EN RESUMEN:
Los inmigrantes detenidos trabajan por un dólar al día en el centro de Geo Group en el Valle de San Joaquín. La empresa llegó a un acuerdo con el estado tras una denuncia por las condiciones en el interior del centro.
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La empresa privada de detención de inmigrantes GEO Group ha llegado a un acuerdo en un caso histórico sobre las condiciones en uno de sus centros de detención en el Valle Central. La empresa acordó pagar más de 100,000 dólares por las acusaciones de que no garantizó la seguridad de los inmigrantes detenidos mientras trabajaban dentro de las instalaciones.
El acuerdo, firmado en mayo y anunciado el martes, representa una victoria para los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes que han presionado a los legisladores de California para que intenten regular las condiciones dentro de los centros de detención privados operados por el gobierno federal.
Actualmente, ocho de estos centros operan en todo el estado y el número de inmigrantes detenidos se ha disparado durante la segunda presidencia de Trump.
Durante la pandemia, los legisladores aprobaron una medida que permitía a los inspectores estatales acceder a las instalaciones. En 2022, tras recibir quejas de activistas y de inmigrantes detenidos en el centro Golden State Annex en McFarland, los inspectores estatales de seguridad laboral de Cal/OSHA abrieron un caso en el centro y sancionaron a GEO Group por infracciones laborales, alegando que la empresa no impidió la propagación de la COVID-19 entre los detenidos que trabajan allí ni garantizó otras medidas de seguridad.
Es la primera vez que se tiene constancia de que el estado ha tratado a los inmigrantes detenidos como trabajadores y a los operadores de sus centros de detención como empleadores sujetos a las leyes laborales estatales.
Los inmigrantes detenidos por ICE son arrestados por infracciones civiles, no por delitos. Sin embargo, en los centros de detención, donde pueden participar en un programa de trabajo voluntario limpiando las instalaciones, preparando comida o cortando el pelo a otros detenidos, solo reciben un dólar al día. A menudo, participan para poder comprar comida en los economatos de los centros o llamar a sus familias.
Como parte del acuerdo entre GEO Group y Cal/OSHA, la empresa se comprometió a mejorar sus planes de control de enfermedades para los detenidos y dejó de impugnar una resolución de los reguladores estatales del año pasado que establecía que la empresa estaba sujeta a las leyes laborales estatales. El estado retirará las citaciones. Ni GEO Group ni la agencia estatal respondieron a las solicitudes de comentarios.
Los operadores de centros de detención y los funcionarios federales de inmigración han continuado enfrentándose a los reguladores estatales y locales por las condiciones. El mes pasado, un juez federal falló a favor de los funcionarios de salud del condado de San Diego y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional y a su contratista CoreCivic que permitieran el acceso de un inspector del condado al Centro de Detención de Otay Mesa, con capacidad para 1400 personas, cerca de la frontera con México. Según informó CalMatters, la semana pasada dicha empresa vendió el centro y otro en el condado de Kern al gobierno federal.
Y en medio de varias demandas federales que cuestionan la práctica de pagar solo 1 dólar al día por el trabajo de los detenidos, GEO Group logró el mes pasado que ICE actualizara sus estándares para los contratistas de detención, según informó el Washington Post . Los nuevos estándares establecen que los detenidos “no tienen derecho a salarios ni beneficios según las leyes laborales o regulaciones salariales aplicables”.
