In summary

Muchos proyectos de ley de alto perfil no fueron aprobados el último día de la sesión de 2020 de la Legislatura de California, incluyendo importantes medidas de reforma de la policía.

Hello! We’re publishing more of our work in Spanish to better serve our diverse state. Make sure to click here to read the article in English.

Cuando la Legislatura de California cesó sus actividades hace 10 días, dejó un número extraordinario de proyectos de ley de alto perfil que aún esperan ir a votación final, y el señalamiento de culpables ha estado en marcha desde entonces.

Es habitual que el último día de determinada sesión legislativa sea un manicomio, pero la del 2020 lo fue en especial por diversas razones, que incluyen la erupción pública de la animosidad histórica entre las dos figuras principales de la Legislatura: el presidente de la Asamblea, Anthony Rendon, y el presidente pro tempore del Senado, Toni Atkins.

La propia medida de Atkins para impulsar la construcción de viviendas, el proyecto de ley 1120 del Senado, fue una pérdida evidente. Después de languidecer en el seno de la Asamblea por dos meses, la Asamblea devolvió este proyecto de ley al Senado a las 11:57 p.m., demasiado tarde para una votación final a medianoche.

A raíz de ello, los dos líderes intercambiaron declaraciones acusatorias ante los medios, cada uno culpando al otro por el desvanecimiento del proyecto de ley.

Sin embargo, el SB 1120 no fue el único proyecto de ley que no procedió esa noche. Entre los que se quedaron estancados se encontraban varios proyectos destinados a cumplir las promesas de reforma policial que los legisladores demócratas habían hecho tras la muerte de George Floyd en Minneapolis.

Muchos legisladores estatales se habían sumado a las protestas contra la brutalidad policial en las afueras del Capitolio el día del funeral de Floyd, y se habían comprometido a hacer que la policía de California se responsabilizara más por sus acciones. Aunque se aprobaron un par de proyectos de ley de reforma policial, incluido uno que requiere que el fiscal general investigue los asesinatos de sospechosos desarmados a manos de los policías, los más importantes no vieron la luz en una reafirmación del peso político histórico de los sindicatos de las fuerzas del orden público.

El año pasado, dichos sindicatos perdieron al parecer gran parte de su peso histórico a la hora de bloquear este tipo de reformas. Después de que un joven negro desarmado, Stephon Clark, muriera en una ráfaga de balas de la policía de Sacramento, la Legislatura cambió la ley sobre la fuerza mortal, permitiendo su aplicación solo cuando “sea necesaria para defenderse de una amenaza inminente de muerte, o de lesiones corporales graves al agente o a otra persona”. 

La sesión de 2020 comenzó en enero con muchos otros proyectos de reforma policiales, pero al terminar, tres medidas importantes, el proyecto de ley 66 de la Asamblea y los proyectos de ley 731 y 776 del Senado, seguían estancados.

 El AB 66 habría prohibido el uso de muchas armas policiales “menos letales”, tales como las balas de goma y los “agentes químicos”, contra los manifestantes.

El SB 731, de haberse promulgado, les habría retirado las licencias emitidas por el estado, llamadas “certificaciones”, a los policías condenados por cometer un delito. La “ley George Floyd”, como se la denominó, no es una idea nueva ya que California es tan solo uno de los cinco estados que no prohíben que un agente condenado por cometer un delito pueda trabajar como policía.

Tras no proceder el SB 731, su autor, el senador Steven Bradford, demócrata de Gardena, culpó al presidente Rendon en la radio pública del Capitolio, de que “teníamos los votos y el presidente podría haberse enterado de eso si nos hubiera permitido avanzar con este proyecto”.

 El SB 776 habría permitido el escrutinio público de los expedientes de conducta de los agentes de policía, derrumbando así el muro hermético que rodea tales asuntos en la actualidad.

Con base en las dos últimas medidas se habría empezado a tratar a los policías como a cualquier otro miembro de profesiones con licencias estatales, tales como los médicos y los abogados. Pero la política, como seguimos viendo, no tiene nada que ver con la lógica o la equidad.

Irónica y trágicamente, al igual que los proyectos de ley que perecieron la última noche de la sesión, un ciclista negro en Los Ángeles tuvo el mismo destino. Los agentes del sheriff le dispararon y lo mataron durante un altercado después de que lo detuvieran por una “infracción del código” de ciclismo. Se le había caído un arma de fuego durante el forcejeo.

La muerte de Dijon Kizzee provocó otra oleada de protestas y se añadirá a la lista de reclamaciones pendientes para cuando la Legislatura se reúna de nuevo en diciembre y se enfrente una vez más a la dificultad política de vigilar a los vigilantes: a la policía.

Síganos en Twitter y Facebook.


Siga nuestro canal RSS para artículos en español.


CalMatters.org es una organización de medios de comunicación sin fines de lucro, no partidista, que explica las políticas públicas y los temas políticos de California.

We want to hear from you

Want to submit a guest commentary or reaction to an article we wrote? You can find our submission guidelines here. Please contact Gary Reed with any commentary questions: gary@calmatters.org, (916) 234-3081.

Dan Walters has been a journalist for nearly 60 years, spending all but a few of those years working for California newspapers. He began his professional career in 1960, at age 16, at the Humboldt Times...