Imponer nuevas reglas a las clínicas de diálisis

¿Qué decidieron los votantes?

Esta es la tercera vez desde 2018 que falla una medida similar a la Proposición 29, con 68% votando “no” este año.

¿Qué hubiera hecho?

Esta medida habría requerido que las clínicas de diálisis renal tuvieran al menos un médico, enfermero practicante o asistente médico con seis meses de experiencia relevante disponible en el sitio o, en algunos casos, a través de telesalud. También habría requerido que las clínicas reportaran los datos de infección al estado, así como una lista pública de los médicos que tienen un interés de propiedad de 5% o más en una clínica. La medida también habría prohibido que las clínicas cierren o reduzcan los servicios sin la aprobación del estado y rechacen el tratamiento a las personas según su tipo de seguro. 

¿Por qué estaba en la boleta?

Esta es la tercera vez que un sindicato, Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, persigue a las clínicas de diálisis a través del proceso de votación. El sindicato dice que quiere reformar la industria en auge y aumentar la transparencia, mientras que las empresas de diálisis que gastaron millones para derrotar las dos medidas anteriores dicen que es una estratagema sindical para presionar a las clínicas y organizar a los trabajadores de diálisis. 

Hay alrededor de 650 clínicas de diálisis en todo el estado y alrededor de 80,000 californianos reciben el tratamiento que salva vidas. Los analistas estatales estiman que las clínicas tienen ingresos totales de aproximadamente $3.5 mil millones al año y que dos empresas privadas con fines de lucro, DaVita Inc. y Fresenius Medical Care, poseen u operan las tres cuartas partes de las clínicas.