La respuesta de la agencia de seguridad laboral de California a las quejas de COVID: cartas, no inspecciones

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Paz Aguilar continuó con su trabajo siete días a la semana en dos restaurantes de comida rápida y como conserje, incluso cuando Oakland parecía estar paralizado a su alrededor. 

Luego, a finales de junio, su vida también se detuvo.

Para entonces, dos de sus compañeros de trabajo en un restaurante-combo de Taco Bell y Kentucky Fried Chicken dejaron de ir a trabajar ‒Aguilar dijo que un gerente le dijo que estaban de vacaciones‒ después de que una de ellas se quedara en casa con fiebre. Aguilar, de 54 años, se había pasado horas enrollando burritos a poca distancia de ella.

Primero Aguilar se sintió débil, mareada y cansada. Luego, una fuerte tos y fiebre. Un total de al menos siete empleados se enfermarían con el virus, según su recuento. También la cuñada de Aguilar. 

A las tres semanas de estar enferma, Aguilar tuvo un derrame cerebral, que ella atribuye al virus en su cuerpo. Cuando salió del hospital un mes después, un lado de su cuerpo y de su cara estaba paralizado. Le cuesta caminar y hablar. Sus médicos dicen que puede pasar un año antes de que se recupere completamente.

El 4 de septiembre, Aguilar presentó una queja ante Cal/OSHA, la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda. Ella alegó que sus gerentes no cumplieron con el uso de mascarillas o el distanciamiento social, y que le ocultaron los diagnósticos de COVID-19 a ella y a otros. Kentucky Fried Chicken y Taco Bell no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Aguilar dijo que presentó la queja para que sus compañeros de trabajo no tuvieran que pasar por lo mismo que ella. “El riesgo sigue todo el tiempo”, dijo ‒el riesgo continúa.

Aguilar agregó que el departamento de salud del condado nunca hizo un seguimiento. La respuesta de Cal/OSHA: una carta pidiendo que el gerente explique cómo se arreglaron los problemas. 

“La División no ha determinado si el/los peligro(s), como se alega, existe(n) en su lugar de trabajo y, en este momento, la División no tiene la intención de llevar a cabo una inspección de su lugar de trabajo”, dice la carta.

Cal/OSHA ha enviado una versión de esta carta a los empleadores acusados de no mantener a los trabajadores a salvo de COVID-19 más de 5,800 veces desde febrero.

Cartas en lugar de inspecciones

Durante la pandemia, Cal/OSHA ha respondido a la gran mayoría de las quejas de los trabajadores sobre los peligros del coronavirus con cartas en lugar de inspecciones in situ, incluso cuando los brotes en lugares de trabajo contribuyeron a la propagación del virus en todo el estado.

De las 6,937 quejas relacionadas con el COVID que la agencia recibió entre el 1 de febrero y el 27 de septiembre, Cal/OSHA ha realizado inspecciones en los lugares de trabajo para sólo 352 de ellas ‒o el 5%, según un análisis de CalMatters de los datos de Cal/OSHA.

Es una caída abrupta de la típica tasa de inspección anual, que Cal/OSHA fijó en un 25% en los últimos cuatro años. Para las quejas no relacionadas con el virus presentadas durante la pandemia, la tasa es del 12%, lo que revela cómo la agencia ha limitado específicamente su aplicación de los peligros relacionados con el virus en el lugar de trabajo.

La estrategia sigue una directiva de marzo del gobernador Gavin Newsom de centrarse en la asistencia para el cumplimiento en lugar de la aplicación. Ha caracterizado la respuesta de la agencia, crónicamente escasa de personal, a un diluvio de quejas relacionadas con el COVID.

Pero la baja tasa de inspección plantea preguntas sobre cuántos peligros de COVID la agencia puede haber permitido que persistan, y cuántos empleadores negligentes pueden haber recibido un pase libre, a pesar de poner en peligro las vidas de sus empleados.

“Creemos que nuestro enfoque es el correcto y ha tenido un impacto significativo”.

CAL/OSHA CHIEF DOUG PARKER

“Parece haber una conexión muy directa entre la aplicación de la ley en el lugar de trabajo y el hecho de poder detener la propagación en nuestras comunidades”, dijo la senadora María Elena Durazo, demócrata de Los Ángeles, en una audiencia legislativa del miércoles sobre la seguridad de los trabajadores durante la pandemia.

La investigación de la Facultad de Salud Pública de Harvard respalda la observación de Durazo. Las olas de muertes por COVID-19 han seguido a las olas de quejas sobre la seguridad en el lugar de trabajo en todo el país, según un anteproyecto publicado el miércoles. En los estados del oeste, las quejas se correlacionaron con las muertes 24 días después.

“Las preocupaciones de los trabajadores pueden ser un indicador de los riesgos reales, y la falta de respuesta es una oportunidad perdida de intervenir para mitigar la transmisión de la enfermedad en el lugar de trabajo y, a su vez, en la comunidad en general”, escribieron los autores.

Los californianos que están en medio de brotes en el lugar de trabajo ‒desde trabajadores de plantas empacadoras de carne hasta trabajadores agrícolas traídos de otros países‒ tienden a tener bajos salarios y ser latinos. Muchos son inmigrantes. 

A los jefes de Cal/OSHA y su agencia matriz, el Departamento de Relaciones Industriales, Durazo les preguntó: “Esta es una doble y triple crisis en la comunidad latina. Así que, ¿alguna idea de cómo piensa mejorar la situación aquí?”

El Jefe de Cal/OSHA Doug Parker respondió que Cal/OSHA ha “tratado de enfocar nuestros esfuerzos en las industrias donde hay trabajadores de bajos salarios e inmigrantes”, como la agricultura. 

“Pensamos que el uso de estas inspecciones por carta, si bien no son tan efectivas como una inspección en persona, nos van a permitir hacer un diagnóstico y luego llegar a la mayor cantidad de trabajadores que podamos”, dijo Parker. “Creemos que nuestro enfoque es el correcto y ha tenido un impacto significativo”.

La elección del triaje

Durante épocas normales, Cal/OSHA tiene dos maneras de hacer un seguimiento de las quejas en el lugar de trabajo. 

Las quejas anónimas, a menos que sean muy graves, generalmente desencadenan una investigación por carta. Cal/OSHA envía una investigación al empleador. Dependiendo de la gravedad de la queja, el empleador tiene entre tres y 14 días para demostrar que las condiciones peligrosas fueron corregidas o no existen. Los empleadores deben publicar la carta de investigación y su respuesta en un lugar público en el trabajo. Si Cal/OSHA no está satisfecha con la respuesta, puede inspeccionar en persona. De lo contrario, el caso se cierra.

Las quejas que alegan un peligro severo o que fueron presentadas por un trabajador nombrado típicamente inician una inspección: una conferencia con el empleador, una solicitud de documentos, una inspección física, entrevistas a los gerentes y empleados, y potencialmente un citatorio. 

Cal/OSHA ya había recibido más de 80 quejas de COVID cuando el gobernador emitió su orden ejecutiva de marzo ordenando a las agencias estatales a priorizar la asistencia para el cumplimiento de la ley sobre la supervición.

El personal de la agencia debe “centrarse principalmente en la prestación de asistencia técnica y apoyo para tener el máximo efecto para hacer frente al riesgo de COVID-19” y “centrar las actividades de aplicación de la ley donde hay denuncias de las violaciones más graves que afectan a la salud y la seguridad”, decía la orden.

Parker dijo que Cal/OSHA ha adoptado una política de responder a todas las quejas de COVID, “excepto en los casos más graves”, con investigaciones por medio de cartas y una oferta de proporcionar asistencia técnica ‒añadiendo “sorprendentemente pocos toman esa opción”. 

La orden de Newsom se entiende, dijo el ex jefe de Cal/OSHA Juliann Sum, dado que la asistencia para el cumplimiento significa “que se puede comunicar con más empleadores”. Pero también hay consecuencias: “Algunos empleadores podrían ser más descuidados sabiendo que no serán inspeccionados, y los trabajadores podrían sentirse desanimados y frustrados”.

Los defensores de los trabajadores dicen que las inspecciones en el lugar de trabajo tienden a crear un cambio significativo. Sin una inspección, Cal/OSHA no puede citar a un empleador por una trasgresión a la salud y la seguridad.

“Ese es precisamente lo que está sucediendo ahora”, dijo Eric Frumin, director de seguridad y salud de Change to Win, una coalición nacional de trabajadores.

Parker dijo que en la industria agrícola, la agencia ha llevado a cabo más inspecciones específicas que las quejas recibidas, una señal del nivel de temor entre los trabajadores agrícolas que temen perder sus empleos si se quejan de condiciones inseguras.

La agencia también se ha centrado en la divulgación masiva y en la educación de los empleadores y trabajadores sobre la inaplicable guía específica de la industria de Cal/OSHA sobre la seguridad de COVID en el lugar de trabajo, dijo Parker. Señaló que California tiene una tasa de inspección más alta que la del gobierno federal. 

Con poco personal y agobiados

La Cal/OSHA ha tenido por mucho tiempo poco personal, un problema que sólo se agravó durante la pandemia. En junio, cerca del 21% de los puestos de inspector de campo de Cal/OSHA estaban vacantes.

La directora de Relaciones Industriales Katie Hagan dijo a los senadores el miércoles que el departamento ha tratado de cerrar la brecha mediante la atracción de ingenieros de seguridad jubilados, el préstamo de personal de otras agencias, y el objetivo de contratar 65 inspectores más para finales de año.

Sólo se inspeccionan las quejas de “alta publicidad o alto perfil”.

EMPLEADO DE CAL/OSHA

La agencia en cuestión está agobiada con el trabajo de COVID, dijo un empleado de Cal/OSHA a quien CalMatters acordó no nombrar por temor a represalias. Muchos inspectores están “asustados como otras personas de estar expuestos en el trabajo”, explicó el empleado, relatando que durante el verano sólo 50 a 60 de casi 200 inspectores se ofrecieron para hacer inspecciones de campo. 

El resultado, dijo el empleado: Sólo se inspeccionan las quejas de “alta publicidad o alto perfil”.

En septiembre, la agencia anunció sus primeras citaciones de dos docenas de empleadores que no protegieron a los trabajadores al comienzo de la pandemia. Son casi tantos empleadores como los que la OSHA federal ha citado en todo el país. 

Los empleadores citados abarcan empresas de empacado de carne, agricultura, venta al por menor, cuidados de salud e instalaciones de cuidados de salud para ancianos, e incluyen nombres conocidos como el del supermercado Ralphs, así como empleadores menos conocidos como Overhill Farms, que fue multado con alrededor de $200,000.

Bastante decepcionante

En la región de Cal/OSHA que abarca el Condado de Orange, San Diego y el Valle Imperial, al menos ocho miembros del personal de vigilancia se han ido desde el comienzo de la pandemia, según un análisis de los cuadros de personal. Eso deja un tercio de los puestos vacantes, incluyendo el gerente regional y tres de los cuatro gerentes de distrito. 

Ahí es donde Alice Berliner y Zenaida Pérez Fuentes de la Coalición del Sur de California para la Seguridad y la Salud Ocupacional ayudaron a varios camioneros a presentar una queja a mediados de julio alegando condiciones inseguras de COVID en una planta de procesamiento de cemento en el condado de San Bernardino.

Los camiones no se limpiaban entre los usos, no se notificaba a los empleados cuando sus compañeros de trabajo se enfermaban con el virus, y a los que planteaban preocupaciones se les decía que “si no querían trabajar allí, podían irse”, dijo Berliner. CalMatters acordó no nombrar a la empresa por temor a represalias.

De acuerdo con los registros federales de la queja, un agente de Cal/OSHA señaló que los trabajadores reportaron un “fracaso del empleador para actualizar el Programa de prevención de lesiones y enfermedades para integrar la orientación de Cal/Osha con respecto a Covid-19”. Además, los trabajadores alegaron condiciones de trabajo peligrosas relacionadas con la seguridad de los camiones y la exposición a la sílice, un conocido carcinógeno.

Las investigaciones por medio de cartas “no son suficientes para presionar a los empleadores a hacer lo correcto, porque no resulta en un citatorio real”.

Las investigaciones por medio de cartas “no son suficientes para presionar a los empleadores a hacer lo correcto, porque no resulta en un citatorio real”.

ALICE BERLINER, COORDINADORA DE LA COALICIÓN DEL SUR DE CALIFORNIA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

Berliner señala que la denuncia incluía fotos y mensajes de texto, porque los trabajadores pensaban que cuantas más pruebas aportasen, más probabilidades tendrían de conseguir una inspección in situ y un cambio real. 

En cambio, los registros muestran que Cal/OSHA hizo una investigación mediante una carta y luego cerró la denuncia.

Es “bastante decepcionante”, dijo Berliner. Las investigaciones por medio de cartas “no son suficientes para presionar a los empleadores a hacer lo correcto, porque no resulta en un citatorio real”.

Este artículo se actualizó para corregir el mes en que Cal/OSHA comenzó a emitir citaciones relacionadas con COVID.

Este artículo es parte de The California Divide, una colaboración entre las salas de redacción que examina la desigualdad de ingresos y la supervivencia económica en California.

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