Fiscal General
El fiscal general de California se encarga de aplicar las directrices del gobernador en materia de orden público. La labor del fiscal general abarca casi todos los aspectos de la vida en California, desde el medio ambiente hasta el sector tecnológico y la protección del consumidor. Durante los dos mandatos de Trump, la Fiscalía General lideró demandas de gran repercusión mediática en defensa de las políticas respaldadas por los demócratas de California.
Candidatos
Rob Bonta
Bonta fue nombrado fiscal general en 2021 y fue elegido para un mandato de cuatro años en 2022. Antes de eso, fue asambleísta en representación de partes del Este de la Bahía. Como fiscal general, Bonta dedicó gran parte de su primer mandato a hacer cumplir las leyes de vivienda y justicia penal aprobadas a principios de la década de 2020, incluidas las leyes que obligan a las ciudades recalcitrantes a construir nuevas viviendas. Desde la reelección de Donald Trump, Bonta ha presentado o se ha sumado a más de 50 demandas contra su administración.
Michael E. Gates
Gates, abogado especializado en litigios, ocupó el cargo de fiscal municipal de Huntington Beach durante una década. En ese puesto y cuestionó lo que consideraba una política de justicia penal indulgente procedente de la capital del estado. También se opuso a ciertos aspectos de las nuevas leyes de vivienda que habrían obligado a Huntington Beach a construir más viviendas asequibles. En 2025, Gates fue nombrado fiscal general adjunto en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cargo que dejó en noviembre cuando regresó a la oficina del fiscal municipal de Huntington Beach.
Marjorie Mikels
Mikels es una abogada litigante con una larga trayectoria en el Inland Empire que fue, en dos ocasiones, la primera mujer contratada en bufetes del condado de San Bernardino antes de fundar su propio despacho en 1988. Mikels se retiró y decidió postularse para fiscal general con el fin de oponerse a la campaña de bombardeos de Israel contra civiles en Gaza y a los acuerdos de colaboración público-privada entre los gobiernos y las empresas de Silicon Valley para el desarrollo de tecnología de vigilancia.