In summary
La Legislatura dio un importante paso para proteger a las comunidades de justicia ambiental contra los desechos tóxicos; ahora es el turno del gobernador.
Por Cristina Garcia y
Cristina García, miembro de la Asamblea, Demócrata de Bell Gardens, representa el Distrito de la Asamblea Nº 58 de California. Assemblymember.Garcia@assembly.ca.gov.
Jane Williams, En Exclusiva Para CalMatters
Jane Williams es la directora ejecutiva de California Communities Against Toxics (Comunidades de California en contra de las sustancias tóxicas) y forma parte de numerosas juntas y grupos de asesoramiento para organizaciones de justicia ambiental, dcapjane@aol.com.
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Las comunidades como la nuestra son llamadas comunidades de justicia ambiental.
Esa es una manera elaborada de decir – entre otras cosas – que nuestros niños están sufriendo de asma en proporciones anormalmente altas porque literalmente no tienen aire limpio para respirar. No todas nuestras comunidades tienen agua potable, no tienen parques para jugar y hacer ejercicio y, lo peor de todo, están rodeadas por una alta concentración de industrias a las que se les ha permitido emitir sustancias tóxicas durante demasiado tiempo
Las comunidades de justicia ambiental suelen estar compuestas por personas de color con recursos socioeconómicos limitados. Tanto las políticas racistas intencionales como no intencionales como la de redlining crearon estas comunidades.
En otras palabras, nuestras comunidades y sus residentes somos tratados como si fuéramos desechables.
Tenemos que hacerlo mejor por estas comunidades y luchar contra el racismo ambiental. La Legislatura recientemente ha dado un importante paso para proteger a nuestras comunidades contra las sustancias tóxicas al aprobar el Proyecto de Ley de la Asamblea 995. Permítanos explicarle:
Uno de los culpables fue Exide Technologies, un reciclador de baterías en Vernon. Debido a Exide, generaciones de familias de la zona están sufriendo impactos negativos en la salud por la exposición al plomo, además de ser asfixiadas por múltiples autopistas congestionadas que se entrecruzan a través del barrio.
Exide creó las emisiones, pero el estado y su Departamento de Control de Sustancias Tóxicas tienen la gran responsabilidad de permitir que siga contaminando.
Exide se declaró en bancarrota este año, lo que significa que no es probable que el estado cobre los millones de dólares de limpieza que la compañía debe. Nosotros, los que pagamos los impuestos, tendremos que pagar para que las familias estén seguras, y esto puede costar cientos de millones de dólares.
Algo similar sucedió con la anterior BKK Landfill en West Covina. Al igual que Exide, BKK funcionaba con un permiso temporario y eventualmente se declaró en bancarrota, dejando a los que pagan los impuestos la cuenta para limpiar su contaminación
La Legislatura ha realizado múltiples esfuerzos para mejorar el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas, para vigilar mejor a compañías como Exide y BKK Landfill, pero los movimientos de la agencia siguen siendo inadecuados. En parte, eso se debe a que la agencia no tiene suficiente dinero para regular exitosamente o limpiar sitios con sustancias tóxicas que están abandonados.
Presentado por Cristina García, miembro de la Asamblea, AB 995 es el comienzo, porque recauda fondos para la regulación, hace que las empresas sean más responsables y no deja a los contribuyentes cargando el peso.
Básicamente, requiere que las industrias con sustancias tóxicas tengan garantías financieras más fuertes contra la contaminación, para que no puedan simplemente alejarse de la responsabilidad, como Exide y BKK.
El proyecto de ley también establece nuevos plazos para los permisos. Para obtener sus permisos, las industrias tendrán que cumplir con las actuales normas de seguridad tóxica, algo que Exide evitó durante años.
Hay más disposiciones, pero eso es lo esencial: más responsabilidad; más financiación; más protección de la salud pública; y menos responsabilidad del estado, de la comunidad y de los que pagan impuestos.
Este tampoco es un sueño imposible para los ambientalistas. Fue desarrollado por la Legislatura trabajando con la industria, los grupos ambientalistas y los representantes de nuestras comunidades de justicia ambiental.
Un Departamento de Control de Sustancias Tóxicas que funciona bien es bueno para las empresas. Las empresas responsables no quieren ser superadas por las que recortan costos poniendo en peligro el medio ambiente y la salud pública.
Estas instalaciones no están en Beverly Hills, Playa Vista ni Encino. Son las comunidades de justicia ambiental como Compton, East Los Angeles, Commerce y Vernon las que sufren de las instalaciones con mal funcionamiento.
Sabemos que hay más para hacer – todavía debemos mejorar el financiamiento de las limpiezas para los problemas pasados. Pero podemos mejorar las cosas en el futuro.
Nos comprometemos a trabajar en eso desde el momento en que el Gob. Gavin Newsom firme el AB 995. La pelota está en su cancha. Él puede asegurar que avancemos en lo que respecta a las sustancias tóxicas, o puede dejar que nuestras comunidades sigan sufriendo por la mala gestión de las sustancias tóxicas.
Esto no es una política de debilidad. Es básico. Se trata de proteger la salud de California – tanto física como económica. Necesitamos hacer ambas cosas.
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