In summary
El desorganizado sistema de reingreso de California está luchando por encontrar alojamiento y servicios para los ex presos. “Lo que hizo esta pandemia fue poner en evidencia las insuficiencias del sistema”, dijo un director del programa.
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Christopher Scull tiene recuerdos vívidos del principio del verano en la Prisión Estatal de San Quentin. Durante el peor momento del brote de coronavirus en la prisión, que ha infectado a más de 2,200 presos, parecía que la sirena de “hombre caído” sonaba cada media hora, señalando una emergencia médica. Los otros presos caían al suelo mientras el personal pasaba apresuradamente, sacando a un preso enfermo en silla de ruedas o en camilla.
Desesperados por controlar el brote en las cárceles superpobladas de California, los funcionarios estatales abrieron las puertas a miles de prisioneros como Scull, incluso, en muchos casos, antes de las fechas programadas de liberación.
Scull, quien dio positivo para el virus en junio pero tenía síntomas menores, fue liberado de San Quentin a mediados de julio después de cumplir 22 años de condena por secuestro de automóvil y robo. Él dijo que los funcionarios adelantaron su liberación varias semanas, enviándolo a un motel en Gardena, en el sur de Los Ángeles, para cumplir con la cuarentena y recuperarse.
Desde el comienzo de la pandemia hasta fines de este mes, en California se liberarán más de 11,000 presos anticipadamente — en su mayoría delincuentes no violentos con menos de un año de condena — reduciendo la población de la prisión al nivel más bajo de los últimos 30 años.
Abrumado por el volumen, el desorganizado sistema de reingreso de California está luchando por encontrar transporte, alojamiento, comida y otros servicios para los presos liberados, muchos de los cuales estuvieron expuestos al virus.
Hasta esta semana, el estado había liberado más de 300 presos que se sabía que estaban infectados.
Scull, 42, no tuvo tiempo para finalizar su plan de libertad condicional antes de ser liberado.
“Fue muy caótico,” dijo Scull. “Todo mi equipo de apoyo, mi empleo, todo está en el Área de la Bahía”. Pero lo llevaron al motel en Los Ángeles con poca supervisión u orientación sobre qué hacer. “Cuando me liberaron, yo mismo me encargué de localizar al agente de libertad condicional,” dijo.
Mientras estaba aislado en la habitación del hotel, Scull salió una vez: “Fui a In and Out. ¡Vaya, fue estupendo!” dijo.
Las asociaciones sin fines de lucro, los funcionarios de libertad condicional del condado y los funcionarios estatales no estaban preparados para lidiar con la afluencia de personas liberadas en moteles, hogares grupales y en la comunidad.
“Yo tenía amigos que protestaban diciendo: ‘Déjenlos salir a todos’. Yo dije, ‘Ustedes no entienden. No hay un sistema afuera que pueda manejar esto,’” dijo Judith Tata, directora ejecutiva del Programa de Reingreso de California, que brinda servicios de libertad condicional y de pre-liberación a presos de San Quentin. “Hay personas que eran vagabundas cuando las arrestaron. Tienen enfermedades mentales, problemas de consumo de drogas y las estamos liberando anticipadamente sin servicios sociales”.
Tata dijo que su programa recibía cartas de personas en prisión pidiendo ayuda para conectarse con los servicios del exterior, pero para cuando pudieron responder, los hombres ya estaban fuera.
El brote en la prisión comenzó a fines de mayo, cuando el departamento correccional transfirió presos enfermos desde California Institution for Men en Chino a San Quentin y a otros centros.
Se liberaron aproximadamente 9,500 presos de las prisiones estatales desde el 1 de julio al 6 de agosto; casi la mitad fueron liberaciones anticipadas, según el departamento correccional.
“Pero no teníamos preparada esa infraestructura,” dijo Sam Lewis, director ejecutivo de la Anti-Recidivism Coalition, una asociación sin fines de lucro ubicada en Los Ángeles. “Esto sucedió muy rápido y ha habido éxitos porque muchas de las organizaciones comunitarias han estado actuando con sus propios recursos”.
Su organización estima que cuesta $650 transportar a una sola persona a un centro de alojamiento, incluyendo el millaje, la comida, el equipo de protección, la ropa y el salario de los empleados. Los donantes privados ayudaron a pagarlo, pero ahora habrá más fondos estatales disponibles, dijo él.
“Esto ha estado sucediendo desde siempre,” dijo Tata. “Lo que hizo esta pandemia fue poner en evidencia las insuficiencias del sistema”.
Hasta esta semana, aproximadamente 9,000 presos de California han dado positivo para el virus y más de 50 han muerto, según el departamento correccional. Los 2,200 infectados en San Quentin equivalen a más de dos tercios de su población actual.
Las prisiones son un lugar sumamente peligroso para la propagación de la enfermedad.
Los prisioneros de los EE.UU. dieron positivo con una tasa cinco veces mayor que el público en general, según un estudio de julio elaborado en conjunto por el Proyecto de Datos COVID-19 Behind Bars de la Facultad de Derecho de la UCLA.
“Había personas que eran blancos fáciles,” dijo Sharon Dolovich, la profesora de Derecho que dirige el proyecto de datos. “Hay un montón de personas vulnerables que necesitan salir,” dijo Dolovich. “Entonces hay un sector en el reingreso que está sobrecargado de trabajo y con fondos insuficientes”.
Pero en última instancia, dijo, el estado tenía que detener el brote, incluso si eso significaba días difíciles para los proveedores de reingreso.
“Cuando la casa está en llamas, debes sacar a la gente,” dijo Dolovich, repitiendo una frase que escuchó de un colega. “No dejas a alguien en una casa incendiada esperando a que tenga un lugar para estar”.
“Cuando la casa está en llamas, debes sacar a la gente”
SHARON DOLOVICH, PROYECTO DE DATOS COVID-19 BEHIND BARS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UCLA
Se supone que los ex presos de un centro con un brote deben permanecer en cuarentena durante dos semanas, a menudo en una habitación de hotel, antes de ir a una vivienda de transición o a la comunidad.
“Por motivos de salud pública, no podemos ubicar a nadie que sea positivo para COVID-19, o que se identifique que ha estado expuesto, a un programa de reingreso en la comunidad,” dijo Dana Simas, portavoz del departamento en un correo electrónico de respuesta a las preguntas.
El departamento depende de asociaciones sin fines de lucro y de organizaciones comunitarias para proporcionar programas de reingreso y está ampliando sus contratos con ellos, dijo Simas. También hay fondos estatales para las necesidades adicionales de vivienda.
Ha habido cierta preocupación por la posibilidad de que los ex presos propaguen el virus a través de las comunidades. Pero los funcionarios del departamento correccional dijeron que no pueden obligar a los ex presos a permanecer en cuarentena. “El CDCR (Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California) no está autorizado a ordenar una cuarentena como una condición especial de libertad condicional porque no está relacionada con la conducta delictiva ni con la futura delincuencia,” dijo Simas.
CalMatters consultó a los departamentos de salud pública de los 10 condados más poblados de California sobre el rastreo de ex presos. La mitad respondió y dijo que no había indicios de propagación en la comunidad relacionados con las liberaciones.
Desde mediados de julio, el estado había estado haciendo pruebas a todos los presos “no más de siete días antes de su liberación,” dijo Simas. “Además de las pruebas de laboratorio, estamos realizando pruebas de COVID-19 de respuesta rápida en el punto de atención antes de la liberación de los individuos”.
CalMatters habló con dos ex presos liberados justo antes de que esos protocolos entraran en vigencia. Ambos dijeron que no fueron examinados en la semana anterior a su liberación.
Chanthon Bun, 41, dijo que se negó a que le hagan la prueba antes de salir de San Quentin porque le preocupaba que eso pudiera retrasar su liberación. El lugar de las pruebas estaba tan lleno de gente que si no tenía el virus le preocupaba contagiarse mientras estaba allí.
Bun salió en julio en la fecha regular de su libertad condicional. En ese momento, dijo que tuvo síntomas del virus durante varios días, incluyendo fiebre y escalofríos.
“Todos en mi edificio en San Quentin tenían COVID,” dijo Bun.
Bun, un refugiado camboyano a quien le preocupaba que lo atrapen las autoridades federales de inmigración después de su liberación, dijo que rechazó la oferta de una habitación de hotel para la cuarentena y, en lugar de eso, se subió a un autobús hacia San Francisco. Dijo que allí se encontró con defensores y con su abogado que lo llevaron a realizarse una prueba de coronavirus — dio positivo — y luego lo llevaron a una iglesia del Área de la Bahía donde permaneció en resguardo recuperándose.
“Realmente pensé que me iba a morir,” dijo. Luego de semanas con fiebres de 105 grados y dificultad para respirar, finalmente dio negativo.
Otro preso, James Wortham, que pasó 35 años detrás de las rejas, dijo que si no hubiera sido por la asociación sin fines de lucro California Reentry Institute se habría perdido después de salir. El instituto le ayudó a obtener una tarjeta de seguro social y un certificado de nacimiento y le brindó apoyo emocional durante la transición.
Wortham, 54, trabajó en el hospital de la cárcel, pero solamente le hicieron dos veces la prueba contra el coronavirus, y la última prueba que dio negativo fue más de dos semanas antes de que lo liberen a principios de julio. “Cuando me fui, no me hicieron ninguna prueba,” dijo.
Collette Carroll, directora ejecutiva y presidente del California Reentry Institute, dijo que un funcionario de libertad condicional iba a enviarle a un hombre para una vivienda de reingreso. Cuando ella le dijo que él tenía COVID positivo, lo enviaron a cuarentena en un hotel.
“Hay tanta confusión”, dijo ella.
Los departamentos locales de libertad condicional también están supervisando a muchas de las personas que salen de las prisiones. El Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles supervisó aproximadamente 700 nuevas personas el mes pasado como resultado de las liberaciones de las cárceles. En el condado Contra Costa, el Departamento de Libertad Condicional ha recibido 38 liberaciones urgentes para supervisar desde julio. En ocasiones, los funcionarios han tenido que recoger a personas de las prisiones, posiblemente exponiendo a los funcionarios al virus.
A fines de julio, Scull se mudó a una vivienda de transición en el Área de Bahía, para poder estar más cerca de sus asistentes contra el consumo de drogas, consejeros para la vida y red de empleo.
Pero su libertad se vio nuevamente restringida recientemente, cuando la casa entró en cuarentena por su propio brote del virus. Scull dio una perspectiva única para la nueva vida de refugio en un lugar durante una pandemia.
“Estoy acostumbrado a estar encerrado,” dijo. “Esto no es un problema para mí”.
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