In summary

Un vacío legal en la moratoria de desalojos del estado obliga a cientos de personas a abandonar sus hogares después de la orden de quedarse en casa. Sin órdenes estatales claras, los departamentos del alguacil deciden si ejecutan los desalojos.

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Como cualquier madre, Jamie Burson no quería que su hijo de 11 años descubriera lo asustada que estaba por el nuevo coronavirus. Pero es difícil ocultar la ansiedad cuando vives y duermes juntos en el mismo vehículo.

Después de que Burson fuera desalojada de su apartamento de dos habitaciones en Vacaville la segunda semana de abril, atendió la orden del gobernador Gavin Newsom de “quedarse en casa”, encerrada en un sedán de dos puertas cerca de su trabajo en Walmart. Con los recintos escolares cerrados, su hijo colocó su ordenador portátil de la escuela encima de la guantera y asistió a clase en el mismo asiento de pasajero en el que durmió.

“Estaba asustada por la cantidad de muertes diarias”.

JAMIE BURSON

Ayudó que ocasionalmente pudiera pasar una noche en casa de un pariente o amigo, aunque Burson dudó en pedir dormir allí ella misma, en parte por miedo a contagiar el virus a amigos y familiares.

“Estaba asustada por la cantidad de muertes diarias”, dijo Burson, que fue desalojada por un pago tardío del alquiler en febrero. “Me hizo sentir que la humanidad se iba a extinguir. Nunca he vivido para ver que ningún tipo de enfermedad se lleve a la gente como lo ha hecho esta.”

Más de 1,600 hogares de California como el de Burson han sido desalojados desde que Newsom declaró el estado de emergencia en todo el estado el 4 de marzo, según los datos que CalMatters obtuvo a través de solicitudes de registros públicos de más de 40 departamentos de alguaciles de California. Casi un tercio de esos desalojos se produjeron después de la orden de “quedarse en casa” del 19 de marzo de Newsom, y más de 400 desde que Newsom emitió una autodenominada “moratoria de desalojos” el 27 de marzo.

Es probable que los 1,600 desalojos sean un subconjunto importante de cuántos inquilinos se han visto obligados a abandonar sus hogares desde que comenzó la pandemia, ya que tanto los desalojos sancionados por los tribunales como los desalojos informales a menudo no aparecen en las listas de vigilancia de los sheriffs obtenidas por CalMatters. Además, los departamentos de alguaciles de 14 condados no respondieron a las solicitudes de datos; más de 14 millones de californianos viven en esos condados, incluido el condado de Los Ángeles con 10 millones de residentes.

La moratoria de Newsom —que los grupos de inquilinos criticaron por ser tardía e inadecuada— se centró en retrasar los casos de desalojo relacionados con las dificultades financieras de la pandemia hasta el 31 de mayo. Una medida de emergencia aprobada el 6 de abril por el Consejo Judicial, el órgano rector del sistema judicial estatal fue más allá, deteniendo casi todos los procedimientos judiciales de desalojo en California.

Pero ni las órdenes ejecutivas de Newsom ni la medida del Consejo Judicial abordaban un subconjunto importante de casos de desalojo: inquilinos como Burson que ya habían perdido en los tribunales, a menudo por pagos de alquiler atrasados en febrero o marzo, y que simplemente esperaban a que los agentes del alguacil los dejaran fuera. Las moratorias federales de desalojo tampoco detuvieron estos desalojos.

Mientras los legisladores estatales se apresuran a encontrar una solución para la inminente “ola de desalojos” cuando los tribunales vuelvan a abrir este mes, los grupos de inquilinos y los expertos en salud pública advierten que la laguna en las protecciones estatales sigue poniendo en peligro a los inquilinos que pueden quedarse sin hogar o mudarse a viviendas inseguras y superpobladas.

Apenas la semana pasada, el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles reanudó el servicio de los casi 1,000 cierres de desalojo programados, aun cuando el condado permanece en una lista de vigilancia estatal para casos de coronavirus. Al ejecutar los cierres de desalojo en los últimos meses, los agentes del alguacil del condado de San Bernardino se encontraron con dos hogares separados donde los inquilinos afirmaron que estaban en cuarentena debido a COVID-19, según un portavoz del alguacil. A esos hogares se les permitió completar su cuarentena antes de ser desalojados.

“Estos desalojos podrían haberse evitado, y es realmente angustioso escuchar que tantas personas han sido desalojadas cuando tenemos estas órdenes de refugio en el lugar,” dijo Madeline Howard, abogada principal del Western Center on Law and Poverty, que ha presionado para obtener protecciones de desalojo más estrictas durante la pandemia.

Una autoridad poco clara

Burson ahora se queda en una habitación de motel en Fairfield, pagado por un programa temporal para personas sin hogar del condado de Solano. No está segura de dónde vivirá una vez que finalice el programa esta semana.

Jamie Burson sits on the bed of her motel room in Fairfield on August 4, 2020. Burson, who has been living between her car and motels since being evicted in April, says she feels unsafe at the motel and spends all of her time in her room with the curtains closed. Photo by Anne Wernikoff for CalMatters
Jamie Burson se sienta en la cama de su habitación de motel en Fairfield el 4 de agosto de 2020. Burson, que no tiene hogar desde que fue desalojada en abril, dice que pasa todo el tiempo en su habitación con las cortinas cerradas. Fotografía de Anne Wernikoff para CalMatters

Fue desalojada por un pago tardío del alquiler en febrero, perdió la demanda de desalojo por incomparecencia cuando dice que no entendió cómo responder dentro del plazo de cinco días exigido por la ley, y se le dio hasta principios de abril para desalojar la propiedad. Se fue antes de que la fecha que ella pensó la policía llegaría para desalojarla.

Aunque entiende que técnicamente estaba dentro del derecho de su arrendador de echarla, se pregunta por qué no se pospuso el desalojo.

“¿Por qué las cosas no se dejaron de lado, punto?” dijo Burson, que llevaba más de un año viviendo en el apartamento de Vacaville.

La ROEM Development Corporation, propietaria del complejo de apartamentos del que Burson fue desalojada, y la FPI Management, la empresa de mantenimiento del edificio, no respondieron a las peticiones de comentarios.

Al ser informado por CalMatters de que Burson ya no ocupaba el apartamento, Todd Rothbard, el abogado del propietario que representó a ROEM en la demanda de desalojo, dijo que su bufete consideraría no seguir impugnando una moción legal que Burson había presentado para eliminar el desalojo de su expediente. Los desalojos permanecen en los registros de los inquilinos durante siete años, y pueden hacer muy difícil que los inquilinos encuentren otro lugar para vivir.

Pero, aunque Rothbard simpatiza con algunos inquilinos, rechazó la idea de que Burson no debería haber sido desalojada en primer lugar.

“La vida puede ser difícil”, dijo Rothbard. “En la medida en que las personas necesitan ayuda, es bueno ver cuando la sociedad es capaz de proporcionar ayuda. Pero es algo injusto decirle a un propietario que se dedica a los negocios: ‘Oye, ahora es tu obligación mantener a esta persona’.  Porque no lo es”.

Rothbard también dijo que Newsom y el Consejo Judicial ya han sobrepasado sus poderes constitucionales por las protecciones de desalojo que han ordenado. Instruir a los alguaciles para que no realicen cierres de desalojo probablemente sería impugnado en los tribunales.

Algunos expertos en derecho constitucional dicen que, en el mejor de los casos, no está claro lo que está y no está al alcance de Newsom cuando se trata de “hacer cumplir las órdenes” en los casos de desalojo, es decir, la legalidad de las órdenes judiciales a los departamentos de los alguaciles para ejecutar los desahucios. La separación de poderes entre el sistema judicial y el poder ejecutivo complica su autoridad.

“Aunque un gobernador posee amplia autoridad bajo la Ley de Servicios de Emergencia para responder a la pandemia, ordenar a los sheriffs del condado a desobedecer o a retrasar las órdenes judiciales legales está más allá de los poderes de emergencia de un gobernador”, dijo Stephen Duvernay, investigador principal del Centro de la Constitución de California en UC Berkeley.

Pero los abogados a favor de los inquilinos no están de acuerdo, argumentando que Newsom tiene poderes notables durante las emergencias públicas —poderes que instaron al gobernador a desplegar a principios de marzo a medida que los primeros informes de hospitalizaciones y muertes aumentaban.

“Está claro que existen muchos poderes amplios para afrontar las emergencias, pero no hemos tenido una emergencia como esta en nuestra vida”.

NAVNEET GREWAL, DISABILITY RIGHTS CALIFORNIA

Navneet Grewal, abogado litigante de Disability Rights California, dijo que no había nada que impidiera legalmente a Newsom ordenar a los alguaciles que dejaran de realizar desalojos por casos anteriores a la pandemia. Newsom había incluido una disposición de este tipo en una de sus órdenes ejecutivas, aunque sólo se aplicaba a los casos en los que los inquilinos podían demostrar dificultades financieras a causa del virus. 

“Creo que parte de la singularidad de esto es que no hay ningún precedente de la situación en la que estamos”, dijo Grewal. “Claramente existen muchos poderes amplios para afrontar las emergencias; simplemente no hemos tenido una emergencia como esta en nuestra vida.”

La administración de Newsom rechazó múltiples solicitudes de comentarios.

Los grupos de inquilinos también se acercaron al fiscal general Xavier Becerra para que intervenga.

“Los informes de desalojos en curso en comunidades de todo el estado y en medio de la crisis de salud pública son profundamente preocupantes”, dijo la oficina de prensa de Becerra en una declaración enviada por correo electrónico. “Nuestra oficina no tiene la autoridad para ordenar a los alguaciles que se nieguen a cumplir con las órdenes legales emitidas por los tribunales que conocen los casos de desalojo”.

Pero los abogados a favor de los inquilinos dicen que Becerra está facultado constitucionalmente para supervisar cómo las fuerzas del orden locales ejecutan las órdenes judiciales.

“Creo que el fiscal general parece tener algunas prioridades que se centran en tratar con la administración Trump, que son obviamente muy importantes”, dijo Howard. “Pero algunos de estos asuntos muy importantes no se están abordando”.

Las opciones del Alguacil

En la mañana del 19 de marzo, el sargento Lydia Montoya esperaba ansiosamente un anuncio del gobernador. Ella había oído las noticias de que se iba a dar una orden de “quedarse en casa”.

La unidad civil que ella supervisa en el Departamento del Alguacil del Condado de Kings ya había realizado tres desalojos ese día, que creían que estaban legalmente obligados a llevar a cabo. Pero Montoya y otros agentes del departamento estaban preocupados por los posibles riesgos de salud —para la comunidad y los propios agentes— de sacar a los inquilinos a la calle.

“Desalojar a las personas y que salgan a buscar alquileres o lo que sea, dejarlos sin hogar, no está en consonancia con la orden de ‘quedarse en casa’”

SGT. LYDIA MONTOYA

Cuando Newsom emitió la orden de refugio esa tarde, Montoya creyó que tenía la justificación legal que necesitaba para dejar de desalojar a la gente. Tras consultar con un fiscal del condado y el alguacil elegido públicamente, el departamento decidió dejar de ejecutar las órdenes de desalojo, excepto en casos de emergencia que amenazaran la salud y la seguridad públicas. Seis desalojos en su calendario han sido pospuestos indefinidamente. Si la orden de quedarse en casa hubiera llegado un día antes, también lo hubieran hecho los tres realizados la mañana del 19. 

“La orden (de quedarse en casa) implica que es un asunto de seguridad pública tener a la gente en la calle”, dijo Montoya, quien también suministró a sus agentes mascarillas hechas a mano antes de que su departamento adquiriera el equipo de protección personal. “Y ciertamente desalojar a la gente, que sale a buscar alquileres o lo que sea, o dejarlos sin hogar, no está en consonancia con la orden de ‘quedarse en casa’”.

Pero no todos los alguaciles de California compartían la interpretación del condado de Kings de la orden ejecutiva del gobernador. Sin una orientación clara del estado, cada departamento de alguaciles tuvo que elegir si continuar con los desalojos que ya estaban en sus calendarios de vigilancia.

Muchos hicieron precisamente eso. Según los datos obtenidos por CalMatters, tres condados del Inland Empire y Central Valley lideraban el grupo: San Bernardino, con 135 desalojos desde la orden de quedarse en casa; Riverside, con 93; y el condado de Kern, con 68.

“Fue una combinación de consideraciones que miraban a ambos lados, obviamente con las órdenes de quedarse en casa, así como al otro lado los administradores y las personas que son dueños de la propiedad y su capacidad para pagar el alquiler, las facturas y cosas así”, dijo Adam Plugge, un comandante de la Oficina del Alguacil del Condado de Kern que supervisa su unidad de desalojos.

Después de que los agentes del sheriff del condado de Kern suspendieron los desalojos a finales de marzo, Plugge dijo que su departamento recibió llamadas telefónicas y correos electrónicos de propietarios y abogados frustrados, incluyendo aquellos remitidos por funcionarios locales electos. Los desalojos se reanudaron en abril.

Plugge dijo que una directiva explícita del estado habría evitado mucha de la confusión.

“Habría sido mucho más fácil decidir si se podía hacer algo o no, y creo que habría sido más claro para el público, así como seguir adelante de cualquier forma”, dijo Plugge.

Desalojos sin mascarillas

El 1 de julio, unos agentes del Departamento del Alguacil del Condado de Humboldt se presentaron en el 7886 de la Avenida Myrtle en Eureka para decirles a Ernie Bull y Mary Wildman que tenían que irse.

Bull, de 59 años, había perdido una disputa con su hermanastro sobre quién debía heredar la propiedad en la que había estado viviendo con su difunto padre y su madrastra. Bull dijo que se perdió una fecha clave del tribunal porque accidentalmente marcó el número equivocado de Zoom para una audiencia remota en el tribunal. El Tribunal Superior del Condado de Humboldt detuvo las audiencias en persona debido al coronavirus.

Portrait of Ernie Bull and Mary Wildman in Eureka, Calif. on August 7, 2020. Despite the coronavirus pandemic, Bull and Wildman were evicted from their home in July and have been homeless for over a month.
Retrato de Ernie Bull y Mary Wildman en Eureka, California, el 7 de agosto de 2020. A pesar de la pandemia de coronavirus, Bull y Wildman fueron desalojados de su casa en julio y han estado sin hogar por más de un mes.  Fotografía de Alexandra Hootnick para CalMatters

Un grupo de amigos de Wildman estaba allí para ayudarles con la mudanza. Mientras que algunos de sus amigos llevaban mascarillas, Bull y Wildman no —y tampoco los agentes del alguacil que llegaron para desalojarlos.

“Si podemos distanciarnos socialmente a seis pies de distancia, entonces no vamos a usar una mascarilla”, dijo el teniente Mike Fridley, que supervisa la unidad de desalojos del departamento.

Aunque no pudo hablar de los detalles del desalojo de Bull y Wildman, Fridley dijo que sus agentes llevan mascarillas y pueden ponérselas a su discreción. El uso de mascarillas dificulta a los agentes el uso de sus radios, dijo.

“No veo más riesgos que el de cinco personas en la línea del cajero en Costco”.

LT. MIKE FRIDLEY

Como la mayoría de los departamentos del alguacil, los agentes del condado de Humboldt suelen realizar varios desalojos el mismo día en diferentes direcciones. El día que desalojaron a Bull y Wildman, otras tres direcciones fueron programadas para desalojos, según documentos del departamento del sheriff.

Cuando se le preguntó si creía que había un riesgo para la salud al realizar múltiples desalojos el mismo día, Fridley dijo: “No veo más riesgos que el de cinco personas en la línea del cajero en Costco”.

La Dra. Margot Kushel, directora del Centro de Poblaciones Vulnerables de la UCSF, dijo que no conoce ningún caso documentado de alguaciles que propaguen el coronavirus a través de desalojos. Pero teme un “cuadro de pesadilla”.

“Si se da una situación en la que un grupo de agentes entran en los hogares de diferentes personas en un ambiente muy cargado, en el que la gente puede estar molesta y puede estar gritando, creo que podría haber riesgos potenciales tanto para los agentes como para los hogares que son desalojados”, dijo Kushel.

Otros departamentos del alguacil entrevistados para este artículo dicen que exigen que los agentes usen equipo de protección mientras realizan los desalojos.

Ni Bull ni Wildman —que tiene problemas de riñón— han mostrado síntomas del coronavirus desde el desalojo. Wildman se ha quedada en casa de un amigo, mientras Bull ha dormido fuera.

“Quiero alejarme de la gente. Tengo miedo”, dijo Bull. “Tengo que admitir que estoy asustado”.

Los costos del propietario

Por supuesto, mantener a los inquilinos en una unidad durante varios meses mientras no pueden pagar el alquiler tiene un costo. Para Karen Clark, ese costo es de 10,000 dólares —y el miedo a atrasarse en su hipoteca.

Clark, que es propietaria y vive en un tríplex a poca distancia de la Universidad del Sur de California, alquila una de sus unidades a un padre soltero y a sus hijas adolescentes gemelas. Cobra $2,400 por el apartamento, un precio que, según ella, está muy por debajo del valor de mercado de la casa de tres dormitorios y tres baños cerca del centro de Los Ángeles.

“Me gustaban mucho y quería ayudarles”, dijo Clark, que prefería la estabilidad de alquilar a familias en lugar de a estudiantes.

Su inquilino comenzó a atrasarse en los pagos del alquiler el otoño pasado cuando su negocio de catering comenzó a declinar, según Clark. Entonces COVID-19 llegó esta primavera, evaporando la mayor parte de lo que quedaba de los ingresos de su inquilino y, junto con ello, el alquiler.

“Tengo que recuperar mi dinero. He gastado algunos de mis ahorros, ahora estoy sacando de otras facturas. No va a funcionar para siempre”.

“Tengo que recuperar mi dinero. Ya saqué de mis ahorros, ahora estoy sacando de otras facturas. Esto no va a funcionar para siempre”.

KAREN CLARK, propietaria

Clark dijo que había considerado seriamente desalojar al inquilino en marzo, pero que nunca presentó el papeleo necesario en un tribunal. Ahora esos tribunales están cerrados a nuevos casos de desalojo, y Clark explicó que está utilizando sus ahorros para pagar los servicios públicos y otros costos. Ha explorado las opciones de indulgencia en su hipoteca, pero le asustaba la perspectiva de un pago global que se debía hacer al final del período de indulgencia.

“No sé qué hacer”, dijo Clark, que ha mantenido su trabajo en el City National Bank durante la pandemia. “Tengo que recuperar mi dinero. Ya saqué de mis ahorros, ahora estoy sacando de otras facturas. Esto no va a funcionar para siempre”.

Clark ayuda a mantener a su hijo y a su nieto en Oregón, y alquila su otra unidad a su hija y a su yerno. Cuando los tribunales reanuden el procedimiento de desalojo, ella planea presentar una solicitud.

Medidas provisionales

Mientras que los departamentos de alguaciles de todo el estado continúan con los desalojos por casos que preceden a la pandemia, Newsom y los legisladores del estado se esfuerzan por evitar lo que los expertos consideran una inminente “ola de desalojos” de inquilinos que han perdido sus ingresos a causa de COVID-19. Un análisis de la Universidad UC Berkeley encontró que hasta junio, casi un millón de jefes de familia inquilinos en California perdieron su trabajo debido a COVID-19.

Dos propuestas para compensar a los propietarios y evitar más desalojos avanzan por la Legislatura, pero ambas se enfrentan a preguntas desalentadoras sobre cómo funcionarán realmente.

El presidente del Tribunal Supremo del Estado de California, Tani Cantil-Sakauye, que preside el Consejo Judicial del Estado, dijo que el sistema judicial del Estado podría reanudar los procedimientos de desalojo ya el 14 de agosto. Si los inquilinos los impugnan, los procedimientos pueden tardar semanas. Debido a que los beneficios federales de desempleo suplementarios de 600 dólares por semana caducaron el mes pasado, los grupos de inquilinos temen que aumenten las filas de inquilinos que no pueden permitirse un techo.

A menos que el estado intervenga o se extienda una nueva ronda de apoyo federal, Gabriella Aldana, de 24 años, es una de esas inquilinas en riesgo, y podría ser desalojada por segunda vez desde que el virus golpeó a California.

Gabriella Aldana, 24, rests on the front porch of the house she rents in Riverside on August 7, 2020. Aldana has been moving houses since she and her two children were evicted from an apartment on March 26 and expects to be evicted from her current house if the federal unemployment boost isn’t approved and distributed before September 1. Photo by Nigel Duara for CalMatters
Gabriella Aldana, de 24 años, descansa en el balcón de la casa que alquila en Riverside el 7 de agosto de 2020. Aldana ha estado mudándose de casa desde que ella y sus dos hijos fueron desalojados de un apartamento el 26 de marzo y espera ser desalojada de su actual casa si el aumento federal de desempleo no es aprobado y distribuido antes del 1 de septiembre. Foto de Nigel Duara para CalMatters

Justo antes de las 10 a.m. del 26 de marzo, tres agentes del alguacil del condado de Riverside golpearon la puerta de entrada de Aldana. Ninguno de ellos llevaba una mascarilla, dijo, y le dijeron que tenía que salir del lugar con sus dos hijos, de 6 y 3 años. A la familia se le permitió llevar sólo lo que podían llevar en las manos.

Aldana, que estaba embarazada de dos meses, y sus dos hijos apilaron lo que pudieron en su Honda Accord de 2013 y se sumieron en una pandemia en un momento en el que los funcionarios de salud pública no sabían mucho sobre el virus.

Dejó su trabajo en Walmart, dijo, por miedo a infectar a sus hijas o a complicar su propio embarazo. La noche de su desalojo, se quedó en un hotel, y luego se mudó por unos días con sus padres. Finalmente encontró un estudio para el mes de abril por $1170. Después de eso, se mudaron a un dúplex de dos habitaciones en el centro de Riverside. El nuevo lugar está más allá de sus medios actuales, pero también es el único lugar que aceptaría a Aldana, quien dijo que tiene mal crédito.

Ella ha sobrevivido con los beneficios de desempleo y, sobre todo, con el aumento de 600 dólares semanales del desempleo federal.

Si el aumento federal de desempleo no se renueva a finales de agosto, es probable que Aldana y sus hijos vuelvan a ser desalojados. Incluso si consigue uno de los trabajos para los que fue entrevistada recientemente, su salario mensual después de impuestos sería de unos $1,600. Su alquiler es de $1,595.

“Tengo algunos ahorros para cubrir parte del alquiler del próximo mes, podría buscar un compañero de cuarto si el trabajo no llega y los beneficios federales de desempleo desaparecen”, dijo Aldana. “Tengo que empezar a buscar todo eso porque ahora sólo soy yo”.

Ben Christopher contribuyó a este artículo.

Este artículo es parte de The California Divide, una colaboración entre las salas de redacción que examina la desigualdad de ingresos y la supervivencia económica en California.

Acerca de los datos

Los datos utilizados en los gráficos de este artículo se basan en registros y datos de 44 departamentos de alguaciles de condados (Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, El Dorado, Glenn, Humboldt, Imperial, Kern, Kings, Lake, Lassen, Madera, Marin, Merced, Mono, Monterey, Nevada, Orange, Placer, Plumas, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Joaquín, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Bárbara, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskiyou, Solano, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Trinity, Tuolumne, Ventura, Yolo). Las peticiones de registros públicos a muchos departamentos dieron nombres y direcciones anteriores de inquilinos, así como la fecha de desalojo.

CalMatters no recibió datos de 14 departamentos del sheriff (Del Norte, Fresno, Inyo, Los Ángeles, Mariposa, Mendocino, Modoc, Napa, Sacramento, San Benito, San Francisco, Tehama, Tulare, Yuba).

Los desalojos pueden incluir un pequeño número de desalojos comerciales y casos que implican amenazas a la salud y la seguridad públicas. Cuando fue posible, se excluyeron los desalojos comerciales comparando los nombres y direcciones de los ocupantes con los registros de propiedad del condado y la ciudad y los listados de licencias comerciales, los listados de bienes raíces y los localizadores de empresas. CalMatters aceptó declaraciones de condados en los que los alguaciles dijeron que no habían realizado ningún desalojo desde el 4 de marzo.

La gama de datos incluidos varía según la fecha en que se solicitaron los datos. Los departamentos de alguaciles pueden haber llevado a cabo más desalojos desde que CalMatters solicitó los datos.

Los datos del condado de San Bernardino excluyen un período de dos semanas entre el 11 y el 28 de junio de 2020.

Los datos de población de cada condado se basan en la Encuesta de la Comunidad Estadounidense de 2018.

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