In summary

Los legisladores aprobaron dos medidas de asistencia destinadas a ayudar a los residentes indocumentados, muchos de los cuales realizan trabajos esenciales; dichas medidas les brindarán acceso a víveres y a créditos fiscales. ¿Firmará el gobernador Gavin Newsom los proyectos de ley?

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Sin ingresos desde la primavera, Mariana, que limpia casas, y su esposo Gerardo, que es un vendedor de puerta en puerta, pagaron a su arrendador apenas 300 dólares de los 1200 dólares del alquiler por un apartamento de una habitación en el que se amontonan con su hijo de 2 años y su hija de 8 años, en National City.

Mariana era trabajadora social en México antes de que su familia llegara a los EE. UU. Si tuviera la ciudadanía, eso es lo que le gustaría hacer aquí, o tal vez dirigiría una guardería o un hogar de ancianos. Podría trabajar desde la casa, no habría perdido su trabajo, e incluso si lo hubiera hecho, solicitaría beneficios por desempleo. “Yo hubiera podido trabajar de casa, no hubiera perdido mi trabajo, o aplicar para un desempleo” dijo. 

“Esta podría ser la diferencia”, comentó Mariana.

En ausencia de medidas asistenciales de protección, los residentes indocumentados de California se han precipitado a una pobreza profunda, enfrentando largos períodos de desempleo, nuevas demandas en lo que respecta a cuidado infantil, gastos inesperados y, a menudo, la necesidad de arriesgar su salud para poder subsistir. CalMatters acordó usar únicamente el primer nombre de la entrevistada porque ella, su marido y su hija son indocumentados.

Incluso en un estado que ha tratado de romper las barreras económicas para quienes carecen de estatus legal mediante la concesión de licencias de conducir y la ampliación de la atención médica para los niños, los legisladores de California se debaten sobre cuánta ayuda se debe proporcionar a sus residentes más marginados. En los últimos días de la sesión legislativa, los legisladores aprobaron dos proyectos de ley para proporcionar una modesta asistencia financiera a los californianos indocumentados: uno proporcionaría un alivio inmediato a través de una asistencia de 600 dólares para comestibles y el otro permitiría que los indocumentados que declaran impuestos reciban el crédito fiscal del estado para los trabajadores de bajos ingresos, a partir de la próxima primavera. 

Un proyecto de ley autorizaría 600 dólares en asistencia monetaria de emergencia para comestibles. El segundo daría créditos fiscales estatales a los trabajadores indocumentados.

Esta asistencia maltrecha no dará cuenta de la profunda necesidad que enfrentan entre 2 y 3.1 millones de inmigrantes indocumentados de California, y uno de cada ocho niños en edad escolar que tienen un padre de familia indocumentado, dicen los defensores. Pero ayudará.

“Ya con eso pagaríamos la deuda”, afirmó Mariana: Con eso, pagaríamos la deuda, los 2000 dólares que ahora deben a su arrendador. 

Ahora le toca al gobernador Gavin Newsom decidir si los convierte en ley. En el pasado, Newsom ha aplazado la inclusión de todos los trabajadores indocumentados en el crédito fiscal, incluso en una ampliación a mayor escala, argumentando inquietudes financieras, de las que se hicieron eco los legisladores conservadores en las audiencias de la semana pasada.

“Tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a cómo gastamos los dólares del estado”, señaló el senador John Moorlach, republicano de Costa Mesa, quien votó en contra del proyecto de ley.

Dos olas de COVID, impactos financieros

La mayoría de los californianos indocumentados trabajan en tareas que no se pueden hacer desde casa.

Alrededor de un tercio trabaja en industrias que la COVID-19 detuvo inmediatamente, como servicios de alimentos, venta al por menor, cuidado de niños, servicios de limpieza o jardinería, según un análisis del Centro de Presupuesto y Política de California. 

En marzo, los trabajadores del sector de restaurantes perdieron sus empleos, dijo Arcenio López, director ejecutivo del Proyecto de Organización Comunitaria Mixteco/Indígena, que presta servicios principalmente con inmigrantes indocumentados e indígenas del sur de México que viven en los condados de Ventura y Santa Bárbara. 

López comentó que muchos propietarios les dijeron a los trabajadores domésticos y de jardinería que dejaran de acudir a trabajar. Muchos perdieron sus ingresos durante tres meses, mientras gastaban dinero extra para abastecerse de comestibles, jabón y mascarillas.

“No hay alternativa; no pueden solicitar el desempleo.”

ARCENIO LÓPEZ, DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA MIXTECO/INDÍGENA

Luego, cuando esos trabajos comenzaron a reaparecer al comienzo del verano, una segunda ola golpeó a los trabajadores agrícolas. Los casos de COVID-19 se dispararon. Muchos perdieron semanas de trabajo porque se enfermaron, se les ordenó que se pusieran en cuarentena en casa, o los despidieron cuando las granjas donde trabajaban tuvieron que cerrar. A menudo, no se les pagaba los 10 días de licencia por enfermedad que exige la ley, señaló López. Los que se habían enfermado a veces tenían dificultades para encontrar nuevos trabajos.

La organización de López copatrocinó el 805 UndocuFund, que ha recaudado casi 5 millones de dólares en donaciones para apoyar a 7000 familias indocumentadas de la región. Pero la falta de medidas asistenciales ha hecho que muchos vuelvan a trabajar, aunque sea riesgoso, dijo López: “No hay alternativa; no pueden solicitar el desempleo”.

Irónicamente, esa desigualdad ha mantenido en marcha a algunos sectores de la economía de California. 

“Sin duda, así es como el sector agrícola, el de empacado de carne y las industrias de la confección han podido seguir avanzando”, expresó Manuel Pastor, sociólogo de la Universidad del Sur de California quien dirige el Instituto de Investigación de la Equidad y asesora al grupo de trabajo de recuperación de Newsom.

Desempleo persistente

La Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes, con sede en Los Ángeles, que abogó por ambas medidas, encuestó a unos 38,500 residentes indocumentados de la zona que solicitaron asistencia en efectivo esta primavera.

Los resultados fueron contundentes: el 90% necesitaba ayuda para pagar el alquiler, y más de la mitad necesitaba ayuda para gastos de comida. Casi todos habían perdido sus trabajos o salarios durante la pandemia y cerca de un tercio dijo que tenían que quedarse en casa para cuidar a los niños debido al cierre de las escuelas.

Tres meses después de la realización de la encuesta, la directora ejecutiva Angélica Salas sigue viendo estos patrones: personas que limpian casas y ahora trabajan la tercera parte de lo que hacían antes porque las familias han dejado de llamar, vendedores ambulantes que descubren que la gente ya no compra sus alimentos o mercancías, trabajadores de la construcción enviados a casa porque un colega se enfermó, y madres solteras que se quedan en casa para cuidar a sus hijos. 

Entre mayo y julio, el 27% de los no ciudadanos — categoría que incluye a los inmigrantes que tienen tarjetas de residencia, visas de trabajo o son indocumentados — no tenían trabajo, trabajaban menos de lo que les gustaría o habían renunciado a encontrar trabajo, en comparación con el 21% de los ciudadanos, según un análisis que llevó a cabo el Instituto de Políticas Públicas de California con respecto a la Encuesta de Población Actual de la Oficina del Censo. 

En otras palabras, en julio trabajaron alrededor de 701,000 no ciudadanos menos que en febrero en todo el estado, según un análisis de los mismos datos de la encuesta realizado por Edward Flores, un sociólogo del Centro Comunitario y Laboral de UC Merced.

No hay medidas asistenciales

Imaginémonos a dos madres solteras; una ciudadana estadounidense y otra indocumentada, ambas criando a dos niños en California. Ambas trabajaban a tiempo completo, ganando 12 dólares por hora antes de perder sus trabajos a finales de marzo. Por cuidar a sus hijos, ninguna de ellas ha vuelto a trabajar.

La madre indocumentada podría calificar para un crédito fiscal federal de 2,800 dólares, si sus hijos son ciudadanos. Si tuvo la suerte de que su llamada fuera una de las atendidas  en las congestionadas líneas telefónicas, podría haber sido una de las 150,000 inmigrantes indocumentados que solicitaron y recibieron una tarjeta prepagada con 500 dólares del estado, a través de un programa que Newsom creó en abril. 

Tal vez solicitó cupones de alimentos únicamente para sus hijos ciudadanos, con lo cual recibió varios cientos de dólares para gastar en comestibles al mes. O el Pandemic-EBT, una prestación no recurrente de 365 dólares para comprar alimentos, destinada a apoyar a los niños que no podían obtener comidas gratuitas o a precio reducido debido al cierre de las escuelas.

La ciudadanía permite a una madre soltera de dos hijos reciba unos 25,500 dólares de asistencia, en comparación con unos pocos cientos de dólares para una madre indocumentada.

CÁLCULOS DEL CENTRO DE PRESUPUESTO Y POLÍTICA DE CALIFORNIA

En cambio, la madre ciudadana habría recibido unos 25,500 dólares en beneficios por desempleo, devoluciones de impuestos, los 600 dólares federales semanales de refuerzo por desempleo y el cheque de estímulo para septiembre, según los cálculos de Alissa Anderson, analista principal de políticas del Centro de Presupuesto y Políticas de California, una organización que cuenta con el respaldo de los trabajadores.

“El resultado final es que muchas familias de inmigrantes tienen muchos menos recursos”, dijo Anderson. 

El gobernador podría ampliar la asistencia

Quizá venga en camino algo de alivio inmediato. En una votación bipartidista llevada a cabo contrarreloj en agosto, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que crearía un programa de asistencia alimentaria en caso de desastre y que se distribuiría inmediatamente, hasta dos veces.

Al igual que CalFresh, los destinatarios obtendrían una tarjeta prepagada de 600 dólares que solamente se puede usar para comprar alimentos. Pero a diferencia de CalFresh, los indocumentados podrían inscribirse. Si Newsom firma el proyecto de ley, le corresponde a él o a la Legislatura decidir cuánto dinero destinar a esto, lo que determinará cuántas personas pueden beneficiarse, por orden de llegada.

El programa de asistencia alimentaria para desastres proporcionaría $600 para comestibles sin importar el estatus legal. Aun así, los legisladores no han identificado la fuente de financiamiento.

Otro proyecto de ley de presupuesto reforzaría las medidas asistenciales a largo plazo, una victoria largamente disputada por los defensores de los inmigrantes y los legisladores del Caucus Legislativo Latino.

Mediante este, todos los trabajadores indocumentados que declaren impuestos podrían obtener el Crédito de Impuesto sobre la Renta del Estado, que puede sumar miles de dólares. Anteriormente, únicamente los hogares en los que cada sostén de familia tenía un número de seguro social podían exigir el reembolso. Un acuerdo presupuestario de junio extendió el crédito a los trabajadores indocumentados que declaran impuestos, solamente si tienen hijos menores de seis años. 

Los defensores de los inmigrantes sostienen que incluir a los inmigrantes indocumentados que declaran impuestos es justo, ya que aportan a las arcas del estado y hacen un trabajo que se considera esencial.

“Existe la creencia de que… ¿Por qué tenemos que apoyar a esta gente?”, dijo López del Proyecto de Organización de la Comunidad Mixteco/Indígena. “Pero esta gente nos está apoyando”.

Este artículo forma parte de The California Divide, una colaboración entre las salas de redacción que examina la desigualdad de ingresos y la supervivencia económica en California.

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Jackie Botts

Jackie covers income inequity and economic survival for the The California Divide collaboration. She has reported for the Data and Enterprise desk for Reuters News and for her hometown paper, The Santa...