Los hogares de personas mayores no estaban preparados para una pandemia. Tampoco están listos para responder a un incendio forestal.

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Cuando el siniestro pitido de una alerta de emergencia despertó a Mark y Kathy Allen de la cama en Sebastopol el 9 de octubre de 2017, el incendio Tubbs se dirigía hacia Santa Rosa.

Así que los Allen también lo hicieron. Sabían que el centro de vivienda asistida donde vivía la madre de Mark estaba en el camino de las llamas. Se apresuraron hacia la instalación, llamada Villa Capri, el aire humeante, la casa de cuidados oscura a las dos de la mañana.

El edificio no tenía electricidad. Casi todos los 62 ancianos residentes estaban todavía en sus habitaciones. Los Allen encontraron al poco personal que quedaba en el edificio.

“Les preguntamos si tenían un plan de evacuación y dijeron que no”, recuerda Kathy.

La pareja se dedicó a buscar residentes, usando teléfonos celulares como linternas. Sin energía para el ascensor, empujaban a la gente en silla de ruedas por las escaleras, a través de un humo espeso.

Muchos tenían demencia. “No dejaban de preguntarse: ‘¿Qué está pasando? ¿Eres el primero en responder?” Kathy dijo. “Diría que no, y luego me lo preguntarían de nuevo en cinco minutos”.

Los Allen comenzaron a llevar a la gente en sillas de ruedas y andadores por las escaleras de Villa Capri, trabajando hasta bien entrada la noche. La policía llegó a primera hora para ayudar a sacar a los últimos residentes.

Una hora más tarde, Villa Capri se quemó hasta los cimientos.

La madre de Mark Allen murió unos meses después.

“Murió a causa del incendio”, señaló. “No murió por el fuego, sino por el incendio y el trauma que ocurrió después; le quitó todas las ganas de vivir”.

El incendio de Tubbs devoró franjas del condado de Sonoma donde el pasto y los bosques de roble se encuentran con la expansión urbana. En las últimas décadas, este tipo de interfaz urbano-forestal ha atraído nuevos proyectos de urbanización en todo el estado, incluso cuando se ha incrementado el riesgo de incendios.

Construida en una ladera de hierba cerca de zonas abiertas escarpadas, Villa Capri siempre fue vulnerable. Sigue siéndolo, junto con Varenna, y miles de instalaciones como ella. 

California regula alrededor de 10,000 instalaciones de cuidados a largo plazo, desde pequeños hogares de vida asistida hasta grandes centros de enfermería especializada. Una investigación de KQED ha encontrado que los incendios forestales son un peligro significativo en el 35% de estas instalaciones, en la interfaz urbano-forestal, en zonas designadas por el estado como zonas de peligro de incendio, o en ambas.

Una ola gris está cayendo sobre California. El Estado Dorado está envejeciendo más rápido que el resto del país. En 10 años, el estado proyecta que el número de personas de 65 años o más será de 8.6 millones. Y mientras la demanda de instalaciones de atención se está curvando, los críticos dicen que las leyes que rigen la preparación para emergencias son débiles y la aplicación es poco estricta. Además, la pandemia está interrumpiendo los controles y complicando aún más la urgente planificación de respuesta a desastres.

A medida que la pandemia de coronavirus avanza, esta planificación para casos de desastre tiene lugar con el telón de fondo del calentamiento global, una fuerza dominante que determina el destino de las personas de edad avanzada que reciben cuidados a largo plazo.

“Hay una absoluta colisión entre el envejecimiento de la población y el cambio climático”, dijo Kathryn Hyer, profesora de la Facultad de Estudios sobre el Envejecimiento de la Universidad del Sur de Florida. “COVID-19 empeora la ya difícil situación del cambio climático y el envejecimiento de la población”.

‘Como si realmente los hubieran abandonado’

Alice Eurotas, de 87 años, sigue siendo perseguida por el incendio de Tubbs. Es una de las personas a las que los Allen ayudaron a escapar hace tres años. Los rescatistas llevaron a Eurotas a un refugio de la Cruz Roja, y luego a una iglesia. Se ha mudado cinco veces desde esa noche. Después de un derrame cerebral, ahora está paralizada en su lado izquierdo.

“Abandonar a todos estos ancianos, muchos de los cuales no pueden caminar, para luchar contra las llamas…” dijo. ” Se sintió terrible. Como si realmente los hubieran abandonado”.  

Las leyes estatales y federales exigen que los centros de atención a largo plazo planifiquen y capaciten para mantener a los residentes seguros en caso de desastre. En una residencia de Sequoia Living en Portola Valley, el director de instalaciones y exbombero Ray Boudewyn tiene planes para incendios, terremotos, bombas y leones de montaña, por nombrar algunos.

También se prepara para los días en que el humo de los incendios forestales espesa el aire en el interior, dice. Las defensas del cuerpo contra la contaminación por humo disminuyen con la edad, y Sequoia planea traer filtros de aire HEPA o hacer funcionar sistemas HVAC si necesita combatir los efectos de un incendio.

“Los residentes pueden tener el sistema inmunológico comprometido”, explicó Boudewyn. “Pueden tener problemas respiratorios, problemas cardíacos”.

Esos mismos problemas dificultan las evacuaciones.

“Tengo que llevarlos a una zona segura”, dijo Boudewyn.

Debido al humo, la seguridad podría estar a cientos de millas de distancia.

Sin embargo, las evacuaciones en sí mismas pueden ser más riesgosas que refugiarse en el lugar, especialmente cuando las personas mayores se mudan varias veces. En todo el país, al menos la mitad de los pacientes de hogares de ancianos tienen demencia, una condición que la gerontóloga Lisa Brown ha encontrado que aumenta el riesgo de muerte en los meses inmediatamente posteriores a un desastre.

Esto subraya la necesidad crítica de planificación, dice Brown, quien dirige el Laboratorio de Investigación de Riesgo y Resistencia en la Universidad de Palo Alto.

Brown dice que los residentes como Alice Eurotas pueden experimentar un trauma psicológico por la pérdida de relaciones y redes de las que dependen.

Eurotas ahora vive en un hogar de retiro en Petaluma. Está deprimida y enojada, dice su hija.

Beth Eurotas-Steffy también está enojada.

“Ni siquiera puedo expresar con palabras lo enfadada que estaba y lo decepcionada que estaba con la agencia estatal cuyo trabajo es levantarse cada mañana y proteger a personas como mi madre que viven en un centro como ese”, dijo. “Y les fallaron”.

Consultores, no encargados de la disciplina

Tanto las casas de asistencia como los asilos tienen responsabilidades básicas para la seguridad y el bienestar de los residentes. Pero sirven a diferentes propósitos y siguen diferentes reglas.

Cerca de 2,300 asilos de nivel intermedio y especializado en el estado emplean a profesionales médicos para proporcionar atención médica. Estas instalaciones tienen licencia del Departamento de Salud Pública de California. Debido a que aceptan pacientes de Medicare, están sujetos a regulaciones federales más exigentes.

Otra agencia estatal, el Departamento de Servicios Sociales de California, supervisa unas 7,600 comunidades residenciales para ancianos; a diferencia de los centros de asistencia, no son instalaciones de atención médica. En su lugar, los trabajadores de la salud simplemente ayudan con las actividades de la vida diaria como bañarse y usar el baño.

Por ley, ambos tipos de hogares de atención deben hacer planes de emergencia, capacitación y simulacros de incendio. 

Villa Capri tenía un plan de emergencia. Pero un trabajador no lo conocía. Tres trabajadores nunca habían participado en un simulacro de incendio. Según la acusación del estado y la investigación de una queja, los trabajadores no pudieron localizar las llaves de los autobuses que podrían haber sido utilizados para la evacuación.

En un proceso contra Oakmont Senior Living, la empresa responsable de Villa Capri y Varenna, el estado acusó a los administradores de ambas instalaciones de abandonar a unas 100 personas esa noche hace casi tres años.

“Eso nos abrió los ojos, el hecho de que el personal no estuviera capacitado”, dijo Pam Dickfoss, que supervisa la concesión de licencias a las instalaciones de vivienda asistida en el Departamento de Servicios Sociales de California.

En el momento del incendio de Tubbs, la ley estatal exigía que las instalaciones tuvieran procedimientos de evacuación, transporte para los residentes y un plan de autosuficiencia durante 72 horas en caso de desastre.

Pero Dickfoss explicó que las instalaciones no estaban pensando en los incendios forestales.

“Típicamente tenían planes para un incendio dentro de sus instalaciones, un incendio en la cocina”, señaló. “Pero no planes para evacuar realmente a todos fuera del área. Y por lo tanto no estaban preparados para asegurarse de que tenían transporte. Es una instalación grande. ¿Cómo van a sacar, ya sabes, a 200 residentes de una instalación?”

Debido a lo que pasó durante el incendio de Tubbs, el Departamento de Servicios Sociales emitió múltiples infracciones a las casas de cuidado. Los reguladores se movieron para revocar sus licencias y las de sus administradores.

Pero después de una apelación, el estado llegó a un acuerdo y colocó las instalaciones en libertad condicional.

Oakmont no ha pagado ninguna multa; juntos, sus dos instalaciones han pagado “honorarios de monitoreo” por un total de $10,068. El alquiler de un mes para una persona en cualquiera de las casas puede llegar a esa cantidad.

Oakmont Senior Living no ha respondido a las peticiones de comentarios.

Como respuesta directa a los abandonos, los legisladores aprobaron la ley AB 3098, que establece normas más estrictas para la planificación de emergencias.

Esta nueva ley exige que las instalaciones preparen y practiquen más a menudo al personal; que pongan a disposición las llaves; que instalen sillas de evacuación en las escaleras; y que designen dos posibles destinos de evacuación, incluyendo uno fuera del área.

Sin embargo, los organismos reguladores rara vez han penalizado a los hogares por una planificación inadecuada.

En 2018, los inspectores estatales citaron sólo 62 instalaciones por tener un plan de desastre o una capacitación insuficientes. El año pasado, cuando la ley entró en vigor, citaron 239. Un análisis de KQED encontró que es el 3% de las instalaciones en todo el estado.

El departamento reconoce que los inspectores prefieren ofrecer orientación y apoyo técnico en lugar de emitir citaciones.

Dickfoss dice que los inspectores se ven más como consultores que como disciplinarios.

“Es realmente un esfuerzo de colaboración en todo el estado entre los proveedores, entre los activistas y el departamento”, señaló.

Hay pocas camas disponibles para los ancianos de bajos ingresos, dice Dickfoss, lo que deja a esos residentes “a un paso de quedarse sin hogar” si se cierra una instalación. Un informe de la Fundación para el Cuidado de la Salud de California de 2017 proyecta que la demanda de camas en las instalaciones de vivienda asistida se duplicará en los próximos 20 años, mientras que la oferta se agotará en unos 10.

Dickfoss defendió la decisión final de no cerrar Villa Capri y Varenna, citando el delicado acto de equilibrio que su departamento lleva a cabo entre proteger a los residentes del creciente riesgo de incendios y asegurar suficientes camas para acomodar el crecimiento de la población de la tercera edad del estado.

Críticos como el activista Chris Murphy argumentan que el enfoque del departamento para hacer cumplir la ley es erróneo, absurdo y peligroso.

El Departamento de Servicios Sociales “rara vez se pondrá del lado del consumidor”, dijo Murphy, quien dirige el grupo de vigilancia Consumer Advocates for RCFE Reform. El departamento está funcionando como “una agencia de protección de proveedores, no como una agencia de protección del consumidor”, explicó.

 

Poco seguimiento de las violaciones al reglamento

Un generador se enciende fuera de una casa rodante marrón y beige estacionada en un amplio bulevar en lo profundo del Valle de San Fernando. Randy Odette vive aquí con un gato y un perro. El pavimento brilla con el calor. Detrás de ella, la hierba de la ladera también es marrón.

“La montaña es bastante seca allí arriba”, dijo Odette. “Pero eso es California”.

En los últimos 12 años, tres incendios forestales han amenazado este barrio de Sylmar. La madre de Odette vive cerca, en el Centro de Enfermería y Rehabilitación Astoria. 

Los registros públicos muestran que el Departamento de Salud Pública de California encontró al 78% de los geriátricos violando las normas de seguridad contra incendios y de planificación de emergencias en un período de dos años.

Entre ellos está Astoria, donde la madre de Odette contrajo COVID-19. Betty Odette es una pequeña mujer de 96 años en las últimas etapas del Alzheimer. Se está recuperando de su encuentro con el coronavirus.

Los brotes de COVID-19 han azotado a las residencias de personas mayores de California con una frecuencia fatal. El condado de Los Ángeles cuenta 25 muertes por coronavirus en Astoria. Desde marzo, la instalación ha reportado más de 140 casos, enfermando a residentes y trabajadores de la salud.

Las pautas de preparación para emergencias tienen como objetivo proteger a los residentes de los asilos contra pandemias y desastres como los incendios forestales.

A finales de 2018, los auditores federales inspeccionaron 20 hogares de la tercera edad para supervisar el cumplimiento de las pautas de preparación para emergencias por parte del estado. (Uno de estos hogares se quemó hasta los cimientos en el incendio del Camp Fire después de la visita: Cypress Meadows, en Paradise.)

Dieciocho de los hogares no cumplieron con algunos estándares. Cuando los inspectores del estado hicieron un seguimiento después, más de la mitad de las instalaciones tenían problemas similares.

La auditoría federal recomendó que el estado llevara a cabo más inspecciones en persona y ofreciera entrenamiento a las instalaciones en códigos de seguridad de vida. El CDPH rechazó esos hallazgos, diciendo que carecía de personal y recursos.

Examinando las mismas pautas que los auditores federales, KQED encontró que, en un período de dos años, los inspectores de salud del estado consideraron que pocas deficiencias de preparación para emergencias o de seguridad contra incendios eran lo suficientemente severas como para requerir una visita de seguimiento: sólo el 6%.

Esas regulaciones federales para los centros de cuidados de personas mayores tardaron mucho tiempo en llegar. Cuatro huracanes cruzaron la franja de la Florida en 2004, amenazando cientos de hogares de cuidados. Luego, después del huracán Katrina, las inundaciones se tragaron el geriátrico St. Rita al sur de Nueva Orleans. Treinta y cinco personas murieron.

Después de esa tragedia, los organismos federales de control recomendaron una mejor preparación para las emergencias. Durante una docena de años, los grupos de presión de la industria lucharon por debilitar y retrasar las propuestas incluso cuando los desastres naturales se hicieron más comunes. Los “nuevos” requisitos de emergencia sólo entraron en vigor a finales de 2017.

Los gerentes de las instalaciones dicen que es raro pasar una inspección sin una infracción. También dicen que algunas fallas son peores que otras.

“Creo que eso es bastante serio, si no tienes un plan de emergencia”, dijo Boudewyn de Sequoia Living, que supervisa los hogares de cuidado en los condados de Marin, Mendocino y San Mateo. “Realmente no entiendo cómo puedes obtener una licencia”.

En la residencia Astoria del condado de Los Ángeles, Odette pidió al administrador que viera el plan de emergencia de la instalación. Él sólo le diría que los inspectores lo habían aprobado. Luego le señaló un mapa en la pared, mostrando dónde están las salidas de emergencia.

Ahora Odette dice que está asustada. Y furiosa.

“El estado tiene que ser responsable de estos hogares”, dijo. “Quiero decir, no pueden ayudarse a sí mismos, a los pacientes. Y realmente no depende del personal.”

La preparación inadecuada para emergencias debe considerarse un peligro inmediato, argumenta Pat McGinnis, directora ejecutiva de California Advocates for Nursing Home Reform. Eso resultaría en más multas. Ella piensa que los cuerpos reguladores deberían evitar que las instalaciones inseguras acepten nuevos pacientes —y que se embolsen las cuotas mensuales.

“Tienes que ser capaz de darles donde les duele”, dijo. “Y no les dolerá en el corazón sino en el bolsillo”.

El Dr. Mike Wasserman de la Asociación de Medicina de Cuidados a Largo Plazo de California dice que los administradores de las residencias geriátricas limitan su responsabilidad financiera con las redes de corporaciones —diferentes compañías para la propiedad, para las operaciones, para la administración. Eso hace que las multas sean sólo un pequeño costo de hacer negocios.

Wasserman llama a los dueños de casas de cuidado “slumlords” que absorben el costo de las multas fácilmente.

“Usted puede preguntarse dónde va a terminar eso desde una perspectiva de calidad”, dijo Wasserman. “Dónde eso terminará en un incendio. Dónde eso terminará en una pandemia.”

“Estamos viendo los resultados”.

La pandemia agrava los riesgos

Cuando un incendio amenazó a San Luis Obispo a finales de junio, media docena de casas de vivienda asistida trasladaron a la mayoría de los residentes a hoteles bajo una orden de evacuación. Algunos familiares vinieron y se llevaron a sus seres queridos a casa.

Pero cuando los jefes de bomberos dieron el visto bueno, la defensora del pueblo de la zona, Karen Jones, dice que ni el estado ni el condado exigieron infraestructuras para separar a los residentes que se quedaron con sus familias de los que permanecieron en cuarentena en los hoteles.

Y ese es sólo un ejemplo de cómo las evacuaciones son más difíciles en la pandemia.

Hasta ahora, las autoridades federales y estatales sólo ofrecen pautas generales sobre la respuesta a los desastres en una pandemia, como recomendar más refugios que puedan acomodar el distanciamiento social.

“Debemos tener presente que agrupar a la gente y trasladarla apresuradamente a un lugar puede presentar un riesgo igual, si no mayor, de amenaza para la vida”, explicó Vance Taylor, parte del equipo ejecutivo de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California.

En Cascades of Grass Valley, un centro de vivienda asistida, la directora Pepsi Pittman tiene acuerdos de evacuación en caso de incendio forestal con instalaciones hermanas fuera de la zona, pero cuando intentó establecer acuerdos similares con hoteles de Sacramento, donde los residentes podían aislarse en habitaciones individuales, fracasó.

El personal del hotel le dijo que las habitaciones están llenas de enfermeras “que no se van a casa porque están tratando a pacientes de COVID-19”.

Pittman no es la única directora de instalaciones en Grass Valley que necesita planes de evacuación sólidos. En el condado de Nevada, gran parte del cual se encuentra en el Bosque Nacional Tahoe, cada hogar de cuidados a largo plazo se enfrenta a un mayor riesgo de incendio forestal.

En Sequoia Living, Ray Boudewyn se ocupa de los riesgos superpuestos de coronavirus y preparación para incendios forestales utilizando la misma estructura de mando de emergencia que tienen la policía y los bomberos: un solo comandante, con responsabilidades claras para todos los que están abajo. Ninguna de sus tres instalaciones ha reportado ningún caso de COVID-19 entre los residentes.

“Se puede percibir el lenguaje corporal del personal”, dijo. “Están agotados. Me refiero a que esta ha sido una situación activa desde finales de febrero… es algo así como una guerra. “No desaparece.”

¿Cuál es el plan de respaldo? Llamar al 911

Una forma de proteger a las personas mayores y discapacitadas en los centros de atención es exigir un mayor escrutinio de sus planes de emergencia. Kathryn Hyer, gerontóloga de la Universidad del Sur de Florida, dice que las tormentas provocadas por el clima han obligado a Florida a hacer precisamente eso.

“Se hace un verdadero esfuerzo para asegurar que esa comunicación se produzca de manera que la gente pueda hablar entre sí durante una emergencia local”, dijo Hyer, “pedir ayuda, pedir suministros, decirles que tienen que evacuar o lo que sea necesario”.

Hyer dice que la ley de Florida requiere que los hogares de cuidado a largo plazo obtengan la aprobación de los planes de desastre por parte de los funcionarios de emergencia y requiere que los inspectores los revisen. 

“Y si no lo encuentran, multan a la residencia asistida o al geriátrico por no tener ese plan”, dijo.

Pero California no hace eso. Ninguna ley exige que la CalOES o los administradores de emergencias del condado revisen los planes que hacen los hogares de cuidado para los incendios forestales o cualquier otra amenaza.

En el condado de Sonoma, el análisis de KQED encontró que tres cuartas partes de las instalaciones de cuidados a largo plazo están en áreas propensas a incendios. La Defensora del Pueblo de cuidados a largo plazo, Crista Barnett Nelson, dijo que está “100% segura” de que no todas las residencias saben cómo ejecutarán un plan en caso de desastre.

El condado organiza regularmente ejercicios “de mesa” para practicar en caso de desastres, dice el Director de Gestión de Emergencias Chris Godley, pero son opcionales para las residencias de cuidados a largo plazo.

Godley dice que está “animando a estas instalaciones” a “elaborar planes de emergencia realistas, no sólo hipotéticos que se guardan en una carpeta en la estación de enfermería”.

Sonoma ha aumentado el alcance y ha añadido más sistemas de alerta temprana, pero a Godley le preocupa que el plan de respaldo para las instalaciones mal preparadas siga siendo sólo una llamada al 911.

“La tecnología es genial, pero no lleva una cama de un hogar a una ambulancia apropiada”, dijo.

Lo que se necesita a largo plazo, cree, es un cambio de mentalidad: la planificación ante los desastres como una forma de vida, no como un revoltijo de último minuto.

En California, los funcionarios públicos hablan de “poblaciones vulnerables” para las que el coronavirus es una amenaza mayor.

La climatóloga Katharine Mach cuestiona el uso de la palabra “vulnerable” para describir a las personas mayores y a los residentes de hogares de atención a largo plazo. Dice que a menudo se usa para sugerir debilidad.

Los sistemas como el cuidado de la salud, el transporte y la planificación son esenciales, y como las personas a las que sirven, también son vulnerables.

Mach señala que las personas que han vivido mucho tiempo han desarrollado una capacidad de recuperación.

“Son individuos que han… superado tantos desafíos y han persistido y ayudado a dar forma al tejido de nuestra sociedad”, dijo. “Hay una gran cantidad de resiliencia que necesita ser aprovechada mientras todos encontramos soluciones juntos”.

“Older and overlooked” es una serie especial de investigación de los reporteros científicos y de noticias de KQED. KQED es la estación miembro de NPR y PBS para el norte de California, sirviendo a las audiencias de todo el estado en el aire y en línea con historias convincentes que informan, inspiran e involucran.

CalMatters contribuyó con el análisis de datos, la edición y el diseño gráfico de este proyecto.

Nota del editor: Esta historia ha sido actualizada para corregir la ortografía del nombre de Kathryn Hyer.

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