In summary
Algunos de los contratos ascendieron a 500 millones de dólares. En unos pocos casos, registros públicos de fácil acceso y búsquedas en Google deberían haber hecho sonar posibles señales de alarma.
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Proveedores de equipo médico cuyas instalaciones fueron allanadas por el FBI. Ejecutivos empresariales multados por hacer declaraciones falsas o engañosas en los informes financieros. Corporaciones multadas por fraude a Medicaid. Al menos dos compañías con menos de una semana de funcionamiento.
Estas se encuentran entre los cientos de proveedores que el estado de California ha contratado, o con los que casi hizo negocios, mientras los funcionarios del gobierno se apresuraban a prepararse para enfrentar la pandemia del coronavirus.
Aunque los procedimientos habituales de licitación e investigación de antecedentes se han suspendido durante el estado de emergencia, California ha firmado contratos sin licitación por un valor aproximado de 3,000 millones de dólares para cubrir el costo de mascarillas, respiradores, trabajadores de centros de llamadas y otros suministros y servicios destinados a responder a la crisis sanitaria, según muestra la base de datos de adquisiciones del estado. Algunos de los proveedores son empresas establecidas con las que el estado lleva ya mucho tiempo haciendo negocios, pero otros se crearon recientemente y se abrieron paso en medio de la caótica búsqueda de suministros médicos. Este caos nacional comenzó en marzo cuando el presidente Donald Trump comunicó a los gobernadores que sus estados debían conseguir por su cuenta el equipo necesario para enfrentar la pandemia.
Algunos de los contratos ascendieron a 500 millones de dólares. En unos pocos casos, registros públicos de fácil acceso y búsquedas en Google deberían haber hecho sonar posibles señales de alarma.
“Desafortunadamente se creó un gran apuro” para conseguir equipos en todo el mundo, señaló Francesco Decarolis, economista de la Universidad Bocconi de Milán, Italia, y exprofesor adjunto de la Universidad de Stanford con experiencia en políticas de adquisiciones en Estados Unidos.
“Existía el temor de no hacer las cosas a tiempo; en situaciones de emergencia se pasan por alto los procedimientos habituales, y es muy difícil asegurar que las cosas funcionen sin contratiempos. Esto es un llamado a prestar atención”.
El gobernador Gavin Newsom dijo que el estado no ha perdido ni un centavo, aunque una serie de acuerdos que fracasaron o se estancaron han retrasado la iniciativa de California de obtener un enorme volumen de mascarillas N95. En una ocasión, el estado recuperó rápidamente su dinero luego de que unos banqueros levantaran sospechas sobre una transferencia electrónica de 456.9 millones de dólares a una empresa llamada Blue Flame, para un pago inicial previsto para adquirir 100 millones de mascarillas N95, según informó CalMatters en primicia. El pago y la rápida devolución se detallaron en los registros obtenidos de la Oficina del Tesorero del Estado.
Un trato posterior para comprar mascarillas N95 a una compañía llamada BYD se retrasó porque los funcionarios federales de salud no certificaron inicialmente las mascarillas. Después de que la compañía incumplió dos plazos para obtener la certificación, el estado prorrogó el contrato de nuevo la semana pasada. La agencia federal de seguridad laboral certificó las mascarillas el lunes, anunció Newsom, agregando que la compañía comenzaría a enviar la primera tanda de 150 millones de mascarillas N95 a California a finales de esta semana. BYD ya ha devuelto la mitad del pago inicial de 495 millones de dólares después de haber incumplido un plazo de certificación anterior.
Cuando le preguntaron la semana pasada sobre los retrasos en la transacción con BYD, Newsom respondió: “Según el contrato, pagamos por lo que recibimos. No pagamos por algo que no hayamos recibido”.
El personal de Newsom se negó a responder a una pregunta de CalMatters sobre si el gobernador estaba personalmente involucrado en la aprobación de algún contrato relacionado con la pandemia.
Muchos de los contratos estatales de suministros relativos a la pandemia pasaron por manos del Departamento de Servicios Generales, ente conocido como el administrador de negocios del estado. La portavoz del Departamento, Mónica Hassan, declaró en un correo electrónico que no se realiza ninguna compra sin la aprobación del director de compras del Departamento. Y los pedidos “de alto valor” los revisan y analizan otros funcionarios ejecutivos de dicho Departamento, afirmó.
Desde que comenzó la pandemia, los funcionarios del gobierno de California han distribuido 46 millones de mascarillas N95 y 104 millones de mascarillas quirúrgicas, según datos del estado.
Mark Ghilarducci, director de los servicios de emergencia de Newsom, ha dicho que el estado mejoró su proceso de verificación después de que el contrato con Blue Flame se desplomara, y que ahora la policía interviene en la evaluación de los posibles proveedores.
En un estudio de las órdenes de compra y los contratos sin licitación que el estado firmó para los suministros y servicios relacionados con el coronavirus, cada uno con un valor de al menos 10 millones de dólares, se presenta a California haciendo negocios, o al borde de hacerlos, con un puñado de proveedores que han tenido problemas con la justicia o que simplemente no han sido evaluados.
Una empresa llamada MedSupply America, por ejemplo, indica una dirección en Arizona en su sitio web, pero presentó las actas de incorporación en Wyoming el 14 de abril. El mismo día, consiguió un contrato de 10.6 millones de dólares con el estado de California. El estado acordó comprar 3 millones de mascarillas médicas N95 a MedSupply, de acuerdo con su contrato, y la compañía tenía previsto enviarlas todas a finales de abril.
Pero MedSupply America ha tenido dificultades para conseguir las codiciadas mascarillas N95, declaró un portavoz de la compañía. Así que mientras espera entregar al menos algunas de las N95 a finales de este mes, agregó, también está tratando de vender al estado una mascarilla sustituta que está comercializando.
“Venderemos (las N95) conforme las podamos adquirir”, señaló Kenn Lindh, director de marketing de MedSupply America. “De verdad deseamos centrar su atención en nuestras mascarillas porque estas son de 30 días”.
Comercializada bajo la marca “InvisiSmart”, dichas mascarillas se pueden reutilizar por hasta 30 días, indicó Lindh. Durante ese plazo el logotipo “InvisiSmart” se desvanece gradualmente hasta desaparecer por completo, lo que indica que la mascarilla ya no es eficaz. Se trata de una mascarilla con pliegues de estilo quirúrgico cubierta con lo que Lindh describió como una capa antimicrobiana de dióxido de titanio que elimina el coronavirus al contacto.
“Elimina todo lo que se te acerque a la cara. Mata el virus”, afirmó.
Reconoció que California aún no ha accedido a comprar las mascarillas InvisiSmart, aunque está preparando muestras para que las autoridades estatales las evalúen.
Un epidemiólogo que contactó CalMatters instó al estado a ser cauteloso. “Este producto hace algunas afirmaciones preocupantes sin ningún dato o investigación que lo respalde”, afirmó Saskia Popescu, epidemióloga principal de prevención de contagios de la Universidad George Mason, en un mensaje de correo electrónico después de revisar el sitio web y un estudio científico de la compañía.
“Las mascarillas quirúrgicas tienen filtros incorporados para evitar que entren los microbios, por lo que este intento de hacerla resistente a los microbios no tiene sentido”.
Aseguró que un estudio científico de un producto similar (de un recubrimiento de dióxido de titanio rociado en superficies hospitalarias) determinó que este no surtió efecto alguno en la reducción de la proliferación de microbios. El estudio, no relacionado con la COVID-19, fue publicado en 2018 en el Journal of Hospital Infection.
Lindh dijo que la compañía está buscando conseguir la certificación de la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos: “Queremos tener el mejor producto disponible en el mercado”.
MedSupply America no es la primera empresa nueva con la que California ha hecho negocios en su búsqueda de mascarillas. El 26 de marzo, el estado transfirió 456.9 millones de dólares a Blue Flame Medical, una compañía creada tan solo tres días antes por dos personas que trabajan en el ámbito político, según consta en las actas de incorporación de Delaware. El estado se apresuró a recuperar el dinero después de que los banqueros involucrados en la transferencia electrónica alertaron a los funcionarios del estado de que consideraban que la transacción podría ser fraudulenta.
Desde entonces, el Congreso ha anunciado una investigación sobre la compañía y el diario The Washington Post informó que el Departamento de Justicia federal había iniciado una investigación penal centrada al menos en los contratos fallidos de Blue Flame con Maryland y California.
“La escasez generalizada de (equipo de protección personal) está poniendo en riesgo tanto la vida de los trabajadores de la salud como la de los pacientes”, escribieron los líderes del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes en una carta enviada el 18 de mayo a Blue Flame.
“Las graves consecuencias derivadas de la escasez de equipo de protección personal están forzando a los estados y localidades a recurrir a empresas nuevas no evaluadas, con experiencia limitada en el sector de suministros médicos, para que abastezcan este equipo médico de vital importancia”.
Blue Flame aún no ha respondido a la carta, informó un portavoz del comité, y el abogado de la empresa se negó a hacer comentarios para este artículo.
Entre otros contratos de mascarillas de alto valor en California que se desmoronaron se encuentra un contrato de casi 800 millones de dólares con Bear Mountain Development Co., LLC. Dicha empresa, dirigida por el exfiscal general de Alabama, Troy King, no cumplió con su obligación, según informó el Los Angeles Times el mes pasado.
CalMatters ha descubierto otro intento fallido del estado de California de obtener millones de mascarillas N95 de un vendedor sin experiencia en el aprovisionamiento de suministros médicos. Según documentos del estado, una orden de compra de 550 millones de dólares preparada por el Departamento de Servicios Generales de California esbozó un acuerdo con Syrup Ventures, una empresa de financiación comercial. La dirección de la empresa es una casa de 3,500 pies cuadrados en Houston que pertenece a Charles Leaver, quien se describe a sí mismo en LinkedIn como presidente y cofundador de Syrup.
Si la orden de compra de Syrup hubiera sido aprobada, habría sido uno de los mayores contratos del estado relacionados con la COVID-19.
“Nunca firmamos un contrato oficial”, dijo Leaver a CalMatters. “Hubo un acuerdo condicional que se estableció, pero nunca se cumplió y nunca se hizo nada al respecto”.
Syrup canceló el acuerdo con California, dijo un portavoz del Departamento de Servicios Generales, porque el vendedor no pudo entregar la mercancía.
No queda claro si los funcionarios de California sabían que en 2006 Leaver fue condenado a una sanción civil de 30,000 dólares en un tribunal federal de Texas después de que él y otras 12 personas fueran demandadas por la Comisión de Valores y la Bolsa (SEC) de los Estados Unidos por un supuesto plan de manipulación de acciones. La SEC había acusado a Leaver de hacer declaraciones falsas o engañosas en los informes financieros de una empresa de software que él dirigió en algún momento. Los documentos de los tribunales federales muestran que Leaver no admitió ni negó las imputaciones contenidas en la demanda de la SEC.
“Nunca se presentaron cargos”, declaró Leaver. “Puedo ser miembro de una junta directiva. Y puedo ser CEO de una empresa pública”.
La búsqueda de mascarillas no fue lo único que atrajo a algunos actores inusuales al sistema de contratación del gobierno de California. El estado acordó en abril comprar 139 millones de dólares en respiradores y equipos relacionados de Ashli Healthcare Inc., una empresa de suministros médicos que el FBI había allanado en 2013.
Ni Ashli ni su propietario, Heriberto Díaz de Bakersfield, fueron acusados de ningún delito ni se les impuso sanción alguna. En enero de 2018, desclasificaron repentinamente la declaración jurada de la orden de allanamiento en el Distrito Este de California. El documento de 111 páginas firmado por la entonces agente especial del FBI, Sharron M. Cannella, citaba una causa probable para sospechar de fraude a Medicare, aduciendo que la empresa “exhibió un aumento significativo en la facturación de 2010 a 2012” que incluía la facturación correspondiente a más de 125 pacientes que ya habían fallecido. La facturación de Ashli a Medicare aumentó más del 500 por ciento durante ese periodo de dos años, según las cifras de la declaración jurada.
En la declaración jurada de la agente del FBI se alegaba un esquema entre Ashli y varios médicos que recetaban equipos como respiradores, sillas de ruedas eléctricas y camas de hospital que los pacientes no necesitaban ni utilizaban.
“Si bien es posible que Ashli haya efectuado una pequeña cantidad de negocios legítimos, dado lo que parece ser un alto volumen de facturaciones fraudulentas por parte de esa empresa, no se pueden distinguir los registros fraudulentos de los que no lo son antes de efectuar un allanamiento”, dice la declaración jurada.
Díaz no devolvió las llamadas de CalMatters para hacer comentarios. En 2013, emitió una declaración diciendo que confiaba en que la investigación federal “reafirmaría nuestras prácticas comerciales éticas en curso”.
En el Distrito Este, con sede en Sacramento, la Fiscalía se negó a proseguir. La “investigación se ha cerrado desde entonces y no ha dado lugar a ninguna acusación”, escribió el Asistente del Fiscal de los Estados Unidos Grant B. Rabenn el 10 de enero de 2018, mientras solicitaba que el tribunal desclasificara los documentos del caso.
En 2015, dos años después de la redada en las oficinas de Ashli Healthcare en Bakersfield y otras localidades, la agente especial del FBI Cannella fue amonestada en un severo fallo en Texas emitido por el juez de primera instancia Robert F. Castaneda. El caso, no relacionado con Ashli Healthcare, involucró su papel como investigadora principal en un caso de robo de banco en El Paso en 2010. Según el fallo del juez Castaneda, la “distorsión de ciertos hechos en la declaración jurada sobre la causa probable” de Canella provocó el encarcelamiento falso de un sospechoso de robo. Posteriormente, se le adjudicó al sospechoso la suma de 402,000 dólares por concepto de daños y perjuicios. “El juez dictamina que la conducta de la agente especial Cannella pasó de ser negligente a ser intencional o, como mínimo, de mala fe”, escribió el juez Castaneda el 23 de marzo de 2015.
Según su perfil de LinkedIn, la agente especial Cannella dejó el FBI en julio de 2013, unos meses después de la redada de Ashli.
Cannella no respondió a nuestras llamadas y mensajes para hacer comentarios. Un portavoz del FBI en Washington, D.C., se negó a comentar sobre el tiempo que Cannella trabajó de agente o si alguno de sus casos fue desestimado por el fallo del Juez Castaneda.
Díaz explicó a The Sacramento Bee el mes pasado que el estado todavía no le había pagado a Ashli por los respiradores, y que no lo haría hasta que se entregara el equipo.
Hassan, portavoz del Departamento de Servicios Generales (DGS), dijo que el estado no sabía de la redada del FBI a Ashli.
Cuando se le preguntó si el Departamento tiene planes de cambiar sus procedimientos de contratación en casos de emergencia, respondió: “El DGS mejoró su proceso de contratación durante esta respuesta a la emergencia y continuamente reevalúa sus procesos para asegurar que el estado obtenga los mejores productos al mejor precio”.
Una compañía que ha estado haciendo negocios con el estado durante muchos años obtuvo un contrato adicional de 15.5 millones de dólares relativo a servicios de respuesta a las llamadas de los californianos sobre la COVID-19. Maximus, una empresa con sede en Virginia que dirige centros de llamadas en todo el país para ayudar a la gente a solicitar prestaciones del gobierno, ha firmado docenas de contratos con California que se remontan a 2007, según la base de datos de adquisiciones del estado.
Ese año, dicha empresa pagó 30.5 millones de dólares y admitió su responsabilidad en la resolución de una investigación federal por fraude a Medicaid, tras ser acusada de facturar al gobierno por más servicios de los que realmente proporcionó. La empresa ha enfrentado otros desafíos judiciales a lo largo de los años: En 2010, Maximus pagó 2.5 millones de dólares para finiquitar una demanda del estado de Connecticut relacionada con un contrato para renovar su sistema informático de justicia penal. La empresa negó haber incumplido el contrato y culpó del problema a un subcontratista. En 2017, pagó 1.5 millones de dólares para satisfacer una demanda de los supervisores de sus centros de llamadas de Idaho y Texas, quienes alegaron que se habían producido varias violaciones laborales, entre ellas que la empresa no pagó las horas de trabajo extra. Maximus no estuvo de acuerdo con las acusaciones, pero indicó en los documentos del tribunal que decidió finiquitar el caso con el fin de “evitar más gastos y riesgos asociados a un litigio prolongado”.
Más recientemente, NBC News y el periódico estadounidense Hattiesburg informaron que los trabajadores de un centro de llamadas de Maximus en Mississippi se han quejado de que la empresa ha incumplido las directrices de distanciamiento social para frenar la propagación del coronavirus —a pesar de que sus empleados estaban encargados de asesorar a las personas que llamaban sobre la importancia del distanciamiento social— y que la empresa se ha retrasado en el suministro de mascarillas a sus empleados y en permitirles trabajar desde casa. Los empleados de Maximus han llamado la atención hacia estos temas como parte de un esfuerzo más amplio de unirse al sindicato Communications Workers of America, como se detalla en el sitio web de dicha organización.
Sin embargo, el contrato de la empresa con California implica “un modelo de trabajo totalmente desde casa, para proteger a nuestro personal y ayudar a emplear a los residentes que hayan sufrido la pérdida de su trabajo durante la crisis”, explicó el CEO de Maximus, Bruce Caswell, en una llamada trimestral sobre ganancias el mes pasado.
La auditora del estado de California, Elaine Howle, señaló que hubo problemas con la aplicación de contratos sin licitación en una auditoría realizada en 2017. Aunque el informe no examinaba específicamente la contratación durante las emergencias, determinó que durante un período de cinco años, los departamentos clave “no proporcionaron una supervisión adecuada de los miles de millones de dólares que los organismos adjudicaron mediante contratos no competitivos”.
Siempre que sea posible se debe recurrir a la licitación pública, según la auditoría, porque sus procesos están diseñados para “eliminar favoritismos, fraudes y corrupción”. La auditoría recomendó que la Legislatura Estatal exigiera a los organismos estatales que presentaran un informe anual en el que se detallaran todos los contratos no competitivos que aprobaran por valor de por lo menos 1 millón de dólares.
“Además, la Legislatura podría exigir a los organismos que justifiquen públicamente sus solicitudes no competitivas en las audiencias legislativas cuando lo considere oportuno”, recomienda la auditoría.
Un proyecto de ley de 2018 que habría impuesto la obligación de informar anualmente sobre los contratos no competitivos fue rechazado por los legisladores antes de que pudiera ser sometido a votación en el pleno de la Asamblea.
La reportera de CalMatters Rachel Becker contribuyó a este artículo.
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