In summary
El gobernador y la Legislatura deben mantener la moratoria en los cortes al servicio de agua y asegurar ayuda económica para las familias que están en apuros.
Por Tracy Quinn, En Exclusiva Para CalMatters
Tracy Quinn es directora de Políticas de Agua Urbana de California del Concejo de Defensa de Recursos Naturales, TQuinn@nrdc.org.
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El agua potable es un derecho humano y esencial durante la crisis de la COVID-19. California debe hacer más para garantizar la prestación de servicios de agua durante las emergencias concurrentes de salud y de la economía.
En abril, el gobernador Gavin Newsom emitió una orden ejecutiva que establece una moratoria en los cortes de agua y dispone la reconexión de los servicios en los hogares desconectados después del 4 de marzo. Pero a meses del inicio de la crisis, el estado carece de datos sobre el impacto de la moratoria.
Sin esta información, no hay forma de medir la magnitud de la acumulación de facturas de agua atrasadas y las multas por retraso para los clientes que disponen del servicio de agua pero no pueden cumplir con el pago. Pero las cifras récord de desempleo implican que California puede prever una avalancha de cortes de agua cuando la moratoria termine y las facturas se venzan.
El 18 de agosto, el personal de la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado presentó los resultados de su encuesta voluntaria sobre los impactos de la COVID-19 en los sistemas de agua potable de California. Desafortunadamente, la encuesta no reveló cuántas familias siguen sin agua, ni cuánto financiamiento debe identificar California para hacer frente a la deuda. En la encuesta no sólo no se hicieron esas preguntas, sino que únicamente respondieron 238 de los 2,900 organismos de agua de California.
La junta de agua expresó su decepción y ordenó al personal que propusiera formas de mejorar la recopilación de datos sobre el acceso al agua y la asequibilidad, pero no se comprometió a tomar medidas.
Los miembros de la junta tienen el deber de dar prioridad a la salud y prestar apoyo a los pequeños proveedores para reducir la carga de la presentación de informes adicionales. Tras meses de crisis sanitaria, los californianos necesitan que los organismos encargados de garantizar un suministro de agua seguro, fiable y asequible actúen con urgencia. En la reunión de la junta en septiembre, el personal debe recomendar la presentación obligatoria de informes periódicos y la junta debe estar preparada para intervenir.
A su vez, la junta debe garantizar que California contribuya a una recuperación económica justa. El estado necesita fondos de emergencia para los servicios de agua que sirven a las comunidades desfavorecidas desproporcionadamente afectadas por la COVID-19. Los fondos estatales o federales podrían ayudar a los clientes, muchos ahora desempleados, a pagar las facturas de agua cuando se venza la moratoria.
En 2019, aproximadamente 350,000 personas sufrieron cortes de agua por falta de pago. La respuesta insuficiente a la encuesta inadecuada significa que no sabemos cuántas de estas familias son vulnerables a los cortes en el momento en que finalice la moratoria del gobernador.
Carolina del Norte exigió que se informara mensualmente sobre el corte y los pagos atrasados durante la pandemia. Los líderes del estado identificaron al menos 321,000 cuentas de clientes de agua y alcantarillado atrasadas a finales de junio, de las cuales casi dos tercios reunían los requisitos para un corte de servicio. California debería recopilar datos similares.
La Comisión de Servicios Públicos de California recopila información de las empresas de servicios públicos propiedad de inversores privados del estado, pero las empresas de servicios públicos privadas representan sólo una pequeña parte de todos los proveedores de agua. Sin el liderazgo del estado, las organizaciones ambientales recurrieron a solicitar información a través de la Ley de Registros Públicos para determinar a cuántas familias se les desconectó el servicio. Lo que tendría que ser labor del gobierno no debería recaer sobre esas organizaciones.
En su recopilación obligatoria de datos, los proveedores de Carolina del Norte informaron de 57.7 millones de dólares en mora. Mientras tanto, Michigan designó 25 millones de dólares de fondos de estímulo federal para un programa de asistencia para que las familias mantengan el servicio. Otros estados han exigido exenciones para los cargos por mora y planes de pago ampliados obligatorios. ¿Por qué no puede California tomar medidas similares?
La junta de agua debe recopilar datos sobre las facturas de agua atrasadas para ayudar a identificar y asignar fondos. El gobernador y la Legislatura deben mantener la moratoria más allá de la pandemia y asegurar los fondos para las familias que están en apuros. El Concejo de Defensa de Recursos Naturales se unió al gobernador y a la Legislatura para solicitar al Congreso que aprobara una legislación que encauce ayuda adicional a los estados debido a la COVID-19. Cada día que una familia no tiene acceso a agua puede ser mortal.
El gobernador, la Legislatura y la junta de agua deben actuar de inmediato. El primer paso, sin embargo, es recopilar los datos necesarios, y la junta tiene la oportunidad de hacer que esto sea de carácter obligatorio en su próxima reunión. La pregunta es, ¿acaso es lo suficientemente audaz para hacerlo?
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