In summary
En el estado que es el epicentro de la industria tecnológica mundial, nuestros estudiantes se amontonan fuera de un Taco Bell para tener acceso a Internet de banda ancha y así poder estudiar.
Por Vernon M. Billy, En Exclusiva Para CalMatters
Vernon M. Billy es el CEO y director ejecutivo de la Asociación de Juntas Escolares de California, que representa a más de 1000 distritos escolares y oficinas de educación de los condados, ceo@csba.org.
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En una época de crisis ecológica, política y social, no resulta fácil llamar la atención. Sin embargo, ocasionalmente, una simple imagen se convierte en el foco de todos. La semana pasada, una foto de dos niños fuera de un Taco Bell capturó este vergonzoso momento de la historia de California.
Los estudiantes, sentados en la acera y encorvados sobre un par de laptops, no trataban de decidir entre un burrito de siete capas y unos nachos supremos, sino que intentaban conectarse a la red inalámbrica de Taco Bell para poder educarse.
Esto dista mucho de la idea de cualquiera con respecto a una instrucción a distancia efectiva o equitativa. Lamentablemente, a esto nos hemos reducido. En un estado que es el hogar de la quinta economía más grande del mundo y el epicentro de la industria tecnológica mundial, nuestros estudiantes se amontonan fuera de los restaurantes de comida rápida para obtener las herramientas que necesitan para aprender.
Más del 95% de los estudiantes de California comenzaron el año escolar 2020-21 en la modalidad de instrucción a distancia. Podrían pasar meses para que la mayoría de los chicos regresen a las aulas. Por ahora, y en el futuro previsible, buena parte de los estudiantes recibirá su educación en línea. Pero ¿en qué situación deja esto al 20% de las familias de California que no tienen acceso a Internet en casa?
Uno pensaría que esta pregunta candente sería suficiente para incentivar a la acción a los funcionarios electos del estado de California. Sin embargo, en la recién concluida sesión legislativa, nuestros representantes no demostraron ninguna urgencia en defender los intereses de las familias que no cuentan con Internet en la casa.
Dejaron morir en el Capitolio dos proyectos de ley para ampliar el acceso al Internet de banda ancha sin siquiera someterlos a consideración, sellando así el destino de un porcentaje considerable de estudiantes que quedaron privados del acceso a la educación pública gratuita e igualitaria a la que tienen derecho. Una tercera propuesta apoyada por la Asociación de Juntas Escolares de California, que colocaría en la boleta electoral un bono tecnológico para construir la infraestructura de banda ancha necesaria en todo el estado y comprar dispositivos de computación, ni siquiera llegó a ser enmendada en un proyecto de ley.
Esta parodia demuestra la gran influencia de la industria de cable y telecomunicaciones que puso todo su empeño para derrotar estos proyectos de ley mientras promovían sus programas “especiales” para las familias.
Los intereses financieros de las compañías de cable y telecomunicaciones no deberían valerse de la situación para utilizar la educación como rehén ni forzar a los consejos de administración a hacer maniobras insólitas para que los alumnos puedan tener acceso a Internet. La falta de acceso a la banda ancha socava la capacidad del estado para alcanzar este objetivo y amenaza su bienestar cívico y su prosperidad económica.
El Instituto Brookings calcula que el 70% de todos los trabajos requieren algún nivel de habilidad digital y que casi el 25% de todos los trabajos requieren un alto nivel de habilidad digital. La falta de acceso a oportunidades educativas y al medio que prepara a los estudiantes para el mercado laboral es un obstáculo significativo para mejorar los resultados académicos, laborales y de vida de los californianos.
Internet ofrece oportunidades y favorece la toma de decisiones fundamentadas en relación con la salud, la familia, la educación, el empleo, el entretenimiento, las finanzas, el gobierno y el comercio. Cada vez más, el acceso a Internet es una necesidad para participar plenamente en la sociedad y la vida cotidiana.
No es de extrañar entonces que el deseo de contar con acceso universal a un Internet de banda ancha sea una de las pocas cuestiones que podrían unir a la gente en todo el espectro político. En una encuesta reciente encargada por el Education Trust-West, el 38% de las familias de bajos ingresos y el 29% de las familias de color dijeron que le preocupaba la educación a distancia porque no tienen Internet fiable en casa.
En las zonas rurales, sólo un tercio de los hogares de California están suscritos al servicio de Internet, en comparación con el 78% de los barrios urbanos, según un análisis de EdSource de los datos de la Comisión de Servicios Públicos de California. E incluso en las zonas urbanas que tienen acceso a Internet, las velocidades de la red son a menudo demasiado lentas para que el aprendizaje a distancia sea una opción viable.
Las disparidades en el acceso a la banda ancha según criterios socioeconómicos, étnicos y geográficos privan de hecho a grandes franjas de la población de California y socavan nuestro compromiso con la equidad, la oportunidad y la innovación. Por lo tanto, el hecho de no haber escuchado un proyecto de ley de acceso a Internet de banda ancha, y mucho menos haberlo aprobado, es un enfoque pasmosamente limitado.
Si no podemos confiar en que la Legislatura apoye adecuadamente a los estudiantes en esta época de crisis, necesitaremos una iniciativa aprobada por los votantes para proporcionar el acceso a la banda ancha que los estudiantes de California se merecen. Si eso no funciona, al menos tienen a Taco Bell.
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