In summary
Si este estado es el laboratorio de la nación para las leyes progresistas, ¿por qué no ha sido capaz de evitar que la policía se controle a sí misma?
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Si los agentes hubieran disparado y matado a Sean Monterrosa en Connecticut o Nueva York ‒en lugar de en Vallejo, California‒ una agencia estatal investigaría el incidente del 2 de junio, cuando un agente de policía supuestamente confundió un martillo en la sudadera del hombre latino de 22 años con una pistola y disparó a través del parabrisas de su patrulla.
Si los agentes hubieran disparado y matado a Michael Thomas en Georgia ‒en lugar de en Lancaster, California‒ un gran jurado podría investigar la afirmación del agente del alguacil del condado de Los Ángeles de que Thomas extendió la mano para alcanzar el arma del agente durante una llamada por disturbios domésticos dentro de la casa del hombre afroamericano de 62 años de edad el 11 de junio.
Si los agentes hubieran disparado y matado a Sunshine Sallac en Utah, Wisconsin o Illinois ‒en lugar de en Lake Forest, California‒ una agencia externa investigaría el incidente del 24 de junio, en el que los agentes del alguacil del condado de Orange respondieron a una llamada por robo residencial y abrieron fuego contra la mujer de 22 años, de ascendencia asiática, que según dijeron estaba de pie al otro lado de la calle con un arma.
Sin embargo, en los tres casos y en docenas de otros casos ocurridos en California en los últimos años, los departamentos que contrataron y entrenaron a los agentes implicados en los tiroteos mortales determinarán el siguiente paso. Es el protocolo estándar en este estado, a pesar de que muchos legisladores, políticos locales, las familias de las víctimas y, en algunos casos, los propios representantes de las fuerzas del orden siguen instando a que se ejerza un mayor escrutinio externo.
Al tiempo que el país contempla las ramificaciones a nivel nacional de los últimos nueve minutos de vida de George Floyd en Minneapolis, California tiene su propia versión de la interrogante: Si este estado es el laboratorio de la nación para las leyes progresistas, ¿por qué no ha sido capaz de evitar que la policía se controle a sí misma?
“Esto es realmente una vergüenza para California”, dijo el asambleísta demócrata Kevin McCarty de Sacramento, quien intenta, por tercera vez en cinco años, aprobar una ley que requiere que el fiscal general del estado investigue los incidentes mortales con agentes de policía. “Creo que es una reforma de sentido común que debería ser aprobada este año en California.”
Sin embargo, los tres últimos fiscales generales de California ‒incluido el exgobernador Jerry Brown y los dos primeros fiscales generales de color del estado, Kamala Harris y Xavier Becerra, todos demócratas‒ se han mostrado reacios a asumir esta responsabilidad, a pesar de que ya tienen la autoridad para hacerlo.
“No tenemos ni el equipo ni los recursos para asumir ese papel para los 58 fiscales del distrito”, declaró Becerra en respuesta a una pregunta de CalMatters durante una conferencia de prensa el miércoles. “En ocasiones limitadas, lo hacemos. Y normalmente es porque un fiscal de distrito o su oficina debe recusarse a sí mismo de la acusación o decisión por algún conflicto. O porque hay un abuso de discreción por parte de la oficina del fiscal. O alguna otra circunstancia sumamente extraordinaria”.
La supervisión del Estado, ¿sólo por invitación?
Sin embargo, la propuesta de ley 1506 para la Asamblea de McCarty, que el Senado de California debe considerar cuando la Legislatura regrese de su descanso, es más modesta que las anteriores iteraciones que ha llevado a cabo y que han fracasado. Renunció a la idea de requerir que el fiscal general supervise las investigaciones de cada incidente mortal con la policía.
En su lugar, la versión de este año crearía una nueva división dentro del Departamento de Justicia del estado para investigar incidentes mortales con la policía sólo si la agencia de policía local o el fiscal de distrito realmente solicitara dicha investigación. La nueva división también tendría la responsabilidad de procesar cualquier irregularidad que descubra.
La idea sigue el patrón de las leyes de otros cinco estados: Wisconsin, Illinois, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.
Hasta ahora, otros 43 legisladores han copatrocinado la nueva medida y McCarty confía en que, a diferencia de sus intentos anteriores, los fiscales de distrito electos localmente apoyarán su legislación en lugar de oponerse a ella, ya que ha solicitado su opinión. La Asociación de Fiscales de Distrito de California estaba programada para votar el 9 de julio, pero lo pospuso una semana para seguir trabajando con McCarty en las enmiendas, dijo Vern Pierson, el presidente de la asociación y el fiscal del condado de El Dorado.
¿Pero qué hay de Becerra, cuyo departamento sería responsable de asumir las investigaciones relacionadas con la fuerza letal?
Hasta ahora, se niega a responder a la pregunta. El miércoles, Becerra dijo que no le habían informado de la última versión del proyecto de ley, “así que sería difícil para mí decirle la postura del Departamento de Justicia en este momento”.
El proyecto de ley pendiente dice que, si la Legislatura no crea nuevos fondos para esto, el Departamento de Justicia todavía tiene que crearlos a partir de los fondos existentes, lo que probablemente sea una perspectiva más asequible dado el número limitado de casos en que las autoridades locales solicitarían la participación del Estado.
Al menos un fiscal local frustrado querría ver un mandato.
El mes pasado, la fiscal del condado de Solano, Krishna Abrams, anunció en Facebook que le pidió a Becerra que se hiciera cargo de la revisión del tiroteo del mes pasado con la policía de Vallejo contra Monterrosa, y que su oficina denegó su petición.
Según el relato del departamento de policía, sus agentes respondieron al saqueo en un Walgreens, donde un agente vio a un hombre con una sudadera encapuchada agacharse en el estacionamiento y alcanzarse la cintura. El agente disparó su arma cinco veces a través del parabrisas de su vehículo y alcanzó al hombre una vez. El hombre, identificado como Monterossa, un residente de 22 años de San Francisco murió en un hospital local. Los investigadores encontraron más tarde un martillo de 15 pulgadas en el bolsillo de su sudadera, pero no un arma.
El tiroteo de la policía contra Monterrosa ocurrió en un momento de tensión para las fuerzas del orden estadounidenses. Los asesinatos por parte de la policía de Floyd en Minnesota, Breonna Taylor en Kentucky, Ahmaud Arbery y Rayshard Brooks en Georgia, y la represión enérgica de las manifestaciones por parte de los agentes, obligaron una vez más al país a examinar detenidamente la violencia policial, en particular contra los residentes afroamericanos y latinos.
También fue la última de una serie de polémicas sobre la conducta de la policía de Vallejo.
Tres días después de la muerte de Monterrosa, el Ayuntamiento de Vallejo pidió a la oficina de Becerra que revisara el tiroteo. El Departamento de Justicia accedió a auditar las prácticas y políticas del departamento, pero se negó a hacerse cargo de la investigación del tiroteo.
“Dada la totalidad de las circunstancias, es difícil discernir por qué la Oficina del Fiscal General es reacia a asumir la responsabilidad en este caso cuando ambas oficinas están de acuerdo en que la confianza de la comunidad en el proceso es de vital importancia”, escribió Abrams en la publicación de Facebook del 23 de junio.
Un portavoz del Departamento de Justicia del estado que se negó a identificarse escribió en un correo electrónico sin firmar que el departamento ofreció proporcionar personal adicional para ayudar con la revisión del fiscal de distrito de Solano, pero no tiene los fondos o el personal para investigar cada tiroteo en el que participen agentes de policía en todo el estado.
“En ausencia de un conflicto de intereses, un abuso de discreción u otras circunstancias excepcionales, el Departamento de Justicia de California no asume la responsabilidad de las investigaciones locales o los enjuiciamientos que normalmente manejan las autoridades locales”, escribió el portavoz. “Confiamos en la capacidad de la fiscal Abrams para completar plena y justamente la investigación que tiene ante sí”.
Abrams sostiene que esas “circunstancias excepcionales” se debieron a la avalancha de llamamientos a favor de una investigación independiente por parte de la comunidad y de los funcionarios estatales y locales. “Si bien confío en que mi oficina puede hacer una revisión justa y exhaustiva de todos los agentes implicados en los tiroteos, en este momento se necesita una revisión independiente para restablecer la confianza del público y proporcionar credibilidad, transparencia y una importante supervisión”, escribió.
Becerra reiteró los argumentos de su departamento el miércoles.
“No tenemos ni el equipo ni los recursos para asumir ese papel para los 58 fiscales del distrito”
El Fiscal General de California, Xavier Becerra
“Estamos preparados, si hay un conflicto por parte de su oficina al tratar de manejar este asunto o si viola su discreción, entonces ciertamente, los habitantes del condado de Solano que votaron por el fiscal del distrito tienen derecho a saber que alguien más se hará cargo para asegurarse de que es un proceso justo”, señaló. “Pero sin esas normas, esencialmente estaríamos sustituyendo a los 58 fiscales y no tenemos la capacidad para hacerlo”.
En cuanto a si el fiscal general, como principal fiscal electo del estado, llegaría a conclusiones jurídicas diferentes de las de los fiscales electos localmente, eso no ocurrió el año pasado, cuando Becerra anunció que él también no enjuiciaría a dos agentes de Sacramento que dispararon mortalmente a Stephon Clark en 2018.
Tanto la fiscal del condado de Sacramento, Anne Marie Schubert, como Becerra determinaron que el disparo al hombre afroamericano desarmado era legal, aunque determinaron que los agentes de policía no se anunciaron cuando doblaron por una esquina sin salida en busca de un vándalo y abrieron fuego contra Clark, que estaba en el patio trasero de sus abuelos sosteniendo un teléfono móvil.
Según el proyecto de ley de McCarty, la Oficina del Fiscal General asumiría esencialmente el papel de los fiscales electos localmente, revisando las investigaciones de fuerza letal por parte de la policía y decidiendo si se debe procesar.
Lo que han hecho otros estados
Ningún estado ha sido inmune a las históricas protestas civiles que la muerte de Floyd y otros polémicos asesinatos policiales han provocado, pero varios han tomado medidas para que las fuerzas del orden rindan cuentas.
Utah, Illinois y Wisconsin requieren que personal de agencias externas investigue los casos de uso de la fuerza. Connecticut prohíbe a los departamentos de policía contratar a agentes que fueron despedidos por mala conducta o que renunciaron o se retiraron mientras estaban siendo investigados por mala conducta. Colorado requiere que los departamentos de policía compartan información sobre los agentes que incurrieron en mala conducta o que se representaron mal con otros departamentos del estado.
Aunque ningún estado ha promulgado un mandato amplio para que todos los agentes del orden público lleven cámaras corporales, Carolina del Sur exige que los departamentos de policía requieran cámaras corporales si el estado las financia, y Nevada exige que los agentes uniformados que interactúan habitualmente con el público las lleven.
California sólo requiere eso de su Patrulla de Carreteras.
Desde la muerte de Floyd en el Día de la Recordación, 31 estados han presentado 307 proyectos de ley relacionados con la aplicación de la ley, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. California está considerando seis proyectos de ley, entre ellos las propuestas de prohibición de los estrangulamientos y otros tipos de sujeción del cuello, y contra el uso de proyectiles de energía cinética o armas químicas para disolver manifestaciones.
California sólo requiere eso de su Patrulla de Carreteras.
Desde la muerte de Floyd en el Día de la Recordación, 31 estados han presentado 307 proyectos de ley relacionados con la aplicación de la ley, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. California está considerando seis proyectos de ley, entre ellos las propuestas de prohibición de los estranguladores o de las sujeciones carotídeas, y contra el uso de proyectiles de energía cinética o armas químicas para disolver manifestaciones.
Los poderosos sindicatos de las fuerzas del orden de California se muestran dispuestos a aceptar algunos cambios.
La Asociación de Jefes de Policía de California se ha sumado tanto al proyecto de ley de investigaciones sobre la fuerza letal de McCarty como al proyecto de ley sobre la contención de la carótida, mientras que la Asociación de Investigación de Agentes de Paz de California, la mayor federación profesional de organismos de aplicación de la ley locales, estatales y federales del estado, ha pedido incluso que se establezca en todo el país una norma de uso de la fuerza similar a la que California adoptó el año pasado. La federación profesional de aplicación de la ley más antigua del estado, la Asociación de Agentes de Paz de California, no ha adoptado una postura sobre la propuesta de prohibición de la retención de la carótida, pero su subdirector reconoció que es probable que el gobernador firme el proyecto de ley si llega a su escritorio.
Si bien ninguna de las dos organizaciones de agentes ha adoptado una postura sobre el proyecto de ley de investigaciones de fuerza mortal de McCarty, parece que no les preocupa la idea de una supervisión ocasional.
“No tenemos ningún problema con que la oficina del Fiscal General venga (lo que ya puede hacer ahora) a hacer una investigación independiente, especialmente a petición de una agencia”, escribió el subdirector de la Asociación de Agentes de Paz, Shaun Rundle, en un correo electrónico. “Lo que no queremos ver, es un intento de excluir a las agencias locales del proceso sin darles la oportunidad de llevar a cabo una investigación local [exhaustiva]. Afortunadamente, el AB 1506 no hace eso”.
Eso podría ser un problema, dijo George Gascon, ex fiscal de San Francisco que ahora hace campaña para el mismo puesto en el condado de Los Ángeles.
Cuando era fiscal de distrito en San Francisco, Gascón estableció una división en su oficina para investigar y procesar los casos de uso de la fuerza. Indicó que contrató a investigadores de homicidios experimentados que no son de San Francisco para llevar a cabo las investigaciones y a exabogados de derechos civiles y defensores públicos para determinar si el procesamiento tenía mérito. La única deficiencia es que la unidad todavía sigue respondiendo a él.
“Debe estar completamente separada de la policía local”, dijo Gascón. “Llegamos tan cerca como pudimos”.
La razón, dijo Gascón, es la percepción del público de que los fiscales trabajan muy de cerca con los policías que se les pide que investiguen.
Gascón dijo que también tiene dudas de que la naturaleza voluntaria del proyecto de ley de McCarty funcione, ya que es poco probable que la policía que investiga los casos de uso de la fuerza y los fiscales que los revisan soliciten el escrutinio.
“No aborda un problema básico: hay mucha gente que no va a pedir eso”, señaló. “Tienes que quitarle a la policía la posibilidad de investigarse a sí misma, de la misma manera que tienes que quitarles a los fiscales de distrito locales la posibilidad de hacer esa llamada” sobre si se debe procesar.
En casi todos los encuentros fatales con las fuerzas del orden en California, el organismo que tiene jurisdicción en el lugar donde se produjo el asesinato es el responsable de investigarlo. Si bien esto puede tener sentido geográfico, significa que los organismos encargados de hacer cumplir la ley suelen investigar la conducta de sus propios agentes.
Los fiscales electos localmente examinan luego ‒pero a menudo no hacen una investigación externa‒ las investigaciones realizadas para determinar si los agentes cometieron algún delito y si eso puede probarse más allá de toda duda razonable.
Si los investigadores iniciales interrogan a los testigos o manejan mal las pruebas, poco puede hacer una revisión externa para corregir una investigación comprometida, dijo Gascón. “El tiempo más crucial en esta investigación… son las primeras 10, 12, 24 horas”, dijo Gascón. “Si no lo haces muy bien al principio, es muy difícil arreglarlo posteriormente.”
McCarty agregó que también quiere que su proyecto de ley dé a los departamentos de policía vecinos algún papel en las investigaciones iniciales, para que los agentes que utilizaron la fuerza letal no sean investigados únicamente por los departamentos que los emplean. Pero no descarta la participación de la agencia de policía cuyos agentes utilizaron fuerza letal. Una razón, dijo: Probablemente tomaría días para que una agencia local solicite la participación de la Oficina del Fiscal General ‒dejando esas primeras horas cruciales de la investigación en el aire.
“Es cierto, sigue siendo la policía”, dijo McCarty, “pero no es la misma jurisdicción”.
California ha visto 65 muertes por disparos de la policía en la primera mitad de 2020, según la base de datos del Washington Post. Más de un tercio de las víctimas fueron identificadas como latinos, el 40% supuestamente poseía un arma y casi la mitad huyó de la escena, según la cobertura de prensa de los informes policiales. Sin embargo, las imágenes de las cámaras corporales sólo estaban disponibles en ocho casos, lo que significa que los agentes responsables de tomar una vida fueron los que relataron lo sucedido.
Incluso con la aprobación de la histórica legislación sobre el uso de la fuerza el año pasado, California está en camino de 124 tiroteos fatales de la policía este año, teniendo en cuenta los promedios estacionales. Eso es menos que la marca de 135 alcanzada el año pasado, pero más que los 114 disparos fatales en 2018.
Esto no incluye otras muertes que ocurren en custodia de la policía, que alcanzaron un pico de 10 años en 2018 antes de disminuir ligeramente el año pasado, según el registro del Departamento de Justicia de California.
“Sólo queremos una dirección clara de los políticos sobre cómo debe ser la labor policial. Si los políticos quieren decir, ‘Dejen que la gente queme los edificios’… podemos trabajar con eso.”
Presidente de la Asociación de Investigación de Agentes de Paz de California, Brian Marvel
Brian Marvel, presidente de la Asociación de Investigación de Agentes de Paz de California, que contribuyó con 1.6 millones de dólares durante el ciclo electoral 2017-18, incluyendo 1,500 dólares para la reelección de Becerra, dijo que su grupo quiere asegurarse “de que los fondos están ahí” para que el fiscal general asuma el papel de supervisión más amplio que la legislación de McCarty propone. En cuanto a los proyectos de ley que restringen el uso de la retención de la carótida y el gas lacrimógeno por parte de los agentes de policía, Marvel dijo que él y sus colegas sólo quieren órdenes precisas.
“Sólo queremos una dirección clara de los políticos sobre cómo debe ser la labor policial”, dijo Marvel. “Si los políticos quieren decir, ‘Dejen que la gente queme los edificios’… podemos trabajar con eso.”
Los que abogan por ello dicen que este año presenta una oportunidad para un cambio significativo. McCarty señaló que si un republicano incondicional como el exgobernador de Wisconsin Scott Walker puede firmar un proyecto de ley que obligue al estado a revisar las muertes en que estén involucrados agentes del orden (aunque no proporcionó inmediatamente fondos para su nueva ley), “¿Entonces por qué no puede hacerlo California?”.
Pero con preguntas persistentes acerca de si el proyecto de ley de McCarty aún en evolución proporcionará ese cambio radical, Gascón ofrece una advertencia para los legisladores que no avancen como requiere este momento.
“Si se crea una ley a medias, se pierde todo impulso y entonces es difícil de recuperar”, dijo. “Sería como una muerte lenta”.
Raheem Hosseini es un periodista que colabora con CalMatters.
Este artículo ha sido revisado para corregir la ortografía del nombre de Shaun Rundle.
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