In summary
Los residentes de los hogares para personas mayores en California, que ya son vulnerables al abuso y al abandono, ahora se enfrentan a los estragos del coronavirus con menos atención a su seguridad general.
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Mucho antes de que el coronavirus comenzara a enfermar a los residentes y al personal del Centro de Salud de Kingston, los funcionarios estatales y federales sabían que el hogar de personas mayores de Bakersfield tenía serios problemas.
Durante múltiples visitas el año pasado, los inspectores estatales identificaron 85 infracciones en el hogar, incluyendo la falta de atención dental a un residente con dientes podridos, permitiendo que se produzcan llagas por presión en otro residente y sirviendo perritos calientes enteros a un residente en riesgo de asfixia, según un informe de inspección publicado en Nursing Home Compare, el sitio web para consumidores de Medicare.
El pasado mes de agosto, la falta de precauciones adecuadas provocó la muerte de un hombre de 79 años, que se cayó y se golpeó la cabeza con tanta fuerza que su compañero de habitación dijo que “la cabeza le rebotó”, según afirma otro informe de inspección. El Departamento de Salud Pública de California multó al centro con más de 100,000 dólares; el hogar de ancianos presentó una apelación.
Los organismos de control etiquetaron a Kingston como “centro de atención especial” durante un año y medio, una etiqueta que el gobierno federal reserva sólo para las residencias de personas mayores más problemáticas, que se enfrentan a la posibilidad de ser clausuradas por la fuerza. Aun así, cuando llegó la pandemia, se intensificaron los problemas de Kingston.
Para esta semana, 52 trabajadores de la salud de Kingston y 112 residentes del centro de 184 camas habían dado positivo a COVID-19, según un rastreador en el sitio web del centro. Los datos del estado al 11 de junio muestran que 18 residentes de Kingston han muerto a causa del virus, lo que representa más de un tercio de todas las muertes relacionadas con el virus en el condado de Kern.
Se estima que más del 40% de las muertes relacionadas con COVID-19 en California provienen de hogares para personas mayores y centros de rehabilitación. Si bien las instalaciones de alta calificación también pueden experimentar brotes, muchos hogares con antecedentes de atención deficiente están funcionando ahora con una supervisión significativamente menor.
El 23 de marzo, justo cuando los brotes comenzaron a devastar los hogares de ancianos y centros de rehabilitación de toda California, el gobierno federal ordenó a los inspectores estatales que detuvieran las inspecciones anuales exhaustivas para reducir al mínimo la propagación del virus y se centraran en los puntos problemáticos y en el control de la infección. A los defensores de los cuidados a largo plazo, que normalmente presentan quejas y defienden las necesidades de los residentes de los asilos, se les dijo que ya no ingresaran a ninguno de los centros a partir del 16 de marzo. Con limitadas excepciones, los familiares, que proporcionan apoyo emocional y físico junto con un cuidadoso escrutinio, tampoco tienen acceso a las instalaciones desde hace más tiempo.
Esto deja a una población que ya es extremadamente vulnerable a los abusos y al abandono, así como a los estragos del coronavirus, efectivamente aislada de las personas encargadas de protegerlos, señalan los defensores.
De acuerdo con un análisis de CalMatters de los datos del estado, 73 de los 1,224 hogares de personas mayores del estado han tenido más de 10 muertes debido a COVID-19, hasta el 11 de junio. En conjunto, ese pequeño grupo representa más del 55% del total de muertes en hogares de personas mayores del estado.
“No puedo pensar en ningún otro momento como éste, en el que falten todas las capas de supervisión”, dijo Tony Chicotel, abogado de la organización sin fines de lucro California Advocates for Nursing Home Reform. “Imagino que se está produciendo una terrible negligencia que perjudica a las personas a niveles similares a los del virus, pero no lo sabemos. Y no saber es muy frustrante”.
Chicotel y otros defensores dicen que están especialmente preocupados por las instalaciones que ya tenían dificultades en el control de infecciones, la escasez de personal y otros problemas antes de la pandemia. Muchos de estos establecimientos, incluido Kingston, expresaron al Estado que utilizarán una exención estatal para eximirlos de los requisitos de personal, según el Departamento de Salud Pública de California.
Antes de la crisis de salud y la pausa en las inspecciones de rutina, el departamento inspeccionaba todos los centros de enfermería especializada aproximadamente una vez al año para hacer cumplir las regulaciones estatales y federales, y para hacer un seguimiento de las quejas según fuera necesario. Los equipos de inspección examinan todo en un hogar para personas mayores o centro de rehabilitación, desde la nutrición hasta la limpieza y la seguridad.
El departamento explica que ha seguido enviando inspectores a los centros para supervisar el control de infecciones y evaluar las quejas de “peligro inmediato”, es decir, los incidentes más graves que podrían dañar o incluso matar a un residente.
Según datos recientemente publicados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, los inspectores estatales han visitado casi el 95% de los hogares de adultos mayores y centros de rehabilitación de California desde el 1 de marzo, en comparación con el promedio nacional del 54% de los hogares.
Sin embargo, Chicotel explica que esas visitas no requieren el mismo nivel de atención que las inspecciones de rutina de las encuestas, en las que dijo que de tres a cinco inspectores suelen pasar unos días hablando con residentes y familiares, entrevistando y observando al personal, e inspeccionando la cocina y las instalaciones.
Por el contrario, añadió, las visitas de control de infecciones se centran en el lavado de manos, el equipo de protección personal y el aislamiento de los residentes infectados. También dijo que los inspectores no han estado citando rutinariamente infracciones o tomando medidas de cumplimiento durante estas visitas.
En un informe publicado esta semana, su organización dijo que las recientes encuestas de control de infecciones del estado no han llevado a un control significativo de cumplimiento de la ley. En un ejemplo que citó, los inspectores estatales no encontraron deficiencias en el Magnolia Rehabilitation & Nursing Center de Riverside el 7 de abril; al día siguiente, los funcionarios de salud del condado evacuaron las instalaciones debido a un gran brote y a una crisis de personal. En el caso del Kingston Healthcare Center, los inspectores estatales entraron en la instalación el 13 de abril y la encontraron en conformidad con las normas de control de infecciones. En pocas semanas, se infectaron docenas de personas.
Charlene Harrington, una profesora emérita de la universidad de UC San Francisco que estudia los centros de enfermería especializada, dijo que el no hacer supervisiones a fondo ‒y el no tener a los familiares o defensores dentro de las instalaciones durante meses‒ probablemente ha costado muchas vidas.
“Tenemos tantas muertes que probablemente podrían haberse evitado”, señaló. Le preocupa especialmente que las cadenas de residencias de ancianos con antecedentes deficientes puedan haber visto deteriorada la calidad de su atención con esta reducción de la supervisión.
Los representantes del Departamento de Salud Pública de California (CPDH) escribieron recientemente en un correo electrónico a CalMatters que “el personal de CPDH ha estado en centros de enfermería especializada con mayor frecuencia durante la pandemia que durante la supervisión regular de rutina previa a la pandemia”.
En mayo, el departamento envió una carta a todas las residencias de adultos mayores y centros de rehabilitación requiriendo que presentaran planes específicos dentro de 21 días sobre cómo evitar la propagación de COVID-19. En la carta se decía que los inspectores visitarán todas los centros cada seis u ocho semanas para evaluar el grado de aplicación de estos planes y para identificar cualquier práctica que pudiera poner en peligro a los pacientes. Los representantes del departamento explicaron en un correo electrónico que comenzarán estas inspecciones este mes y el próximo.
La semana pasada, el estado suspendió la licencia de Golden Cross Health Care en Pasadena, evacuando a más de 60 residentes debido a “continuas y serias preocupaciones sobre la calidad de la atención”, algunas relacionadas con COVID, informó Los Angeles Times.
Deborah Pacyna, portavoz de la Asociación de Centros de Salud de California, un grupo comercial de la industria, dijo que los hogares para personas mayores y centros de rehabilitación están recibiendo mucha atención de los familiares y los medios de comunicación. Agregó, ningún centro de enfermería especializada quiere que se le conozca por tener malos resultados para los residentes.
“Están bajo más escrutinio que nunca”, dijo.
Un historial problemático
El Kingston Healthcare Center, con instalaciones amplias en una calle arbolada a pocas cuadras de la autopista I-99, es uno de los al menos 73 hogares de ancianos y centros de rehabilitación de California que han registrado más de diez muertes directamente relacionadas con la pandemia, según un análisis de los datos del estado elaborado por CalMatters.
Kingston Healthcare viene batallando desde hace años. Es uno de los seis únicos centros federales de atención especial en California; estos hogares se enfrentan a la pérdida de los fondos fundamentales de Medicare y Medi-Cal si no solucionan sus graves problemas. Otro centro de atención especial, el Alexandria Care Center en Los Ángeles, lleva 22 muertes debido a COVID-19 hasta el 11 de junio, según datos del estado.
Kingston estuvo anteriormente en la lista del gobierno ‒pasó 15 meses como una instalación de enfoque especial a partir de 2012, cuando estaba bajo un propietario diferente y se llamaba Parkview Healthcare Center, según el Internet Archive. Desde al menos mayo de 2017, el hogar de ancianos es propiedad del Dr. David Silver, reumatólogo de Beverly Hills, según el Departamento de Salud Pública de California. (El gobierno federal rastrea su propiedad del centro hasta diciembre de 2015, según muestra el sitio web de Medicare.)
Silver también es director ejecutivo de Rockport Healthcare Services, que supervisa los hogares para personas mayores de Shlomo Rechnitz de Los Ángeles, propietario de Brius Healthcare Services y uno de los mayores propietarios de hogares para adultos mayores del estado. Silver dijo a Kaiser Health News en 2017 que había reemplazado a la gerencia y al personal del centro de Bakersfield que se resistían a un nuevo enfoque ‒”No estábamos contentos con el nivel de atención al paciente”, según se citó.
Aun así, los problemas persistieron. En 2019, el estado recibió 129 quejas e incidentes reportados sobre Kingston, comparado con un promedio de 40 para otros centros, según el Departamento de Salud Pública de California. El estado registró 85 deficiencias en la encuesta ‒o problemas que pueden perjudicar a los residentes‒ en Kingston el año pasado, en comparación con un promedio de 26 en otros hogares. La muerte del hombre de 79 años por una caída resultó en una insólita infracción de AA, la violación más grave para los hogares para personas mayores de California.
Silver y Kingston Healthcare no respondieron a las múltiples solicitudes de comentarios para este reportaje.
Ucedrah Osby de Bakersfield inicialmente pensó que su tío, Clyde Cooper, parecía relativamente feliz en Kingston. Ella lo visitaba ocasionalmente, lo encontraba en un patio fumando cigarrillos con otros residentes. Parecía orgulloso de presentarla a sus amigos.
“Todo el mundo era muy amable y parecía que eran atentos”, dijo.
Cooper, de 76 años, trabajó como chef en un restaurante, entre otros trabajos, antes de quedar discapacitado, explicó Osby. Después de sufrir un derrame cerebral, entraba y salía de Kingston. Sus pasiones eran “los cigarrillos, la Pepsi y el Señor”.
Osby contó que se dio cuenta de que algo andaba mal en Kingston a principios del mes pasado, cuando vio en las noticias las imágenes de las ambulancias saliendo de las instalaciones. Llamó y dejó mensajes, pero nadie le devolvió las llamadas, explicó. Después de una semana finalmente se comunicó con alguien quien le dijo que su tío había sido trasladado a un hospital una semana antes, el miembro del personal no sabía a cuál hospital, señaló Osby. Después de llamar a varias agencias estatales y locales, Osby finalmente tuvo noticias de un gestor de casos del hospital Bakersfield Heart Hospital que confirmó que su tío tenía COVID-19. Agregó que unas horas después de eso, la llamó un doctor.
“Su tío está muy mal”, le dijo el médico. “Está con un respirador. Necesito que la familia tome una decisión hoy”.
“Dije, ‘Espera un minuto. Acabo de descubrir dónde estaba, ¿y ahora me dices que lo desenchufe?”
“Si fuera mi padre”, dijo el doctor, “lo enviaría al Señor”.
Cooper murió más tarde esa noche.
Matt Constantine, director de Servicios de Salud Pública del condado de Kern, explicó que como su departamento no tiene autoridad reguladora sobre los centros de enfermería especializada, sólo empezó a prestar atención a Kingston después de que el centro informara al condado que el personal no se estaba presentando a los turnos. Constantine señaló que su departamento trabajaba para encontrar técnicos médicos de emergencia, paramédicos y otros trabajadores de la salud que pudieran enviar al centro, así como para proporcionar equipo de protección personal y capacitación. El condado finalmente pidió ayuda al estado, y el Departamento de Salud Pública envió el mes pasado un equipo de asistencia médica compuesto por unos 35 miembros del personal, dijo Constantine.
Para entonces, las infecciones ya estaban propagándose por Kingston. Constantine agregó que cree que la intervención debería haber ocurrido antes.
“Claramente, cuando tienes residentes que están muriendo, es un fuerte indicio de que hay motivos de preocupación”, dijo. “Necesitamos hacer más. Esto debería ser una llamada de atención”.
Un control de infecciones deficiente
El gobierno federal creó un sistema de clasificación de los hogares para personas mayores y centros de rehabilitación de una a cinco estrellas, clasificando los hogares desde “muy por debajo del promedio” hasta “muy por encima del promedio”.
Esas clasificaciones por sí solas no necesariamente predicen los brotes. El centro Life Care Center en el área de Seattle, donde un brote ampliamente documentado de COVID-19 mató a más de 40 personas, tenía una clasificación de cinco estrellas de Medicare. Desde entonces ha sido acusado de violar los estándares federales de control de infecciones y se enfrenta a una multa de más de $600,000, según The Washington Post, citando una carta de abril de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.
Sin embargo, las clasificaciones erróneas han ayudado a señalar qué instalaciones podrían verse en dificultades durante la pandemia. El análisis de CalMatters encontró que cerca de la mitad de los 73 hogares con más de 10 muertes por COVID-19 recibieron una clasificación general de “por debajo del promedio” o “muy por debajo del promedio” de Medicare. En todo el estado, alrededor del 30% de los hogares tienen esas clasificaciones más bajas.
Los cinco centros con más muertes hasta ahora tienen todas clasificaciones de una o dos estrellas, las categorías más bajas. El Centro de Salud de Redwood Springs, un hogar en Visalia con una clasificación de 1 estrella ha reportado el mayor número de muertes con 29; 121 residentes han dado positivo, según los datos del estado.
Redwood Springs es administrada por Plum Healthcare Group, una gran cadena de hogares para personas mayores con sede en San Marcos. El portavoz de Plum, David Oates, dijo en una declaración por correo electrónico que la seguridad y el bienestar de los pacientes y el personal “son nuestras mayores prioridades durante esta emergencia nacional”.
Añadió que las instalaciones de Plum han sido “meticulosas y rápidas” en la adopción de las prácticas y protocolos dirigidos por agencias del condado, estatales y federales. Los administradores de las distintas instalaciones de Plum no saben exactamente cómo comenzaron los brotes, señaló.
“Sin embargo, sabemos que el virus es muy contagioso y podría haber estado en su sistema durante algún tiempo”, dijo Oates.
Los defensores del cuidado de las personas mayores dicen que los problemas que enfrentan los centros para controlar la propagación del virus reflejan años de falta de personal y procedimientos inadecuados para prevenir la propagación de las infecciones. Según un análisis de los datos de Medicare por parte del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, casi el 70% de las residencias para personas mayores de California no tenían ni estaban implementando un programa de control de infecciones en su última inspección antes de la pandemia.
Cedar Mountain Post Acute, un centro de 95 camas en Yucaipa, tuvo 91 residentes que dieron positivo en las pruebas de COVID-19 y 21 muertes de residentes, hasta el 11 de junio, según muestran los datos del estado. Cedar Mountain, que tiene una calificación de tres estrellas de Medicare, o “promedio”, ha tenido múltiples problemas documentados con el control de infecciones en los últimos años, según los informes de inspección publicados en Nursing Home Compare.
En julio de 2018, los inspectores estatales descubrieron que la lavadora de dicha instalación estaba descompuesta y que el personal no tenía acceso a sábanas y toallas limpias adecuadas, según el informe de inspección. El centro recibió una multa de $14,875 por poner la salud y la seguridad de los residentes en peligro inmediato. Cinco meses después, Cedar Mountain fue citada nuevamente por fallas en el control de infecciones debido a que el personal no se lavaba las manos entre el suministro de los medicamentos a los diferentes pacientes, según el informe de diciembre de 2018. Y en febrero, en vísperas de la pandemia, el centro fue citado de nuevo por violar los procedimientos de control de infecciones después de que el personal no se lavara las manos mientras trataba las heridas de los residentes.
Cedar Mountain no devolvió las llamadas para hacer comentarios.
Pacyna, de la Asociación de Centros de Salud de California, dijo que muchos de los grandes brotes comenzaron antes de que una pauta más reciente ordenara que todos los que estuvieran dentro de los centros usaran mascarillas. Antes de eso, se les dijo a los centros que no usaran mascarillas debido a la necesidad de conservar su suministro. Agregó que el asesoramiento sobre las pruebas también ha ido evolucionando.
“Creo que los centros están haciendo lo mejor que pueden con las instrucciones que se dan y el equipo y las pruebas que están disponibles”, señaló.
Las familias se preocupan por el abandono a puerta cerrada
El coronavirus no es la única amenaza para los residentes de los hogares para personas mayores y centros de rehabilitación. Las caídas, las llagas en la cama, la asfixia, el abuso y la negligencia han sido problemas mucho antes de la pandemia. Los defensores del cuidado a largo plazo y los familiares de toda California dicen que están profundamente preocupados porque esos problemas están empeorando a puerta cerrada, en ausencia de las garantías tradicionales. También les preocupa el impacto psicológico del aislamiento prolongado de los residentes confinados en sus habitaciones a tiempo completo.
“Estoy cada vez más preocupada”, dijo Leza Coleman, directora ejecutiva de la California Long-Term Care Ombudsman Association.
Coleman dijo que los programas locales de protección del consumidor en todo el estado ya están recibiendo más quejas de los hospitales, paramédicos y otros socorristas que señalan un aumento en los malos resultados, más caídas, más deshidratación y más problemas cognitivos.
“Están recibiendo las quejas, pero ¿cómo se investigan las quejas?”, señaló.
Al mismo tiempo, en una audiencia de la Asamblea estatal sobre los hogares para personas mayores la semana pasada, Kim McCoy Wade, directora del Departamento de Asuntos de la Tercera Edad, que incluye la oficina estatal de la Defensoría del Consumidor para la atención a largo plazo, dijo que las llamadas por abuso en los hogares de ancianos se redujeron en un 43 por ciento, una cifra que, según ella, “plantea preguntas y preocupaciones”. Las órdenes de quedarse en casa también condujeron a una drástica disminución de los informes de abuso infantil en los primeros momentos de la pandemia. Los defensores sostienen que tal disminución en las quejas no refleja menos problemas, sino más bien menos supervisión. Los parientes suelen presentar quejas en nombre de los residentes de los hogares para personas mayores, y ahora no están dentro de los centros.
Pacyna, de la Asociación de Centros de Salud de California, dijo que su organización ha establecido un grupo de trabajo para encontrar una manera de ayudar a que las visitas familiares se realicen de manera segura, pero que las autoridades estatales y federales determinarán en última instancia lo que se permite.
Algunos familiares ingresan diariamente a las instalaciones para brindar horas de cuidado y atención a sus seres queridos, cortándoles las uñas, convenciéndolos de que coman, tomándoles la mano. Estar encerrados repentinamente durante meses se ha sentido aterrador. Se preocupan por lo que sucede en su ausencia; también temen represalias si hablan.
Carole Herman, que dirige la Fundación de Ayuda a los Adultos Mayores con sede en Sacramento, dijo que se ha visto inundada de peticiones de ayuda de personas preocupadas por sus seres queridos que están dentro de los hogares y que se deshidratan o presentan llagas.
Uno de los clientes de Herman le contó que ella, su hermana y otros miembros de la familia normalmente pasan de ocho a diez horas al día cuidando a su padre, que está en un hogar para personas mayores en San José con la enfermedad de Alzheimer en su última etapa. Después de que la familia fue excluida de las instalaciones en marzo, ellos regularmente conversan por video con él. Con el tiempo, notaron que parecía estar debilitándose. Resultó que su padre no había estado comiendo ni bebiendo, y estaba severamente deshidratado, ella y Herman dijeron.
“Nuestro sistema no funciona, pero esta situación lo empeora aún más”, señaló el cliente de Herman.
Molly Davies, la defensora del consumidor para cuidados a largo plazo del condado de Los Ángeles, dice que espera que la pandemia obligue a la opinión pública para tener en cuenta los problemas de larga data en la industria.
“Creo que todos debemos asumir la responsabilidad por el cuidado subestándar absoluto que durante décadas hemos permitido en los hogares para personas mayores”, dijo. “Debería darnos vergüenza”.
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