In summary
La Legislatura de California dejó mucho por hacer cuando cerró sus actividades del año, exponiendo las debilidades del estado.
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Cuando la Legislatura se volvió a reunir en enero, el panorama parecía estar listo para un año de acción arrolladora en los temas políticos más preocupantes de California, como la escasez crónica de viviendas, las personas sin hogar y una tasa de pobreza vergonzosamente alta.
Los demócratas gozaban de una mayoría abrumadora en ambas cámaras legislativas; al gobernador demócrata, Gavin Newsom, le gustaba perseguir “grandes metas complejas y arriesgadas”, en contraste con su cauteloso predecesor Jerry Brown; y la próspera economía del estado estaba invirtiendo miles de millones de dólares adicionales en el tesoro del estado.
Sin embargo, el hecho más revelador de la sesión legislativa de 2020, que llegó a su fin el lunes por la noche, es la larga lista de cuestiones que no se abordaron o que sólo recibieron atención simbólica, incluidas las derivadas de acontecimientos traumáticos más recientes.
La pandemia de COVID-19, la profunda recesión económica que esta ha generado, los devastadores incendios forestales y el furor por la muerte por asfixia del afroamericano George Floyd cuando un policía de Minneapolis le puso la rodilla en el cuello, cambiaron el discurso político a mitad de camino. Sin embargo, la Legislatura no respondió a estos de una manera más satisfactoria en comparación con temas más antiguos.
Después de que la COVID-19 estallara en marzo, la Legislatura hizo una pausa de dos meses, contenta de permitir que Newsom gestionara las cosas bajo decretos de emergencia. Pero incluso después de que los legisladores regresaron a Sacramento, asumieron una actitud defensiva, adoptando medidas provisionales tales como la adopción en junio de un presupuesto estatal cargado de deudas y un proyecto de ley temporal y parcial de ayuda a los inquilinos de última hora.
Se propusieron medidas más enérgicas, como un paquete de estímulo económico de 100,000 millones de dólares, el aumento de los impuestos sobre la renta de los californianos más ricos, la imposición de un impuesto a su patrimonio, la reestructuración de la economía de las viviendas de alquiler y la posesión de viviendas, la eliminación de la zonificación unifamiliar para dar paso a más viviendas multifamiliares y la destitución de los policías violentos.
Algunas medidas estaban justificadas, como eliminar la certificación de los policías malhechores, pero otras eran extravagantes e inviables, como el impuesto sobre el patrimonio. Sin embargo, todas se dejaron de lado cuando los líderes legislativos — y el propio Newsom — optaron por evitar cualquier riesgo y esperar que el demócrata Joe Biden destituya al presidente republicano Donald Trump en noviembre, para luego proporcionar a California muchos miles de millones de dólares para comprar así su escape de las dificultades.
Esa esperanza fue particularmente evidente en el proyecto de ley de asistencia parcial para el pago de alquileres, aprobada a última hora y firmada inmediatamente por Newsom. Este proyecto de ley protege contra el desalojo a los inquilinos que declaren haber perdido sus ingresos debido al cierre económico como consecuencia de la COVID-19, siempre y cuando paguen al menos el 25% del alquiler. No obstante, se seguirá acumulando el alquiler sin pagar y los desalojos podrían reanudarse a principios del año próximo.
En repetidas ocasiones, mientras los legisladores debatían el proyecto de ley, expresaron su esperanza de que un gobierno en el que Biden sea presidente ofrezca un nuevo alivio en efectivo a los desempleados que les permitiera pagar plenamente sus alquileres. Newsom lo llamó “solamente un puente hacia una solución más permanente una vez que el gobierno federal reconozca finalmente su papel en la estabilización del mercado de la vivienda”.
¿Qué pasa si Biden pierde, o si un recién reelegido Trump no cumple con las expectativas? No hay ningún plan B sobre la mesa.
Tampoco hay un plan B para un presupuesto estatal que gotea tinta roja, para una escasez de viviendas que la pandemia ha empeorado, para apoyar a tres millones de trabajadores desempleados y sus familias, para blindar a California contra los incendios forestales ni, por último, para detener la propagación de la COVID-19, si el último plan de gestión de Newsom falla.
La revelación más aleccionadora de este annus horribilis de 2020 es que California no es realmente la nación-estado poderosa y semi-independiente de la que Newson solía jactarse.
Cuando el desastre azotó a California, sus limitaciones económicas y políticas quedaron al descubierto, obligando a Newsom y a otros políticos a pedir ayuda a Washington. Y todavía están en ello.
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