña de 8 años que vendía agua sin permiso.

Bonta dice que, en todo caso, se necesita un proyecto de ley para reconocer que este comportamiento es inaceptable y perjudica a las personas. “Son incidentes en los que no es necesario llamar a la policía”, dijo.

Incluso si el estado no actúa, las jurisdicciones locales avanzan hacia el cambio. Los Ángeles y San Francisco abogan por una legislación basada en el prejuicio racial. En el condado de Santa Clara, algunos funcionarios locales quieren que el racismo sea declarado una crisis de salud pública.

Para los californianos que son víctimas de llamadas racistas al 911, puede ser difícil demandar.

“Es difícil reclamar daños y perjuicios”, dijo Laura Gómez, una profesora de derecho de la universidad UCLA. “Es difícil encontrar un abogado dispuesto a tomar ese caso porque no habrá mucho dinero para recuperar”.

Aunque hay excepciones, incluyendo una en Los Ángeles. En 2014, el juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, David S. Cunningham, llegó a un acuerdo con la universidad UCLA después de que Cunningham alegara malos tratos y perfiles raciales por parte de la policía del campus. UCLA acordó pagar $500,000, aunque Cunningham originalmente presentó una demanda de $10 millones.

Y, después de un arresto en 2015 por el Departamento de Policía de Nueva York, Thabo Sefolosha, un jugador de baloncesto de la NBA, llegó a un acuerdo con el departamento por 4 millones de dólares. Sefolosha dijo que la policía causó lesiones durante su arresto, incluyendo una fractura de peroné y daños en los ligamentos.

Aun así, el acceso sigue siendo un problema para muchos californianos. Bonta dijo que su proyecto de ley daría a las víctimas de las llamadas al 911 más opciones legales. Añadió que debe haber consecuencias para las personas que hacen las llamadas al 911 por motivos raciales.

“No vamos a tolerar estos actos”, dijo.

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Elizabeth is a general assignment reporter for CalMatters. She graduated from Chico State with a bachelor's degree in journalism. While in college at Chico, Elizabeth did internships with the local NPR...