In summary

El AB 1950 reduciría la libertad condicional a un año para un delito menor y dos años para un delito grave, restricciones de tiempo que según las investigaciones tienen sentido

Por Nila Bala, En Exclusiva Para CalMatters

Nila Bala es la directora asociada de Criminal Justice and Civil Liberties en el R Street Institute, y una exdefensora pública, nbala@rstreet.org.

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Mientras los estados continúan ocupándose de corregir aspectos de nuestro sistema de justicia penal desde la cima, deberían estar atentos a California y a un proyecto de ley que está en el escritorio del Gob. Gavin Newsom que busca modificar la manera en que las cortes manejan la libertad condicional en el estado. 

Casi un cuarto de millón de personas están en libertad condicional en California – más que aquellos que están en cárceles estatales y prisiones combinadas – pero el Proyecto de Ley 1950 de la Asamblea que se encuentra en el escritorio del gobernador podría hacer que el estado sea más seguro, haciéndole ahorrar dinero y disminuyendo esa cantidad con cuidado, todo al mismo tiempo.

La libertad condicional forma parte del aspecto de “supervisión correccional” del sistema de justicia penal. Es un tipo de supervisión comunitaria que puede ocurrir después de un período de encarcelamiento, o en lugar del encarcelamiento en su conjunto. 

En su mejor forma, la libertad condicional debe conectar a los individuos con los servicios necesarios y abordar las causas fundamentales del comportamiento delictivo para prevenir la reincidencia. Lamentablemente, el sistema de justicia penal utiliza con exceso esta herramienta como una solución única para todos, con individuos que en algunos estados pasan décadas en libertad condicional sin beneficiarse a ellos mismos ni a la comunidad. 

El proyecto de ley reduciría la libertad condicional a un año para un delito menor y a dos años para un delito grave, restricciones de tiempo que tienen sentido según lo demostrado por las investigaciones. El período inicial de libertad condicional es el más importante para reinsertarse satisfactoriamente y adaptarse a la vida diaria en el exterior. Además, la mayoría de los problemas ocurren durante este período inicial, después del cual la utilidad de mantener individuos en libertad condicional empieza a disminuir.   

La supervisión de la comunidad después de este período inicial no solamente es un gasto innecesario, sino que las pruebas demuestran que en realidad puede reducir la seguridad de la comunidad. Los investigadores han descubierto que los períodos extensos de libertad condicional pueden desincentivar la participación en programas de rehabilitación, y aumentar de manera contraproducente los obstáculos para la vivienda y el empleo. Puedo atestiguar esto de primera mano por mi experiencia como defensor público. A veces, las condiciones de la libertad condicional incluso pueden interferir con la capacidad de un individuo para tener un trabajo a tiempo completo, ya que los requisitos de libertad condicional pueden presentarse durante horas de trabajo.  

Además, los largos períodos de libertad condicional pueden aumentar las probabilidades de que las cortes encarcelen por violaciones técnicas. Cuando los individuos violan una condición de libertad condicional, por ejemplo presentarse tarde a una cita o viajar más allá de los límites del condado, pero no han cometido nuevos delitos, pueden ser declarados culpables de una “violación técnica” y encarcelados.  

Estas condiciones pueden parecer razonables por sí solas, pero juntándolas y combinándolas con períodos largos que a veces se extienden de 5 a 10 años, o a veces se extienden más, pueden resultar casi imposibles de cumplir para quienes están en libertad condicional. Una única violación técnica puede dar como resultado una pérdida de todo el tiempo positivo pasado en libertad condicional, una pérdida de todo el crédito ganado por el tiempo transcurrido sin violaciones. Estas violaciones técnicas le cuestan a California $235 millones por año en costos de encarcelamiento, probablemente sin los beneficios correspondientes de seguridad pública. 

Muchos estados han pedido reformas muy necesarias para tratar las desigualdades raciales en nuestro sistema de justicia. El Proyecto de Ley 1950 de la Asamblea obviamente no trata esos temas, pero puede ayudar más de lo que parece. 

El sistema de supervisión está plagado de desigualdades raciales similares a las de nuestras cárceles y prisiones, con ciudadanos negros, que componen el 7.9% de la población general, constituyendo el 22.9% de los que ingresan en la supervisión de la libertad condicional.   La reducción de la duración de la libertad condicional puede ayudar a limitar el impacto negativo que el sistema tiene en los negros, mientras se equilibra la prestación de servicios durante el período inicial fundamental de reingreso.  

Disminuir la duración de la libertad condicional es una buena política– en consistencia con la seguridad pública. Dadas todas las crisis que California ya está enfrentando, desde COVID-19 hasta incendios forestales, ayudar a algunos de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad a reintegrarse a la sociedad es lo correcto.


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